MIAMI, Estados Unidos ― Naciones Unidas informó este martes que mantiene conversaciones con “varios países” interesados en ayudar a Cuba a conseguir combustible para necesidades humanitarias, pero no identificó a esos gobiernos ni anunció compromisos, cantidades o plazos para posibles entregas.
Las gestiones fueron confirmadas por Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general António Guterres, durante la rueda de prensa diaria del 4 de agosto.
“Hemos estado hablando con varios países interesados en ayudar a Cuba para asegurarnos de que, por razones humanitarias, Cuba tenga el combustible que necesita”, declaró Haq. Al ser preguntado si las gestiones habían obtenido alguna respuesta positiva, el portavoz no anunció acuerdos y se limitó a recordar que, en meses anteriores, el organismo consiguió facilitar la entrada de cantidades limitadas de combustible.
Los contactos se conocieron después de que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufriera una desconexión total la noche del domingo, tras otros tres apagones nacionales registrados durante julio. La red volvió a colapsar el lunes mientras las autoridades intentaban restablecer el servicio, en una recaída que la Unión Eléctrica (UNE) atribuyó a afectaciones meteorológicas sobre las líneas de transmisión y las unidades generadoras que ya se encontraban funcionando.
Aunque el sistema fue nuevamente interconectado, la crisis de generación persistía este miércoles. La UNE informó que el 4 de agosto la interrupción máxima alcanzó 2.411 megavatios (MW) y pronosticó para el horario pico de este miércoles una disponibilidad de apenas 970 MW frente a una demanda de 3.150.
La situación anterior al apagón no era más favorable. En su parte del 2 de agosto, la UNE reportó 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, además de las patanas de Regla y Melones y las centrales de fuel de Mariel y Moa. También permanecían varias unidades termoeléctricas averiadas o en mantenimiento, mientras la afectación prevista para el horario de máxima demanda superaba los 2.000 MW.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, responsabilizó a Washington por las interrupciones. “Las desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son consecuencias directas del genocida bloqueo de EE.UU. contra Cuba, en particular del cerco energético”, escribió en X.
Rodríguez Parrilla sostuvo además que las sanciones obstaculizan la compra de combustible, piezas y equipos, la cooperación con técnicos extranjeros y el acceso a financiamiento internacional.
La presión estadounidense sobre los suministradores quedó formalizada en la Orden ejecutiva 14380, firmada por Donald Trump el 29 de enero y vigente desde el día siguiente. La medida autoriza la posible imposición de aranceles adicionales a los productos de cualquier país que venda o proporcione petróleo a Cuba, aunque no fija automáticamente una tasa: el Departamento de Comercio debe determinar primero si existe el suministro y el secretario de Estado recomendar después si corresponde aplicar el gravamen y en qué cuantía.
La política estadounidense mantiene, no obstante, una vía limitada para determinadas operaciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contempla una política favorable hacia solicitudes específicas para revender a Cuba petróleo de origen venezolano destinado al sector privado y a usos comerciales o humanitarios, siempre que las operaciones no involucren ni beneficien a entidades militares, de inteligencia, gubernamentales o financieras estatales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció en febrero que el reducido tamaño del sector privado cubano no permitiría atender por sí solo la magnitud de la crisis.
Los apagones han obligado a residentes de La Habana a dormir en el Malecón y otros espacios abiertos para escapar del calor, mientras los cortes prolongados dificultan la conservación de alimentos, el bombeo de agua, el transporte y el funcionamiento de los servicios sanitarios. La crisis energética se suma a la escasez de alimentos y medicamentos y al deterioro de una infraestructura eléctrica envejecida.
Las gestiones para conseguir combustible forman parte de la respuesta humanitaria desplegada por Naciones Unidas ante la crisis energética y los daños causados por el huracán Melissa. El organismo presentó el 24 de marzo un plan de acción valorado en 94 millones de dólares, dirigido a asistir a dos millones de personas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha identificado la falta de combustible como uno de los principales obstáculos para transportar ayuda y mantener servicios esenciales de salud, agua, saneamiento y alimentación.
