LIMA, Perú – El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, envió dos ciudadanos cubanos a prisión por la venta ilegal de medicinas “con precios abusivos”.
Según informó el Tribunal Provincial Popular (TPP) en redes sociales, la autoridad realizó juicio oral y público en las causas 495 y 496 de 2025, dictando sentencia contra Yoandrys Luis Blanco William y Miguel Alejandro Labañino Fernández.
“Como resultado del material probatorio practicado en el juicio, se comprobó que Luis Blanco y Miguel Alejandro, desde hacía algún tiempo, se dedicaban a la adquisición, y comercialización ilícita, con precios abusivos, de gran cantidad de medicamentos”, señala la publicación.
La conducta de los imputados está tipificada como delito de actividades económicas ilícitas en el Artículo 308.1 del Código Penal vigente en la Isla.
Por lo anterior, el Tribunal sancionó a Luis Blanco con diez meses de privación de libertad, mientras que Labañino recibió un año de privación de libertad.
Como sanciones accesorias se les aplicó la privación de derechos públicos y el comiso de los bienes ocupados durante la investigación.
La decisión puede ser reclamada mediante recurso de apelación por los acusados y el fiscal, y será resuelta por la sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Este caso se suma a otros juicios recientes también considerados “ejemplarizantes” por las autoridades del régimen cubano alrededor de la Isla.
Cuba: Ochos años de prisión por abuso infantil, 15 años por protestar pacíficamente
Mientras los presos políticos en la Isla sufren condenas de 15 o más años de prisión, TPP de La Habana sentenció recientemente a dos abusadores de menores a 8 y 10 años de privación de libertad.
Una reciente nota informativa publicada por el TPP vuelve a exponer las discordancias del sistema judicial en la Isla, más avocado al servicio de un Partido político y su casta gobernante que a la protección de la ciudadanía.
Según el comunicado de la entidad, el pasado 29 de septiembre el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo realizó el juicio oral y público correspondiente a la causa 84 de 2025 contra los acusados Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González.
Los individuos fueron procesados por los presuntos delitos de “corrupción de personas menores de edad, otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad y abusos sexuales”.
Las pruebas del caso demostraron que la acusada, madre biológica y tutora legal de cuatro niñas (10 años, siete años, cuatro años y un año de edad), no llevaba a sus hijas a la escuela “por prolongados períodos de tiempo; no las alimentaba adecuadamente”; y no las trasladaba al médico cuando requerían atención especializada.
“Con frecuencia se retiraba del inmueble donde residía y dejaba a sus hijas solas por prolongados espacios de tiempo, incluyendo la noche y la madrugada”, señala la nota.
Daima y su pareja Carlos obligaban a las niñas deambular en las calles, en cualquier horario, para pedir alimentos y dinero a vecinos y personas desconocidas. El dinero que obtenían, los acusados lo empleaban en el consumo de bebidas alcohólicas.
Además, Carlos abusó sexualmente de la pequeña de siete años, acto que la madre permitió.
Por todo lo anterior, el Tribunal impuso 8 años de privación de libertad a Daima Rodríguez Núñez y 10 años de privación de libertad a Carlos Díaz González. Ambos recibieron sanciones accesorias que les prohíbe abandonar Cuba y a la madre le fueron suspendidos sus derechos paternos filiales.
Las condenas de ambos sujetos, derivadas de una larga lista de agravantes, contrastan con la severidad de aquellas aplicadas a manifestantes pacíficos en la Isla.
Desde las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), las autoridades del régimen cubano han apresado a cientos de manifestantes pacíficos e incluso testigos pasivos, fabricándoles delitos que los obliguen a padecer entre cuatro y hasta 15 o más años de prisión política.
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