Nota preliminar
Una versión inicial del texto que aparece a continuación fue escrita para una revista europea, de corte progresista, interesada en una visión panorámica sobre Cuba que no eludiera el momento crítico actual, pero pudiera atender la estructura y las dinámicas constitutivas del régimen cubano. Fue rechazado, luego de un intercambio editorial, por dos razones diferentes pero confluyentes. La primera, que no es posible hablar de Cuba sin mencionar que las violaciones de Donald Trump al orden internacional son inadmisibles. La segunda, que el gobierno cubano podría percibir como irrespetuoso el texto, con consecuencias para otras personas asociadas a la organización.
La primera razón no es sorprendente. Constantemente los cubanos somos empujados a hacer primeramente una especie de reconocimiento confesional de la maldad del imperialismo antes de atrevernos a tener una mirada crítica sobre el régimen cubano. Negarse a tal presión es también un posicionamiento político, que no busca negar las implicaciones de las políticas de fuerza de la actual administración de Estados Unidos, sino impedir que un problema que tiene sus raíces en un régimen político totalitario y dictatorial, sea visto como una mera emanación o efecto colateral del orden o desorden geopolítico que conduce siempre al posicionamiento como víctima del gobierno de Cuba. La segunda es meramente un reconocimiento de aceptación de las estrategias de inhibición del pensamiento y la crítica ejercidas por el gobierno cubano; una aceptación extendida y asumida como natural en organizaciones y medios de todo el planeta y cuyo resultado ha sido la contribución a la construcción del metarrelato de la revolución heroica y la negación de su larga historia de violaciones de derechos humanos.
Un poco de historia
2026 podría ser el año –indican varios analistas– del fin del régimen cubano. Y digo régimen porque, a pesar de la insistente promoción del término “revolución” y su mitología patrimonial, defendida por amplios sectores de la academia y la militancia política en América Latina, lo que termina en Cuba es un régimen político específico. La revolución, como evento transformador radical que desestructura un orden social, e incluso existencial, terminó hace muchas décadas, cuando el régimen político actual consolidó su fisonomía a imagen y semejanza del modelo estalinista soviético.
Un partido único –el Partido Comunista de Cuba–, una economía centralizada de empresas socialistas subordinadas a la planificación estatal, un sistema de distribución social de acceso a derechos como la educación y la salud, supresión por diseño de derechos civiles y políticos y una institucionalidad verticalista, destinada a reproducir la ideología de Estado e impedir cualquier posibilidad de cambio, dieron al régimen cubano su distintiva forma. El modelo, cuyos primeros signos son tan tempranos como el propio 1959, se consolidó de forma definitiva en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 y quedó refrendado en la Constitución de 1976. Y sobrevive hasta hoy, no sin las imprescindibles mutaciones pragmáticas impuestas por un devenir marcado por profundas crisis, la última y más profunda de las cuales se desarrolla en este preciso momento.
A pesar de una fuerte resistencia y contestación interna, cuyo momento cúspide puede ubicarse en la Crisis del Mariel de 1980 que condujo al primer éxodo masivo, fue el denominado Período Especial el que evidenció de manera clara uno de los problemas centrales del régimen político cubano: su dependencia económica absoluta y la consiguiente dependencia ideológica y doctrinal a la fuente de sostenimiento. El Período Especial, detonado por la caída del campo socialista y el cese de los cuantiosos subsidios recibidos de forma sistemática desde la URSS y el resto de los países de Europa del Este, obligó al gobierno cubano a una apertura económica tímida, que permitiera sobrevivir a la población cubana y fundamentalmente al modelo mismo, sin cambiar ni su ideología central ni a sus conductores fundamentales; o sea, sin considerar en ningún caso un proceso de democratización que otorgara participación plena a sus ciudadanos en los rumbos de la nación.
El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela a partir de 1999 dio nuevamente una oportunidad para retomar el rumbo y sustentar, en la dependencia económica, la imposición de un régimen socialista más marcado por la ausencia de derechos civiles que por la redistribución social de las ganancias. La dependencia de Venezuela parece haber cesado de manera abrupta el 3 de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, cerrando un segundo período de subordinación económica que no tiene, en este punto, visos de posibilidad de ser sustituida por ninguna otra. Ni siquiera México, que ha sido el aliado más cercano (después de Venezuela) en los últimos años, está en condiciones de cubrir las necesidades de petróleo del país o paliar con ayudas humanitarias la crisis sistémica que enfrenta Cuba actualmente.
La década de 1990 permitió, además, de manera notable, el nacimiento de un conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que se fue convirtiendo en auténtico monopolio bajo control estatal y ha acelerado el proceso de concentración del poder y la riqueza en una élite ligada directamente a la familia Castro. El proceso de monopolización estatal –esperable como deriva inevitable del modelo de centralización de la economía– ha terminado por consolidar la alianza entre el poder político, militar y económico del país y la conformación de una economía extractivista que expolia los recursos de la diáspora y el exilio para el mantenimiento de las familias en la isla.
Cuando en 2015, el presidente estadounidense Barack Obama anunciaba el comienzo del proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba conocido como “el deshielo”, la monopolización estatal había avanzado, de forma paralela y en confluencia con la consolidación de la infraestructura de control social del Estado sobre la sociedad civil. La tímida apertura que permitió el deshielo se vio limitada en gran parte por la voluntad del régimen de mantenerse siendo el mediador ineludible en cualquier emprendimiento, lo mismo en el terreno económico que en el cultural y social. Aun así, una relativa y desigual prosperidad, insuflada con la esperanza de un cambio, marcó los años siguientes. El limitado pero inédito crecimiento de un sector minoritario impulsó la acumulación de privilegios en sectores urbanos, mayoritariamente blancos y con familias en el exterior, y la de vulnerabilidades en el resto de la población, que se estima hoy entre un 70 u 80 % en condiciones de pobreza, con acceso prácticamente nulo a los servicios sociales.
La gestión de Miguel Díaz-Canel, iniciada en 2018 y en funciones hasta el presente, marca el último período de desestructuración social y evidencia la crisis radical de un sistema que, a pesar de la profundización de la crisis humanitaria, no reniega de la vocación de control total propia de las autocracias de corte totalitario y pretende continuar gobernando como hasta ahora, intensificando la represión abierta frente a una sociedad que ha ido perdiendo el miedo y ensaya formas de protesta sostenida desde que el 11 y 12 de julio de 2021 se rompió el mito del apoyo mayoritario del pueblo cubano a su “revolución”, con las protestas masivas más numerosas y geográficamente extendidas de la historia de Cuba como nación independiente.
Esta escueta recapitulación de las etapas del régimen político cubano posterior a 1959 aparece siempre como objeto de disputa, pues la narrativa oficial del régimen cubano se ha mantenido incólume frente a las mutaciones de forma, pero no de contenido que le han permitido sostenerse hasta hoy. Según esa narrativa, Cuba ha resistido durante casi siete décadas la presión de Estados Unidos por ser doblegada para renunciar al socialismo, y ha sido ahogada por un cruel e inhumano bloqueo que impide a su gobierno cumplir con la obligación básica de proveer las condiciones mínimas para la vida cotidiana de su población. Como lo expresara recientemente el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, “la culpa no es del gobierno, la culpa no es de la revolución”. Esa exención de responsabilidad propia frente a la debacle de un modelo económico, un régimen político y la consecuente crisis humanitaria del país, es una parte constitutiva fundamental de la racionalidad del régimen y el motor de una política exterior orientada a recabar apoyos mostrándose como víctima de un proceso en el que, al contrario de como pregona, tiene responsabilidad total.
Si bien las medidas tomadas por la administración de Donald Trump en su primer mandato y la más reciente imposición de un bloqueo a la entrada de barcos de petróleo profundizan la crisis cubana hasta el punto de volver inviable la vida cotidiana, es importante comprender la posición que ambas condicionantes –la política de control total del régimen cubano y el embargo o sistema de sanciones de Estados Unidos– ocupan en la vida social cubana. La primera es una condición estructural, sistémica y determinante; la segunda, una condición coyuntural, no sistémica e influyente que en la práctica ha sido eludida durante la mayor parte del tiempo de las casi siete décadas de existencia del régimen a través de un esquema de dependencia económica hacia otros países y a través de mecanismos concretos como el registro de empresas cubanas en el propio Estados Unidos para hacer negocios dentro del país.
La dificultad del cambio pacífico y endógeno en las autocracias
A pesar de la retórica impulsada por el propio gobierno cubano y un sinnúmero de aliados en otros países, el régimen político cubano no es una democracia de ningún tipo. Se trata de un régimen autocrático de tipo totalitario donde las decisiones se toman en un pequeño grupo y se distribuyen de arriba hacia abajo, impidiendo la participación de la sociedad en las mismas. Estructuralmente, ello ha requerido que los derechos civiles hayan sido eliminados como tales y sustituidos por un simulacro de participación a través de organizaciones sociales y de masas –como los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), o los sindicatos– constreñidas estructuralmente a la reproducción de la ideología oficial e imposibilitados de expresión de cualquier tipo de disenso e incluso crítica. Aunque la constitución de 2019 reconoció derechos como el de la manifestación, este reconocimiento es formal y queda supeditado al carácter irreformable del sistema político que el texto constitucional refrenda desde sus primeros artículos, como el Artículo 4, donde se declara que “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.” La legislación de los derechos civiles ha quedado además suspendida debido a la demora en el cronograma legislativo, que desde su anuncio en 2019 ha dedicado atención más bien a promulgar leyes y decretos –como la Ley de Comunicación o el nuevo Código Penal–, que permitan la extensión de la acción represiva.
Los derechos cívicos quedan además suprimidos en la práctica cuando frente a su ejercicio la reacción del Estado cubano es directamente represiva y criminalizadora. Cuando el 11 de julio de 2021 ocurrieron las manifestaciones más grandes de la historia de Cuba en el período post 1959, la reacción inmediata fue un llamado en la televisión pública desde la presidencia del país a enfrentar en la calle a los manifestantes, tildándolos de inmediato de mercenarios pagados por el imperio y enemigos de la revolución. “La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”; dijo Díaz-Canel, y muchas imágenes y videos de esa jornada y la del día siguiente mostraron a grupos paraestatales armados con palos organizados para golpear a sus conciudadanos en algo que bien puede ser entendido como un llamado a la confrontación civil. A ello hay que sumar la presencia de tropas militares en las calles, que dispararon a los manifestantes y causaron la muerte de una persona. El mismo día, fue cortado también el acceso a internet y no se repuso hasta cuatro días después. Estas prácticas han sido reportadas en otros contextos autoritarios como Bielorrusia y, más recientemente Irán, lo cual indica una concordancia de concepciones en el ejercicio del poder y el control de la protesta cívica como parte central de la imposición autoritaria.
Cuba es, estructuralmente, un régimen autocrático en el que, como en otros similares, se combinan la concentración de poder y la contracción de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la negación de derechos civiles. El Poder Popular, como concepto, ha permitido racionalizar la negación de la pluralidad política como unidad en torno a un proyecto ideológico, y el sometimiento de una sociedad diversa como cualquier otra a la imposición de un pequeño grupo de autoelegidos en posiciones de poder. En esta racionalización, la prohibición de tener partidos políticos y las restricciones al derecho de asociación, no son presentadas como fallas sino como condiciones necesarias para lograr la unidad frente al enemigo (Estados Unidos) y a la vez como expresión de un apoyo mayoritario. El mismo principio “explica” también por qué las elecciones en Cuba no son realmente un ejercicio electivo sino aprobatorio de propuestas intervenidas por el Partido Comunista y por qué la Asamblea Nacional del Poder Popular, principal órgano legislativo del país, aprueba de forma unánime todos los proyectos de ley que le son presentados.
Una transformación fundamental de carácter sociológico ha hecho que en los últimos años la represión del régimen haya pasado abiertamente a una fase descarnada. La sociedad cubana del presente no es la misma de hace diez años, ni de hace veinte. Aunque la contestación al régimen tiene una historia tan antigua como la de su origen mismo y este ha operado siempre imponiendo cárcel, exilio y muerte a sus detractores, la mayoría de la población había aceptado como condición para poder vivir en un contexto completamente cerrado, la cuota de silencio y sometimiento necesarias como para hacer de las manifestaciones públicas eventos inéditos y poco probables.
Desde el 11 de julio de 2021, nos encontramos en un escenario completamente diferente. El éxodo masivo continúa siendo, sin dudas, la expresión colectiva más sintomática de la reacción a la imposición dictatorial. Pero en el país siguen viviendo personas que no pueden simplemente elegir irse, por diversas razones, y que sobreviven en condiciones cada vez más precarias, desde mucho antes de la orden ejecutiva de Estados Unidos que desde enero de 2026 ha impedido la entrada de petróleo a la isla.
Así, las manifestaciones populares, aunque acotadas localmente y en condiciones de poca exposición (sonando calderos desde las casas o en la protección de la oscuridad de los apagones) no solo han continuado, sino que han aumentado. Un régimen que es ya incapaz de contener el descontento popular por vías que antes habían sido funcionales a tal fin –el adoctrinamiento ideológico, la coerción social, la criminalización del disenso, etc.–, tiene en la represión su último recurso. Y es de esperar que esta aumente a medida que aumente la expresión del descontento.
El aumento de la represión estatal no debe ser entendido, sin embargo, como un epifenómeno. Se trata de una acción consustancial a un régimen que no está dispuesto a aceptar la posibilidad de cambio y requiere, para ello, negar la voz de la sociedad que intenta someter. Ese es, en lo fundamental, el dilema que plantean las autocracias de origen revolucionario y corte totalitario a la posibilidad de la transformación social. Un régimen que se declara a sí mismo incambiable, y que ha organizado la economía, el sistema institucional y toda la infraestructura para impedir el cambio, cierra todas las vías pacíficas posibles, dejando a una sociedad asfixiada frente a escenarios catastróficos y probablemente violentos como única salida a su situación insoportable.
¿Cuál sería, entonces, la salida?
La dificultad estructural, contenida en el diseño mismo del régimen, ha llegado a un punto de no solución, en el que la única posibilidad de cambio parece involucrar alguna forma de intervención de Estados Unidos, de tipo militar o presión económica, como la que está ocurriendo actualmente. Esta es una posibilidad que muchas personas manifiestan como deseo, ante la evidencia de la imposibilidad de cambiar la desesperante situación en la que viven y que repiten abiertamente en las calles de un país donde, hasta hace muy poco, se hablaba en voz baja sobre estos temas.
La disyuntiva misma apunta a un eje paradójico que ha sido explotado discursivamente hasta el cansancio por el régimen cubano y es contradicho en la práctica por la propia historia de su constitución y sostenimiento. En el discurso, la postura cubana frente a Estados Unidos es la de una defensa a ultranza de la soberanía. El sistema de sanciones o embargo, que el discurso oficial denomina “bloqueo”, se considera ilegal e ilegítimo en tanto constituye una presión exógena inaceptable frente a la cual el gobierno cubano reivindica su derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, esta postura tiene dos problemas; el primero, es que revindica la soberanía del Estado en el marco de las relaciones interestatales en el contexto internacional, pero lo hace negando la soberanía de la sociedad en el marco de su derecho inalienable a elegir sus gobernantes y su régimen político. Ello crea el tipo de dilema insoluble que se ha vuelto crítico frente a contextos como los de Venezuela o el de Irán: regímenes que reivindican su derecho a existir como tales sin intervención externa mientras niegan el derecho a existir y gobernarse de sus propias sociedades.
El segundo problema es el de una soberanía utilizada como reclamo a conveniencia. La centralización y control total de la economía cubana han sido posibles prácticamente durante toda la historia posterior a 1959, gracias a la dependencia de otros países; primero, de la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), y luego de Venezuela. La dependencia económica y la centralización y monopolización estatal de la economía son variables codependientes. La monopolización estatal, con su correspondiente inhibición de las formas privadas y cooperativas de producción, impide el desarrollo económico y la producción propia que constituyen la base de la soberanía efectiva. En ausencia de tal desarrollo, la dependencia se vuelve una necesidad, pero una que termina siendo asumida como estrategia de dominación pues permite impedir el desarrollo de una economía propia, y justificarlo.
Es por ello por lo que la dependencia de Cuba de otras potencias no es tanto una condición estructural o, en todo caso, no en el sentido de una condición inevitable que emerge de las condiciones históricas, sino una decisión política. Para el régimen cubano es preferible ser un estado dependiente de otras potencias, que permitir el libre desarrollo de la economía porque tal cosa implicaría derechos de participación y libertades que un régimen totalitario anquilosado no está dispuesto a reconocer a su propia sociedad.
El problema podría entenderse también como parte de un diferendo político; una racionalidad donde se es capaz de asumir depender de aliados ideológicos, pero nunca del enemigo histórico. La coyuntura en que se encuentra el país permitirá despejar la interrogante sobre esa variable, puesto que la clara apuesta por permanecer en el poder incluso a costa de la inmolación de un pueblo entero ha conllevado a una retórica de la resistencia cuyo centro es la negación de que Estados Unidos pueda condicionar de alguna manera el cese de la presión económica y la amenaza intervencionista a cambios en el sistema político.
La manera en que demandas tales como la liberación de los presos políticos y la apertura de un proceso democrático son negadas como elemento de negociación indican en qué medida esta negación es esencial para el sostenimiento del régimen. En un momento de pérdida de legitimidad ante su propia sociedad, el gobierno cubano requiere reivindicar la negación de la democracia pues cualquier avance en esa dirección resquebrajaría su ya frágil sistema de dominación.
Podría pensarse que hay un punto de quiebre interno que puede ser movilizado ante una amenaza creíble –y la intensificación de la retórica de la toma del país por parte de Donald Trump y las declaraciones de Marcio Rubio podrían entenderse como justamente eso–, pero las fuerzas que han sostenido hasta hoy el aparato totalitario no hacen más que solidificar el afianzamiento al poder frente a una amenaza externa. Movilizar la retórica del enemigo imperialista y el orgullo soberano, en un contexto de crítica y rechazo crecientes a la política internacional de la administración Trump, podría ser (o eso pretende el gobierno cubano) un estímulo a responder un llamado a la resistencia heroica. Sin embargo, sospecho que tal cosa es mayormente inútil en una sociedad no solo depauperada, sino hastiada de la retórica guerrerista y la exigencia de sacrificio.
Entregar el poder, incluso si ello ocurre de forma progresiva, no es una opción para una cúpula que acumula hoy muchísima riqueza, y la condición de posibilidad de ese enriquecimiento es el actual estado de cosas: una sociedad empobrecida en la que unos cuantos obtienen prebendas para hacer negocio a costa del empobrecimiento de la mayoría. Por otra, porque esa cúpula que ha acumulado una cantidad desproporcional de poder cuenta con un historial de violaciones de derechos humanos denunciados por los que, en democracia, tendrían que rendir finalmente cuentas.
Es importante recordar que las demandas que se han puesto sobre la mesa en las negociaciones (en este punto, al parecer, frustradas), y que muchos leen únicamente como indicadores de la vocación imperialista de Estados Unidos, son también las de una gran parte de la sociedad cubana dentro y fuera de la isla –expresadas en diversos foros y de diversas maneras a lo largo de décadas y de manera intensiva en años recientes–, junto con el cese inmediato de todas las formas de represión y el reconocimiento de la pluralidad política. Y es por ello por lo que el escenario de concesiones económicas sin apertura política, o incluso uno de intervención puntual a la manera de Venezuela que cambie de rostro, pero no toque la estructura de la opresión, es uno probable pero no deseable. Mantener intacto el edificio del poder totalitario, con sus propios detentores al frente –la familia Castro y su red corporativa de enchufados– escamotearía el deseo de libertad y la posibilidad de una transición democrática volviendo aún más sólido al régimen cubano, que contaría con el sostén económico y el apoyo de su antiguo enemigo para mantenerse en el poder. Y la presión de Estados Unidos, en un momento del retorno de las pretensiones de dominio imperial, podría satisfacerse con un escenario tal. El otro escenario, una intervención norteamericana del tipo “quirúrgico”, se ha vuelto deseado no solamente por una parte del exilio sino incluso dentro del propio país, con todo y las incertidumbres y peligros que implica. Esa percepción, y ese deseo, no son más que el resultado inevitable de una opresión que ha blindado todas las posibilidades de cambio endógeno durante casi siete décadas y que no ofrece, en este punto, ninguna otra opción que la inmolación de su población bajo la retórica del sacrificio y el antiimperialismo.
El escenario deseable -una salida pacífica y desde adentro- vuelve a poner sobre la mesa el diferendo más largamente sostenido y más reacio a ser negociado: el del propio poder del régimen con su sociedad. Con frecuencia se critica a la oposición cubana la ausencia de un programa de transición o de una fuerza articulada capaz de convertirse en alternativa en una transición a la democracia. No falta razón a quienes perciben de esta forma el panorama. Aunque lo cierto es que programas, rutas y agendas transicionales no son escasos en la oposición cubana, la articulación de un campo plural alrededor de la demanda de la restauración democrática es en este punto parcial y no suficiente.
Sin embargo, ello no significa que la sociedad cubana sea una inmovilizada por la tenaza totalitaria al punto de no contar como sujeto de cambio. Un proceso de transición que permitiera recobrar la largamente pospuesta democracia para Cuba tiene que contar con esa comunidad que, oprimida, fragmentada, dispersa más allá de las fronteras nacionales, sigue buscando vías de salida a la catástrofe nacional. Es una sociedad que se moviliza fundamentalmente en dos frentes: la defensa de los derechos humanos y la asistencia humanitaria. Las organizaciones cubanas de derechos humanos son organizaciones sólidas, con años de experiencia en operar en entornos completamente cerrados, registros confiables y presencia internacional. Las agrupaciones de asistencia humanitaria, generalmente no institucionalizadas, llevan años sosteniendo sobre sus hombros la empresa de la sobrevivencia en un país en el que el Estado ha abandonado sus deberes básicos y funciona bien únicamente para reprimir y controlar el disenso. Han creado, en ese proceso, redes transnacionales por las que circulan bienes materiales, pero también información, visiones de futuro, y afectos.
En los dos casos, las agrupaciones que radican en la diáspora y el exilio trabajan de manera conjunta con personas dentro del país, lo cual ha creado una realidad que, aunque es funcional (sin quererlo) también a las políticas parasitarias del sistema económico, excede con creces el rol de beneficiarios involuntarios del régimen cubano. Este rol de beneficiarios involuntarios, con tanta frecuencia pasado por alto, es el resultado directo de una política económica que se sostiene justamente de los recursos de aquellos que ha expulsado durante décadas. A través de remesas, de tiendas online registradas incluso en el propio Estados Unidos cuyos dueños son miembros de la élite económica cubana, y de tiendas en dólares en el interior del país, el monopolio GAESA y su red de empresas subsidiarias se enriquece obligando a los familiares en el exilio a pagar para el sostenimiento de los cubanos en el interior de la isla. La deriva de las políticas económicas del régimen cubano ha conducido a una economía no solo monopolista de Estado, sino además parasitaria, que obliga a los familiares en el extranjero a pagar la vida en el interior del país, y segregacionista, pues excluye de la circulación de bienes y divisas a la parte de la sociedad cubana que no tiene familia en el extranjero y vive en condiciones cada vez más depauperadas.
Junto a los medios independientes, las organizaciones y agrupaciones cubanas en la diáspora y el exilio tienen un poder potencial que puede ser activado no solo para la denuncia y la ayuda, sino para continuar el sostenido trabajo de denuncia y demandas políticas de conjunto con la parte de la sociedad políticamente movilizada en el interior del país. Tal escenario no es inédito; ocurrió ya una vez después del 11J, cuando al día siguiente varias embajadas cubanas amanecieron con protestas de cubanos en el exterior que respondieron al llamado de “si ellos salen, nosotros también”. El ellos se refería aquí a quienes salieron a manifestarse dentro del país.
Un grupo de exiliados cubanos —a través de la campaña “Si ellos entran, nosotros también”— ha reclamado el derecho a regresar al país en forma de flotillas humanitarias pacíficas, para dar al pueblo cubano la asistencia que requiere sin permitir que un llamado a la solidaridad opaque el reclamo por la libertad y la democracia, y desplace al sujeto central de tal reclamo (los cubanos), tal y como hizo recientemente el Convoy Nuestra América. El ellos se refería, en este caso, a las personas y grupos que, practicando una solidaridad complaciente con el régimen, tenían el permiso para viajar a Cuba con ayuda humanitaria mientras que una iniciativa semejante de los propios cubanos sería entendida (como de hecho lo fue) como un ataque.
Los cubanos del interior del país continúan manifestándose a pesar de la represión recrudecida, y tal escenario exige considerar la posibilidad de una represión generalizada, de la que no debe dudarse, pues el régimen cubano hará todo lo que sea necesario por mantenerse en el poder. Lo ha hecho y lo ha logrado durante 67 años. En las últimas semanas, ha movilizado intensivamente el relato de la resistencia heroica y el sacrificio e incluso apelado al Artículo 4 de la Constitución, y el derecho de usar la “lucha armada” contra quien intente “derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”, o sea el socialismo.
El escenario de un cambio desde el interior apoyado por la comunidad cubana en el exterior requiere, por supuesto, del apoyo de la comunidad internacional, aunque esto parece siempre lo menos probable, si se considera el respaldo sostenido de una gran parte de esta, que continúa negándose a reconocer el carácter dictatorial y totalitario del régimen cubano. Un escenario tal requeriría que gobiernos, organizaciones sociales, academia y medios de comunicación reconozcan lo que para cubanos dentro y fuera del país es más que evidente: que la revolución terminó hace mucho tiempo y lo que queda es un régimen de terror del que es imprescindible y urgente librarse. Requiere acompañar a una gran parte de la sociedad cubana que demanda hoy el fin del totalitarismo. Ojalá y ese reclamo fuera escuchado.
Acompañarlo es acompañar el último resquicio posible de una democratización fundamentalmente endógena, en la cual la sociedad cubana, subordinada y sometida durante tanto tiempo, sea la protagonista. Y seguirá siendo imprescindible incluso en el escenario de una intervención de Estados Unidos porque de lo que se trata no es de posicionarse a favor del imperialismo o del socialismo, sino de reconocer el derecho de un pueblo entero a decidir su propio rumbo, incluso cuando las oportunidades para ello siguen siendo mínimas.
