Hace un par de días, la esfera pública virtual cubana –o eso que, sin serlo plenamente, es lo que más se le parece–, volvió a crisparse por una serie de hechos y posicionamientos detonados por la denuncia pública de una persona negra, a quien se le negó el acceso a la Fábrica de Arte Cubano (FAC), espacio cultural de la Habana.
Como en todas partes en los últimos tiempos, la discusión pública opera por chispazos; se detona en torno a sucesos que movilizan –generalmente por la rabia o la indignación– a posicionarse, y termina abarcando mucho más que el suceso detonador. Por remitir, por ejemplo, sólo a los sucesos más recientes en el caso cubano, hace unas semanas se trató de la incumplida promesa de un conocido “profeta” de repartir en los hoteles del país 1 100 dólares a quienes llegaran a una fecha y hora específicas. El abuso de la necesidad y la desesperación de un pueblo maltratado hace de Ignacio Jiménez un manipulador inescrupuloso, pero la asistencia a los hoteles tras su convocatoria habla de los resortes que movilizan todavía la credulidad de una sociedad que no ha aprendido a mirar con suficiente suspicacia a los vendedores de promesas.
Más recientemente, las declaraciones de un funcionario estatal invitado a un programa de la televisión nacional despertaron nuevamente la indignación colectiva, al volverse viral un fragmento de su intervención en el que abogaba por una alimentación más autóctona: “no somos asiáticos” para andar comiendo tanto arroz, ni la papa es cubana como para dedicarle tanta atención. La reacción de justa indignación ante las declaraciones de Roberto Caballero habla de la naturalización de la miseria entre los cubanos y su condición para el poder de masa manipulable –y casi menos que humana– a la que se le pueden cambiar los hábitos porque, total (y aquí parafraseo sus palabras), se van a comer lo que les cae en el plato.
La detonación más reciente, a propósito de la denuncia en redes sociales de la negación de entrada a La Fábrica, habla de sentidos comunes heredados y emergentes; hilados entre sí por la disputa no resuelta entre varios tipos de discriminaciones; racial, política, económica, y articulados en torno a la idea del “derecho de admisión”.
El hecho central: el joven Kevin Alejandro Bridón y dos amigas intentaron entrar a la FAC, un espacio cultural-comercial ubicado en El Vedado habanero, que desde hace años brinda una programación “alternativa” de arte en varios formatos. Les fue negada la entrada por el personal de seguridad, apelando al “derecho de admisión” del lugar. Según aclaró unos días después X Alfonso, su director y gestor, el joven agraviado había sido confundido con un carterista, con lo cual el problema quedó “saldado” a medias como un malentendido, y digo a medias porque la explicación del malentendido no elimina la posibilidad de un acto de discriminación racial, que fue el centro de denuncia de Kevin. X Alfonso respondía, además, en su publicación, a una nota oficial del Ministerio de Cultura del día anterior, 31 de diciembre.
En la nota del 31, El Ministerio de Cultura no dejaba pasar la oportunidad de presentarse como el adalid de las reivindicaciones y la lucha antirracista, al enfatizar que no permitirían un mal uso del derecho de admisión para encubrir un acto de discriminación racial. Y para que no faltara contexto, reafirmaban que “la Revolución y sus instituciones están y estarán siempre al servicio del pueblo y no permitirán que hechos como este queden impunes. Su profundo compromiso con la igualdad y la justicia social es inconmovible”.
Las especulaciones en redes sociales ante la nota oficial pasaban por preguntarse si todo no se trataba en realidad de un complot orquestado para cerrar la Fábrica, vuelto ya un espacio incómodo para el oficialismo, en particular después del homenaje que organizaron a Celia Cruz para el 20 de octubre de 2025 y que fue censurado. La teoría del complot está siempre más a la mano que la otra, más probable, que es la teoría del carroñero. En esa teoría, el ave de carroña está a la caza de cualquier oportunidad que aparece para satisfacer su propia voracidad; en este caso, aplica al Ministerio de Cultura, movilizándose para crear las condiciones necesarias para cerrar La Fábrica o aprovechando la oportunidad para repetir el tropo –mil veces demostrado como falso pero mil veces repetido como cierto– de que la “revolución” tiene un compromiso con la igualdad y la justicia.
La teoría del complot tiene otra falla, que es la necesidad de cuestionar la legitimidad de la denuncia original; y ese es, como señalaron varias personas, un camino que no se debe tomar. Como sociedad que vive bajo el peso de un aparato represivo que no cesa de imponer su control de maneras cada vez más brutales y cínicas tenemos aún la posibilidad de ejercitar el reconocimiento de la experiencia de otros, sin negarla en nombre de la defensa contra el régimen.
Volviendo a la declaración del Ministerio de Cultura del 31 de diciembre, no deja nunca de sorprender la naturalidad con la cual una institución de un régimen totalitario sale a presumir un compromiso con la justicia que no existe en la práctica, ni cómo pueden aprovechar cualquier situación para hablar de las discriminaciones que pueden manipular (o eso creen), y barrer bajo la alfombra aquellas por las que son directamente responsables. Porque no se trata solamente de que el racismo en Cuba es estructural y está naturalizado en las relaciones cotidianas, sino que aparece una y otra vez en los sesgos de la represión política. Y, por otra parte –y esto aparece clarificado en la nota de X Alfonso del día siguiente, 1 de enero de 2026–, el Estado cubano ha practicado, durante décadas, su propia versión del derecho de admisión, que amalgama la exclusión política con la segregación económica; esa con la que impedía a los cubanos entrar a los hoteles en la década de los noventa (como menciona X), pero también con la que ha impedido y sigue impidiendo el uso de espacios culturales al segregar por motivos políticos a artistas incómodos. Lo ha hecho incluso para justificar su negación de entrada a opositores y disidentes a espacios públicos, donde tal derecho no tiene sentido ni pudiera ser esgrimido.
La fricción entre los sentidos del “derecho de admisión” parece aquí clara al menos en una de sus formas. Y acabaría aquí si se limitara a la aclaración de que el primero (el que llevó al personal de seguridad de La Fábrica a impedir la entrada de un hombre negro) no conllevó una discriminación activa por razón racial sino por una legítima –la seguridad de las personas y el local– y el segundo, el que el Ministerio de Cultura ejerce y no reconoce mientras se hace el digno, actuando como la mano del Estado en la administración de la exclusión cultural y artística por razones políticas, amarradas a otras discriminaciones como la racial o de género.
Sin embargo, el sentido del derecho de admisión se complica porque, según varios testimonios, la Fábrica misma ha practicado ese tipo de exclusión, y lo ha hecho bajo ese mismo pretexto. Fue a lo que apeló cuando en 2015 no permitió entrar a Luis Manuel Otero Alcántara vestido como Miss Bienal. Y también lo ha hecho sin apelar a ello directamente, como ocurrió cuando desistió de la exposición del proyecto curatorial Cuba Raw.
La Fábrica ha habitado, desde su inicio, en una encrucijada a largo plazo insostenible, la misma que atraviesan todos los espacios permitidos por el régimen hasta que cruzan las líneas rojas que, no por invisibles, dejan estar bien definidas: no hay espacios culturales “alternativos” realmente libres en el andamiaje totalitario, ni siquiera cuando ese andamiaje asuma un ropaje liberal o capitalista; tampoco hay libres emprendimientos, porque la libertad para emprender –abrir un negocio, un centro cultural, importar, vender, etc.– depende de la conformidad explícita o implícita con el régimen. O se exponen a desaparecer o sobreviven negociando, y negociando significa aquí realmente aceptando los límites impuestos: artistas que no pueden exponer, o cantar, o simplemente entrar al lugar, porque su presencia constituiría una desavenencia que es preferible no enfrentar. Hay espacios negociados a contrapelo, sitios en los que una combinación de reconocimiento ganado por la trayectoria y la obra (artística, intelectual, etc.), coyunturas específicas, y privilegios e intereses particulares mediados por el acceso al poder, subsisten con fecha de caducidad incierta pero segura, a menos que asuman no solo como inevitable sino como deseable el privilegio que implica tener derechos donde los demás no los tienen. Y ahí entonces no se trata ya de una negociación a contrapelo, sino de una complicidad con el modelo segregacionista que permite a unos pocos prosperar dentro del marco discursivo de la “revolución” y la “justicia social” y el marco práctico del enchufe a los privilegiados de la élite gobernante para hacer negocios.
Un tercer sentido del “derecho de admisión” al que el suceso de la Fábrica remite es la discusión que se reproduce de vez en cuando con las denuncias de la negación a entrar a lugares privados (esta no es la primera y no será seguramente la última) y que implica la defensa de un “derecho de admisión” entendido como el derecho arbitrario del dueño de un espacio a discriminar por la razón que le parezca conveniente al determinar quién entra y quién no entra.
El derecho de admisión encarna así la figuración más palpable de un sentido común que entiende el capitalismo, fundamentalmente, como la primacía del derecho, propiedad privada mediante, a discriminar y a excluir; o sea, a poner el derecho de propiedad por encima de los demás derechos. En el otro extremo, en una visión polar que no admite intermedios ni mediaciones entre uno y otro, estaría la imposición de un Estado que impide la propiedad privada y controla cada aspecto de la vida.
Sin embargo, asumiendo que existe para proteger los espacios frente a problemáticas básicas de seguridad, este no debería ser invocado como una patente de corso, o como un salvoconducto para la discriminación de ningún tipo. Es un derecho que existe en relación con otros derechos, y no por encima de ellos. Y en algunos casos, puede ser incluso legislado. Será, de hecho, de las tantas cosas que habrá que pensar cómo instrumentar una vez que tengamos un país en el que la legislación no exista únicamente para eternizar a la élite en el poder y mantener el sometimiento insoportable de sus ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional.
El Estado cubano no tiene legitimidad alguna para arengar sobre la discriminación racial amparada por el derecho de admisión, porque los cimientos mismos del régimen que intenta sostener a despecho de la miseria, la explotación y el sufrimiento del pueblo cubano son la materialización de un derecho de admisión nacional predicado claramente en “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución ningún derecho”. Pero tampoco tendría sentido aceptar que, en nombre de la necesidad de un espacio privado de conservar su seguridad, pueda darse por legítima la discriminación por razones raciales o de cualquier otro tipo. Aunque parezca un signo de algo contrario –individual vs colectivismo, socialismo vs capitalismo o cualquier otro dualismo semejante–, esa aceptación no sería más que desplazar la lógica excluyente de la “revolución” a la reivindicación del derecho a admitir, ejercido como privilegio sobre los demás.
Quizás estos episodios permitan, más allá de un posicionamiento sobre el suceso en sí, discutir esos sentidos comunes. Es lo que podemos hacer desde ya de cara a la Cuba que vendrá y en la que tendremos, como ciudadanos y ciudadanas, la posibilidad de discutir la mejor forma de no permitir el atropello de nuestros derechos, y de no aceptar discriminación alguna para nadie.
