«Aquí todo el mundo está cagado. ¿Quién quiere ser deportado? ¿Tú crees que después de haber cruzado los ‘siete mares’, pelearme con coyotes, ‘tiburones y cocodrilos’, yo voy a querer volver? La verdad sí tengo miedo», dice Juan Lázaro Martínez, quien llegó a Estados Unidos en agosto de 2024, tras siete meses de espera en México por una cita de la aplicación CBP One.

Ahora, cuando aún restan seis meses para que Martínez pueda aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, el presidente norteamericano Donald Trump ha decidido deportar de manera expedita a quienes ingresaron a territorio estadounidense bajo los programas de parole humanitario y CBP One, establecidos por el gobierno saliente de Joe Biden.

Para Martínez y su esposa el camino ha sido demasiado largo. Primero tuvieron que reunir dinero para irse de Cuba. Vendieron hasta el último clavo de su casa y luego atravesaron parte de Centroamérica desde Nicaragua hasta la frontera sur mexicana. En Ciudad de México y compartieron renta con seis personas, igualmente en situación irregular, y trabajaron en lo que apareciera.

«Llevo en esto más de tres años. Juro que a veces me levanto derrotado, ¿a dónde voy a regresar si me deportan», dice Martínez. No parece optimista, aun cuando reconocidos abogados de inmigración han afirmado que los cubanos son los emigrantes que corren menos riesgo de ser expulsados de Estados Unidos en comparación con grupos de otras nacionalidades como Venezuela, Nicaragua y Haití.

En la última semana, el abogado Willy Allen aseguró al periodista Wilfredo Cancio Isla en su canal de YouTube Café Fuerte News que «no tiene que haber pánico». Allen cree que, más que miedo, lo que debe haber es «preparación», y quienes deben preocuparse son determinados grupos de la comunidad cubana en general, dígase los que enfrentan órdenes de deportación, especialmente aquellos que nunca han sido aceptados por el gobierno de Cuba y cuentan desde hace años con una orden de supervisión.

«Las únicas personas que tienen un riesgo son cubanos con I-220B deportados porque perdieron asilo, no se presentaron a la corte o no pasaron miedo creíble y Cuba no los acepta. También están en alto riesgo los cubanos con delitos criminales que pueden llevar décadas con reporte de deportación», detalla Allen.

El abogado explicó que existe «una posibilidad relativamente alta en este momento» de que algunas de esas personas pueden ser detenidas cuando las reporten a su correspondiente Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En caso de que Cuba no los acepte en un plazo de 90 días, podrían enviarlas a la Base Naval de Guantánamo o a las cárceles privadas que ha ofrecido el gobierno de El Salvador.

«Yo creo que esos cubanos con I-220B que tienen crímenes en el pasado, que Cuba hasta ahora ha tenido poco interés en ellos y que no han podido deportarlos, corren un riesgo de ser detenidos en uno de esos dos lugares», También alerta que deben «preocuparse» aquellos cubanos que entraron por CBP One y no han solicitado asilo y tienen cortes pendientes. En esos casos, dice, hay que presentar una solicitud de asilo. «No importa cuando sea tu corte, sométete a un asilo para proteger tu récord, porque no muchos jueces están cerrando esas cortes hasta que no tengan físicamente tu residencia o no tengan otras instrucciones», argumenta.

Asimismo, Allen puntualiza que los cubanos que entraron bajo el parole humanitario «no tienen una presión grande para presentar asilo». «En este momento, hasta cierto punto, estarían votando su dinero, porque aunque el programa fue cancelado, si articulan bien su solicitud de residencia con un abogado pueden calificar para el Ajuste cubano sin problemas», subraya el experto, quien insiste en que todos estos trámites deben hacerse con las personas calificadas.

Los cubanos con I-220A, en un debido proceso, con asilos políticos, con cortes pendientes, tampoco deben tener ningún temor ni pánico ante esta situación. «Que nosotros sepamos no hay hasta el momento ningún cubano con I-220A en proceso pendiente ni detenido ni que ha caído en redadas ni que ha sido mucho menos deportado. Hay un par de casos que fueron deportados no por ser I-220A, sino por cometer crímenes», aseguró Allen, además de advertir que «todas las personas que están en proceso, que están en tramitación de sus casos, no pueden cometer delitos, no pueden darse el lujo de estar en este país y delinquir».

A finales de enero último, el diario The New York Times  publicó el contenido de un memorando del jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Benjamine C. Huffman, que le otorgaba a los funcionarios de ICE  nuevos poderes para expulsar de manera expedita a personas que llegaron a territorio estadounidense a través del parole humanitario y la aplicación CBP One.

La administración Trump, según dijo al influyente diario, bajo la condición de anonimato, un alto funcionario de Seguridad Nacional, cree que los programas de inmigración aprobados durante el mandado de Joe Biden nunca fueron legales, pues no pasaron la aprobación del Congreso, y que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente deben ser expulsados de inmediato. Los cálculos estiman que un millón 460 mil migrantes de distintas nacionalidades entraron a estado Unidos amparados por estos programas.

El programa del parole humanitario fue establecido por la administración Biden para los venezolanos en octubre de 2022, y en enero de 2023 fue ampliado para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Por esta vía llegaron al país unos 531 mil 690 inmigrantes de tales nacionalidades, entre ellos 110 mil 240 cubanos. Por otra parte, unos 936 mil 500 migrantes se beneficiaron con la aplicación CBP One, principalmente venezolanos, cubanos y mexicanos.