LA HABANA, Cuba ― En la más reciente reunión del Consejo de Ministros se habló de tres anteproyectos de leyes que serán presentados en el mes de julio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular con vistas a su aprobación. Una de esas leyes se refiere al anteproyecto de Código de Trabajo.
Este documento fue sometido a un proceso de consultas en los colectivos laborales entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2025. En dicho proceso ―dice la prensa oficial― se realizaron 40.591 reuniones: 36.416 en colectivos estatales, 2.522 en colectivos laborales de trabajadores por cuenta propia, 893 en mipymes y otra cantidad no precisada en colectivos de misiones cubanas en el exterior.
En los intercambios se realizaron un total de 96.250 propuestas, de las que habrían sido aceptadas totalmente 41.403 (43%) y parcialmente 9.641 (10%). También, según la cobertura oficial, se esclarecieron 8.703 dudas (9%), se desestimaron 33.687 (35%) propuestas y se asumieron como no competentes 2.816 (3%).
Evidentemente, aquí hay un dato que no puede pasar inadvertido: algo más de la tercera parte (el 35%) de las propuestas hechas al anteproyecto del Código de Trabajo no fueron aceptadas por las autoridades encargadas de la elaboración de ese documento.
Claro que no podemos saber con exactitud qué tipo de propuestas fueron las no aceptadas. Todo debido a esa especie de trampa de la “democracia participativa” del castrismo, que realiza muchas reuniones en pequeños espacios, separados unos de otros, con el resultado de que los planteamientos hechos en un sitio no se conozcan a nivel de país, y así poder ocultar o manipular las opiniones y el deseo de muchos trabajadores.
Pero no es ocioso pensar que muchas de las propuestas no aceptadas, más allá de alguna que otra con deficiencias metodológicas en su redacción, tengan que ver con opiniones que se aparten de la línea política e ideológica de los mandamases cubanos. Por ejemplo, podrían referirse al derecho de huelga, a la posibilidad de organizar sindicatos compuestos únicamente por trabajadores del sector no estatal e, incluso, a la admisión de secciones sindicales que se formen al margen de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
En este sentido es conveniente considerar que el derecho de huelga, que siempre había sido una conquista de los trabajadores cubanos, fue suprimido en enero de 1961, al ser considerado un acto “contrarrevolucionario”, lo que no es más que otra muestra de la hipocresía de los gobernantes castristas. Ellos siempre utilizaron las huelgas para enfrentar al gobierno de Fulgencio Batista, y ahora ya en el poder no dudaron en suprimirla.
En el momento de la supresión ya los elementos comunistas de la CTC habían desplazado, con el total apoyo del gobierno, a los dirigentes obreros del M-26 de Julio que no abrazaban esa ideología, como fue, por ejemplo, el caso de David Salvador.
En este contexto del rechazo de los trabajadores a los sindicatos oficialistas sobresale un comentario aparecido en el periódico Trabajadores en su edición del 18 de mayo, en el que se valora la actitud de trabajadores no estatales artemiseños, que con sus ingresos compraron artículos para niños sin amparo parental, participaron en la recogida de escombros tras el paso del huracán Rafael, donaron sangre para víctimas de un accidente, reinsertaron socialmente a una exreclusa al término de su sanción y ayudaron en la limpieza de las calles de su localidad. Pero de afiliarse a los sindicatos oficialistas, ni hablar.
Y concluía el comentario afirmando que “casi el 80% de los trabajadores no estatales de esa provincia no desea ser parte de los sindicatos ni organizarse para que un colega los represente y los movilice”.
Precisamente, en esto último es donde radica el problema. Los trabajadores saben que los sindicatos adscritos a la CTC sirven más para movilizar que para representar. Es decir, que actúan como correas de trasmisión del mensaje ideológico de la maquinaria del poder, y menos para defender los intereses de los trabajadores.
