LA HABANA.- Mucho antes de los apagones de más de doce horas, del auge del «químico» vendido en parques o de los contenedores incendiados en las calles de La Habana como expresión del descontento social, Cuba ya conocía la existencia de grupos juveniles organizados al margen de la ley. Sin embargo, durante décadas el Estado evitó reconocer públicamente ese fenómeno y la prensa oficial guardó silencio.
Aunque hoy las pandillas ocupan cada vez más espacio en el debate público, su origen es muy anterior a la crisis actual.
Antes de 1959, La Habana contaba con un ecosistema de delincuencia organizado. Mientras la mafia estadounidense controlaba casinos y negocios vinculados al juego, también existía una estructura de actores locales dedicados al cobro de deudas, el control de vallas de gallos y la imposición de un orden informal en numerosos barrios de la capital.
Esa cultura del llamado «guapo habanero», capaz de ejercer autoridad mediante la violencia y resolver conflictos al margen de las instituciones, incluso precedía a la República. Un estudio publicado en la Revista de Historia de las Prisiones documenta que durante la crisis económica de 1929 ya operaban pandillas criminales en los solares habaneros, algunas integradas por menores de edad que eran explotados por organizaciones que les exigían entregar dinero bajo amenazas y maltratos. En otras palabras, la Revolución no creó este fenómeno, pero tampoco logró eliminarlo.
Tras 1959, el nuevo Gobierno desarrolló un sistema de control social mucho más amplio que el de cualquier administración anterior. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el servicio militar obligatorio, el empleo garantizado y la educación universal funcionaron como mecanismos para vigilar, disciplinar e integrar a buena parte de la población joven.
Las pandillas de la Revolución
Durante varias décadas, ese modelo consiguió contener la delincuencia organizada, al menos en el espacio público. Las pandillas que surgían eran pequeñas, de alcance local y, por lo general, desaparecían rápidamente. La socióloga María del Carmen Cordero, quien participó en un estudio estatal sobre el tema en 2015, estimó que cada año aparecían entre cinco y diez nuevas pandillas en La Habana, aunque la mayoría terminaba desintegrándose al poco tiempo. El Estado parecía mantener el control.
Ese equilibrio comenzó a romperse con el Período Especial. El desplome económico de los años noventa debilitó la capacidad estatal para sostener la red de control social construida durante décadas y favoreció la aparición de nuevas figuras criminales que ocuparon espacios donde la autoridad institucional perdía presencia.
En distintas provincias comenzaron a ganar notoriedad personajes vinculados al robo de ganado, las peleas de gallos, el cobro de deudas y otras actividades ilícitas. El crimen organizado, incluidas las pandillas juveniles, ya estaba presente en Cuba, aunque el régimen continuó sin reconocer oficialmente su existencia.
Durante la primera década del siglo XXI aparecieron en La Habana bandas con estructuras más definidas, nombres propios y control territorial. Entre ellas figuraban la Banda del Diamante, activa alrededor de 2014 y 2015 en las zonas del Parque de la Fraternidad, la calle Monte y la Terminal de Trenes, así como Sangre por Dolor.
Lejos de ser simples grupos de jóvenes conflictivos, estas organizaciones desarrollaron códigos internos, rituales de iniciación, tatuajes para identificar a sus integrantes y normas de lealtad que castigaban severamente la traición. A pesar de ello, el Estado siguió evitando reconocer públicamente la dimensión del fenómeno.
Uno de los episodios que más visibilizó esta realidad ocurrió el 8 de junio de 2024 en la Finca de los Monos, en el municipio Cerro, durante una actividad organizada por la Unión de Jóvenes Comunistas. Allí se produjo una violenta reyerta entre varias pandillas.
Las autoridades reportaron únicamente dos lesionados y descartaron fallecidos, mientras que fuentes independientes aseguraron que hubo al menos seis heridos. La diferencia entre ambas versiones reflejó, una vez más, la distancia entre la narrativa oficial y los testimonios recogidos fuera de los canales estatales.
Sin embargo, aquel enfrentamiento no fue un hecho aislado, sino la manifestación más visible de un fenómeno que llevaba años expandiéndose. Actualmente existen bandas en buena parte de los barrios habaneros, cuyos miembros suelen identificarse mediante tatuajes y otros símbolos de pertenencia.
Los municipios con mayor presencia de estos grupos incluyen Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Cerro, Marianao, Guanabacoa, San Miguel del Padrón y La Lisa. A organizaciones ya conocidas, como Diamante y Sangre por Dolor, se han sumado agrupaciones más recientes como 100paBajo, originaria de Santos Suárez; Faceta del Mundo, en el Cerro; y varias nacidas dentro del sistema penitenciario, entre ellas Obsorbo Fogo, Atá Perositan Nangorian, Justicha Allán y Miki Pintao.
Precisamente, las pandillas surgidas en prisión representan uno de los cambios más relevantes del fenómeno actual. A diferencia de las bandas tradicionales, cuyo ámbito de acción suele limitarse a un barrio o municipio, estas organizaciones trascienden las fronteras locales. Sus integrantes, una vez excarcelados, se establecen en distintas provincias e incluso emigran al extranjero, manteniendo vínculos con otros miembros de la organización.
Este proceso ha permitido que algunas estructuras criminales amplíen su capacidad de coordinación y consoliden redes que ya no dependen exclusivamente de un territorio específico, sino de relaciones construidas dentro del propio sistema penitenciario.
