noviembre 13, 2026

OCDH pide a Italia y a la UE activar mecanismos contra el trabajo forzoso de médicos cubanos

La organización reclama investigaciones independientes y protección para los sanitarios. Una investigación de CubaNet documentó retenciones salariales y controles sobre los profesionales enviados a Calabria.
Médicos Cubanos en Italia

LA HABANA.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó un informe jurídico que reclama a las autoridades italianas y a las instituciones europeas evaluar y activar ocho mecanismos de protección, investigación y supervisión ante los indicios de trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas desplegadas en Italia.

El documento sostiene que los compromisos internacionales del país receptor obligan a prevenir, detectar e investigar posibles situaciones de explotación laboral, aunque los profesionales hayan firmado contratos o aceptado inicialmente participar en el programa.

Para el OCDH, ese consentimiento no justifica que posteriormente se restrinja la libertad de abandonar el servicio. La organización señala como posibles instrumentos de coacción la retención de pasaportes, la vigilancia, la apropiación de buena parte de las remuneraciones y las amenazas de sanciones por desvincularse de la misión.

La petición pone el foco también en la actuación de las autoridades italianas: según el análisis del Observatorio, las omisiones en la detección y protección de posibles víctimas pueden comprometer la responsabilidad del Estado receptor.

Lo que documentó CubaNet en Calabria

Las denuncias tienen como antecedente la investigación de CubaNet De La Habana a Calabria: la estafa perfecta a los médicos cubanos, publicada el 27 de junio de 2025 y firmada por Annarella Grimal. El trabajo se basó en entrevistas a integrantes de la misión, bajo condición de anonimato por temor a represalias, y en decenas de documentos internos de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), entidad del Ministerio de Salud Pública.

La investigación describió un doble marco contractual: las autoridades sanitarias italianas pagaban directamente a los médicos, pero estos debían transferir cada mes a la empresa cubana una parte de sus ingresos, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por La Habana.

Según los cálculos publicados, los profesionales podían conservar entre el 28% y el 46% del salario base neto y solo el 28,5%, o menos, de las horas extraordinarias y otras compensaciones. El reportaje también documentó exigencias adicionales de pago y mecanismos de vigilancia que limitaban su autonomía personal y profesional.

El OCDH retomó estos hallazgos en un encuentro celebrado el 23 de octubre de 2026. En esa sesión se expusieron restricciones a la movilidad, las declaraciones a la prensa y las relaciones personales, recogidas en circulares y reglamentos de la misión. Los participantes reclamaron asistencia jurídica independiente y contratación directa sin intermediación estatal.

Ocho vías para investigar y proteger

El nuevo informe identifica instrumentos que pertenecen tanto a la Unión Europea como al Consejo de Europa y al sistema nacional italiano.

En el ámbito comunitario, menciona el artículo 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata, y la Directiva 2011/36/UE contra la trata de seres humanos.

Esta última establece que la asistencia a las víctimas no debe depender de su disposición a colaborar en una investigación penal. También exige mecanismos de identificación y apoyo cuando existan motivos razonables para considerar que una persona podría haber sufrido trata.

El Observatorio plantea además examinar la posible responsabilidad de las personas jurídicas que intervengan en la contratación o se beneficien de la explotación; solicitar la actuación de la Comisión Europea ante eventuales incumplimientos del Derecho de la Unión; y evaluar la aplicación del régimen europeo de sanciones por graves violaciones de derechos humanos.

Otras dos vías son el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambos vinculados al Consejo de Europa. El primero supervisa el cumplimiento del convenio contra la trata; el segundo puede examinar, cuando se cumplan los requisitos de admisibilidad, posibles incumplimientos estatales de las obligaciones de protección.

El calendario provisional de la cuarta ronda de evaluación de GRETA sitúa la visita a Italia entre enero y marzo de 2027. Se trata de una evaluación general del país, no de una investigación específica sobre la misión médica cubana.

Como vía de actuación inmediata, el documento señala a las fiscalías, la policía, los Carabinieri y la Inspección Nacional del Trabajo de Italia, junto con los servicios de asistencia a víctimas.

Las sanciones por abandonar una misión

Entre los elementos que el OCDH considera relevantes figura el artículo 176 del Código Penal cubano, que castiga determinados supuestos de abandono de una misión en el extranjero o negativa a regresar al país.

La norma distingue entre funcionarios y empleados públicos: para los primeros establece penas de tres a ocho años de prisión; para los segundos, de dos a cinco años. Por tanto, la pena máxima de ocho años no debe presentarse como una sanción aplicable automáticamente a cualquier profesional sanitario que abandone una misión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también examinó estas disposiciones en su informe de 2026 sobre los derechos laborales del personal sanitario cubano en misiones internacionales. El organismo recogió testimonios según los cuales las posibles sanciones eran comunicadas al inicio de las misiones como advertencia frente al incumplimiento contractual.

Investigaciones independientes y garantías frente a represalias

El OCDH reclama a Roma y a Bruselas investigaciones formales e independientes sobre las condiciones de los convenios, la voluntariedad efectiva de los profesionales y su posibilidad de abandonar el programa sin sufrir represalias.

“La cooperación médica (…) no puede realizarse al margen del Estado de derecho, con independencia de la nacionalidad del cooperante”, sostiene la organización.

La presentación del informe no equivale a una resolución judicial que declare la existencia de trabajo forzoso en Italia. Su propósito es que las autoridades competentes examinen los indicios denunciados y garanticen protección y vías de amparo a los profesionales afectados.

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