Una transición a la democracia no consiste únicamente en sustituir un sistema político por otro. En el caso cubano, implicaría enfrentar décadas de pobreza, represión y ausencia de libertades, reconstruir las instituciones y definir las bases de una nueva convivencia nacional.
Pero ese proceso también plantea interrogantes fundamentales: ¿debería ser ilegalizado el Partido Comunista de Cuba? ¿Qué lugar tendrían quienes formaron parte del sistema y quisieran participar en la reconstrucción? ¿Cómo conciliar la búsqueda de justicia por las violaciones cometidas con la necesidad de reconciliación nacional?
Son preguntas que apuntan a uno de los mayores desafíos de una eventual transición: cómo construir un país democrático sin reproducir las prácticas de exclusión y persecución del pasado.
Sobre estas y otras interrogantes conversamos con Yaxys Cires, abogado con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia en Cuba. Desde hace más de una década, lleva la voz de la sociedad civil cubana ante parlamentos y foros internacionales. Actualmente es director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), desde donde participa en el análisis y la formulación de propuestas sobre el futuro político de la Isla.
Un informe reciente del OCDH expone que la pobreza extrema en Cuba alcanza al 94 % de la población. ¿Cómo puede Cuba recuperarse de la pobreza extrema y el deterioro institucional provocados por décadas de crisis y represión? ¿Qué país recibiría una eventual transición democrática?
La Cuba que llega a un escenario de transición está muy marcada por la grave situación política, económica y social. De alguna manera, la cifra del 94 % de pobreza que recogen nuestros estudios sobre los derechos sociales refleja la gravedad de la situación que se está viviendo.
Es un país colapsado donde no funcionan las infraestructuras ni los servicios públicos. Por eso, esto constituirá un objeto de trabajo urgente para ese gobierno o ese ente de transición.
Es evidente que no puede ser solamente una transición política, sino que también tiene que ser una transición económica y social.
Ahora, el deterioro es tan grande que nos preguntamos, por ejemplo, desde el Observatorio o desde la plataforma “Pasos de Cambio”, si podemos esperar a que las reformas políticas y económicas den resultado o si hay que hacer algo antes. Nosotros creemos que, desde el principio, hay que tener un plan enfocado en la ayuda humanitaria.
En un escenario de transición a la democracia, ¿cuáles serían las principales medidas a implementar para contrarrestar la pobreza extrema? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para reconstruir la sociedad cubana?
Cuba es un país con muchas heridas y, por tanto, hay muchas prioridades y sectores que atender rápidamente desde el Estado, desde la sociedad civil, desde la cooperación internacional. En primer lugar, está la necesidad de justicia y que no haya impunidad en esa nueva etapa.
Estamos hablando de un país que, durante este proceso de revolución comunista, ha tenido miles de presos políticos, miles de personas fusiladas, de violaciones a los derechos humanos de todo tipo.
De hecho, actualmente se cometen al menos diez acciones represivas cada 24 horas, solamente por el ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a la libre manifestación.
Otra de las prioridades es la lucha contra la pobreza y la generación de las condiciones necesarias para que haya prosperidad. Y que la gente vea, en democracia, que también se tienen en cuenta sus necesidades. Pero, para lograr todo eso, tiene que haber también instituciones democráticas sólidas e independientes.
Son muchas las prioridades que podría citar, pero podría destacar la justicia y la búsqueda de la prosperidad como forma de luchar contra el empobrecimiento que el régimen cubano ha impuesto a toda la sociedad cubana.
¿Cómo recuperar la confianza de los cubanos en las instituciones y en quienes los gobiernen, después de décadas de concentración del poder? ¿Qué condiciones serían necesarias para sentar las bases de una democracia duradera?
Eso tiene que partir, en primer lugar, de que esos dirigentes, esos servidores públicos, en especial los que están llamados a ejercer el gobierno, sean elegidos democráticamente.
En Cuba, desde 1959, no hay elecciones democráticas. El régimen siempre se ha basado en el férreo control político, además de en la veneración de la imagen de Fidel Castro, quien concentró todo el poder, después de Raúl Castro, y sigue en manos de la familia Castro.
Después, debe haber transparencia; esas autoridades tienen que rendir cuentas. El régimen se ha basado en el secretismo, en la impunidad. No hay ningún dirigente cubano que rinda cuentas, y no lo hacen porque no hay poderes independientes. Y ese es el tercer elemento: la necesidad de instituciones independientes, que el gobierno no le dicte lo que tiene que hacer al órgano legislativo y menos al judicial, por ejemplo.
El gobierno y las instituciones deben estar en función del ciudadano, no del Partido Comunista, no de una élite o de otro partido que pueda venir en el futuro. Tenemos que poner a la persona humana como centro de la actividad política del país y también como centro de la actividad económica y social.
¿Cuál será el papel de la sociedad civil cubana en la reconstrucción del país y cómo puede convertirse en protagonista de la transición?
La sociedad civil juega un papel muy importante en gran medida. Así funciona en las democracias, donde hay sociedades civiles fuertes, funciona como fiscalizador, como contrapeso de las estructuras políticas.
Una sociedad civil fuerte, que fiscalice, que exija transparencia, es muy importante para Cuba y ese va a ser un papel fundamental; pero también una sociedad civil que haga propuestas para ese futuro de Cuba.
Si bien el gobierno es quien ejerce el poder y las instituciones del Estado son las que están llamadas a hacerlo, es imposible que los partidos políticos, por ejemplo, tengan una bola mágica que tenga todas las soluciones para lo que necesita el país, y es ahí donde la sociedad civil juega un papel muy importante.
Eso sí, creemos que en diálogo constante y directo con la propia población y con los poderes elegidos democráticamente. No tiene por qué haber un complejo de superioridad por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sino más bien una colaboración con los órganos del poder.
¿Cómo garantizar que los derechos humanos dejen de depender de la voluntad del poder o de una ideología en el poder y se conviertan en la base de la nueva Cuba?
En primer lugar, los derechos humanos tienen que tomar forma en la estructura legal del país. La Constitución debe recoger los derechos naturales, convertirlos en derechos fundamentales que sean respetados, pero para eso tiene que haber las garantías. Un derecho sin garantías está condenado a que no se respete, y esas garantías las tienen que brindar las instituciones del Estado. También se necesita que haya tribunales independientes, que se respeten los principios del debido proceso y de la independencia judicial.
Esto no solamente es un elemento fundamental para el ejercicio de la actividad política y democrática, sino también para la seguridad jurídica.
Es decir, hay que tener presente que los derechos deben estar recogidos en las leyes, en la Constitución, no deben estar supeditados a la voluntad de un partido o de un grupo político o económico determinado. También, en una Cuba democrática, se deben suscribir y ratificar, de manera urgente —me refiero a una Cuba democrática—, los Pactos Internacionales de derechos humanos.
Es imposible concebir una Cuba del futuro sin un respeto claro a los derechos humanos.
¿Cómo equilibrar la búsqueda de justicia con la necesidad de reconciliación nacional?
La justicia y la reconciliación nacional son dos pilares fundamentales de una Cuba en transición y yo no veo que estén enfrentados.
La justicia, en primer lugar, tiene que basarse en el respeto estricto a los derechos humanos, y la justicia tiene que ser justa, valga la redundancia, por lo que no es un concepto vacío. Es cierto que un proceso que busque justicia en Cuba va a ser complejo porque han sido décadas de mucha injusticia, de mucha impunidad, de ausencia de mecanismos para resarcir moral y económicamente a la gente.
Va a ser un proceso delicado, donde no siempre, lamentablemente, se va a poder responder de la manera que todo el mundo desea.
Y ese proceso de reconciliación nacional es imposible construirlo sin justicia. Pero también tenemos que soltarnos de ese lastre, de ese odio que sembró el comunismo en Cuba. Y en ese proceso de sanación, va a ser muy importante la labor de la sociedad civil, de las iglesias, católicas y cristianas.
¿Se puede defender el pluralismo político después de décadas de un partido único? ¿Cree que debe prohibirse el comunismo y el PCC en una futura Cuba democrática?
En una democracia, el pluralismo político es fundamental. El pluralismo es reconocer como legítima esa diversidad de opiniones, por ejemplo. Por tanto, es impensable esa Cuba del futuro sin que la gente pueda afiliarse libremente a diferentes partidos políticos.
Con respecto al Partido Comunista, yo creo que hay diferentes elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha actuado durante estas décadas como una organización dedicada a la violación sistemática de derechos humanos, al empobrecimiento del pueblo.
Por otro lado, tampoco el PCC ha contribuido al proceso de cambio que tanto necesita el país, ni parece tener intenciones de hacerlo. Tal parece que, hasta el último momento de existencia de la dictadura, va a seguir siendo parte de eso: la fuerza primordial y omnímoda del país.
Por tanto, teniendo en cuenta estos elementos, algunos pensamos que el PCC debería ser ilegalizado en una Cuba democrática.
Y esto, en ningún caso, va en contra del pluralismo político, no va contra aquellas personas que tengan ideas comunistas, sino que va en contra de un partido que, en realidad, ha sido una organización que se ha dedicado sistemáticamente a violar los derechos humanos y a empobrecer al pueblo cubano.
¿Qué debería pasar con quienes fueron parte del sistema y quisieran participar en la nueva Cuba? ¿Cómo distinguir entre la responsabilidad por violaciones de derechos humanos y el derecho de cualquier ciudadano a participar en la vida pública?
Estamos hablando de un país que ha atravesado largas décadas de sistema comunista; la mayoría de la población ha nacido o se ha desarrollado en el sistema imperante en la actualidad. Por tanto, hay que distinguir, en un proceso histórico —como está llamado a ser la transición democrática—, entre lo que significó, por ejemplo, que una persona haya trabajado para una empresa estatal —en un país donde el Estado lo ha controlado casi todo durante décadas— o, en cambio, de aquellos que sí tuvieron responsabilidades políticas en el ejercicio del poder, principalmente aquellos que han estado vinculados a la represión y a las violaciones de los derechos humanos.
En cualquier caso, el sistema cubano, en un proceso de transición democrática, debe vivir un proceso de lustración de estructuras importantes como el Ministerio del Interior, los órganos de la seguridad del Estado, los tribunales y el sistema judicial.
En una nueva etapa democrática cubana, no puede haber gente que haya estado implicada directamente en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos.
En Cuba mucha gente ha sido miembro, por ejemplo, de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de otras organizaciones. Por tanto, hay que ser ecuánime, moderado y distinguir bien entre la gente común y la gente que sí ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos y en represión o, incluso, en el empobrecimiento de la población cubana.
En un proceso de transición, ¿cuáles serían los mayores desafíos?
En primer lugar, está el tema de hacer justicia, de que no haya impunidad con respecto al pasado, porque si se nace desde la impunidad es un mensaje negativo para la Cuba que queremos construir.
Otro desafío es poder construir instituciones fuertes, independientes, que rindan cuentas en un país donde lo que ha existido es la voluntad de un hombre o de una familia.
Es importante que la gente entienda que el país necesita instituciones, que cada uno no puede hacer lo que quiera, que tienen que existir leyes, leyes justas, pero leyes que hay que respetar.
En este sentido, otro de los desafíos será mantener la estabilidad interna del país en un contexto de deterioro social creciente. Hemos visto cómo en los últimos años la violencia y la inseguridad ciudadana han sido uno de los principales problemas.
Otro desafío será la seguridad jurídica. Un país que no tiene seguridad jurídica no va a poder atraer las inversiones que son muy necesarias para que la nación eche a andar desde el punto de vista económico, y también social.
También está el desafío de reconstruir toda la infraestructura nacional: los servicios públicos, los acueductos, el alcantarillado, la electricidad, los hospitales…
Y también debe reconstruirse la familia, la cual ha sido duramente atacada por el régimen desde el inicio, causando división, sufrimiento y separación. Hay que apostar por la familia, por la educación de las nuevas generaciones.
Finalmente, creo que Cuba también tiene el desafío y, a la vez, la potencialidad de convertirse en un actor virtuoso en el escenario internacional: dejando de ser causa de división en otros países, de inestabilidad, de generación de conflictos en otras naciones.
No obstante, lo principal es que confío plenamente en que el pueblo cubano va a ser capaz de responder a estos desafíos.
