MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno cubano tenía entre 15.000 y 18.000 trabajadores en misiones en el extranjero en 2026, frente a unos 24.000 a comienzos de 2025, según indica el Informe sobre la Trata de Personas 2026, que el Departamento de Estado publicó este jueves.
De acuerdo con el documento, la presión de EE.UU. —las denuncias públicas del trabajo forzoso y las restricciones de visado, entre otras medidas— “redujo drásticamente el número de trabajadores vinculados al régimen y de países que reciben misiones laborales”.
Entre esos países, el informe cuenta cuatro que en 2025 pusieron fin a su acuerdo bilateral con La Habana, aunque no dice cuáles. Con esas cifras, la plantilla exportada se habría reducido entre una cuarta parte y algo más de un tercio.
El texto describe también cómo se hizo. Bajo la Administración Trump, funcionarios del Departamento de Estado “presionaron a los gobiernos receptores para que pusieran fin a los acuerdos con el régimen cubano”, con el objetivo declarado de proteger a los trabajadores y cortar las ganancias de La Habana.
Por primera vez desde 2010, cuando el informe empezó a documentar el programa, hay países que revisan las prácticas cubanas, renegocian sus convenios o rompen la cooperación, sostiene el Departamento.
Cuba repite en el nivel 3, el más bajo de la clasificación. También figura otra vez en la lista de gobiernos con una “política o patrón” de trata, junto con Afganistán, Bielorrusia, Birmania, Camboya, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur y Sudán.
El capítulo dedicado a la Isla concluye que hubo trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra, que incluye las misiones médicas, y que el régimen se lucró con él. El periodo evaluado va del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026.
Los médicos y demás profesionales de la salud son el 75% de los trabajadores civiles que Cuba exporta. El informe los define como un “salvavidas financiero” del régimen, que genera “miles de millones de dólares” en divisas. Según el documento, el Estado cubano se queda con entre el 50% y el 95% de sus salarios, les paga un estipendio inferior al de otros profesionales que hacen el mismo trabajo y controla sus pasaportes y sus títulos.
El informe advierte además que pagarles directamente a los médicos no basta. Algunos gobiernos les entregan el sueldo o un estipendio a los trabajadores, pero no vigilan que el régimen los obligue a devolverle una parte considerable de lo cobrado, señala el texto.
La recomendación es terminar los acuerdos que mantienen al Estado cubano como intermediario y contratar a los profesionales sin pasar por él. La advertencia llega dos días después de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, anunciara en una entrevista con El Observador que el Banco de Previsión Social pagará directamente un estipendio a los 20 médicos cubanos del Hospital de Ojos “José Martí”, en Montevideo, en lugar de pagarle a La Habana.
Las misiones médicas no son el único frente. El capítulo de Cuba calcula que unas 85 entidades estatales exportan servicios con prácticas coercitivas parecidas, algunas vinculadas al conglomerado militar GAESA, incluidas las que operan en Angola, donde ubica a más de 2.000 víctimas de trabajo forzoso. Menciona también a casi 7.000 marinos, entre ellos trabajadores de cruceros, y a cubanos reclutados con engaños para trabajar en Rusia y obligados después a combatir en Ucrania.
Quien abandona una misión sin terminarla es catalogado como “desertor” por el Ministerio del Interior (MININT) y no puede volver a Cuba durante ocho años, recuerda el documento. El Código Penal de 2022 castiga además con tres a ocho años de cárcel a los trabajadores que no completan su asignación o no regresan a la Isla al terminarla, una norma que, según el informe, castiga a posibles víctimas de trabajo forzoso.
“La Administración Trump usará todas las herramientas disponibles para combatir a los traficantes y a quienes los facilitan y llevarlos ante la justicia”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, al presentar el informe.
