MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó este 2 de septiembre en la Florida International University (FIU), durante el encuentro “Colapso social en Cuba”, su IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en la Isla, que sitúa al 94% de la población en pobreza extrema y cifra en 95% la desaprobación de la gestión económica y social del Gobierno.
La presentación fue introducida por la activista Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora de Pasos de Cambio.
Durante su intervención, Payá describió la situación en la Isla como una crisis de enorme gravedad. “Los cubanos en estos momentos están sufriendo de manera inmensurable. La catástrofe humanitaria en nuestro país es innegable”, afirmó, y sostuvo que ese escenario “habla de la urgencia del cambio en Cuba”.
La activista atribuyó la crisis al colapso de un sistema que ha destruido la capacidad productiva del país, empobrecido a las familias y degradado los servicios esenciales. “El diagnóstico no basta”, advirtió, al señalar que el descontento social, si permanece disperso y sin un rumbo común, puede traducirse en una mayor fragmentación.
Payá también se refirió a los ejes de cambio que promueve, entre ellos la reunificación nacional, la prosperidad, la desmilitarización del Estado y la erradicación del poder político de doctrinas totalitarias. En ese contexto, insistió en que un eventual proceso de transformación “no puede improvisarse”.
Como parte de esa preparación, mencionó un plan de asistencia humanitaria para una fase de estabilización, dirigido a garantizar acceso inmediato a alimentos, medicinas, agua potable, energía y otros servicios esenciales. La ayuda, explicó, “deberá llegar directamente a las personas y las comunidades” mediante mecanismos independientes de distribución, supervisión y transparencia.
Además, hizo un llamado amplio a la participación de los cubanos dentro y fuera de la Isla. “Cada cubano, donde quiera que se encuentre, está llamado a sumarse. Esto es para todos, incluidos los que hoy todavía están trabados dentro de las estructuras totalitarias”, afirmó. Y remarcó: “Nadie puede sustituir al pueblo cubano en esta tarea”.
Mientras que Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, expuso los principales resultados del estudio. La investigación se basa en 1.318 entrevistas realizadas entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026 en 79 municipios de todas las provincias, con un margen de error de ±2,8 puntos y un nivel de confianza del 95%.
Entre los principales hallazgos aparece el agravamiento de la precariedad económica y alimentaria. El 63% de los entrevistados declaró tener dificultades incluso para adquirir los bienes esenciales y otro 30% dijo disponer de ingresos suficientes únicamente para cubrir las necesidades básicas. Solo un 6% puede realizar compras más allá de lo imprescindible.
La situación repercute directamente en la alimentación: ocho de cada diez consultados afirmaron haber dejado de desayunar, almorzar o comer en algún momento de los seis meses anteriores por falta de dinero, de alimentos o de ambos. Entre los mayores de 61 años, la proporción aumenta a nueve de cada diez. Además, el 68% de los hogares reportó ingresos mensuales inferiores a 20.001 pesos cubanos.
La presentación incluyó también intervenciones sobre las posibles respuestas ante la crisis. Como panelistas participaron Teo Babun, presidente y director ejecutivo de Outreach Aid to the Americas; Andrés Asion, integrante de la junta asesora de Global Empowerment Mission; y el sacerdote José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional Ermita de la Caridad.
Babun sostuvo que “la crisis es ahora” y defendió que la ayuda sea rápida, comunitaria, descentralizada, transparente y escalable. Espino puso el ejemplo de que uno de los sacerdotes con los que trabaja en Cuba había contado con apenas 36 horas de electricidad durante 14 días.
Precisamente, la infraestructura eléctrica encabeza las evaluaciones negativas del informe: el 95% considera malo su estado. Le siguen la recogida de basura y los vertederos, con 87%; internet y telefonía, con 86%; acueductos y alcantarillados, con 84%; y hospitales y centros de salud, con 82%. El 80% califica también negativamente las carreteras.
El estudio refleja además un amplio rechazo a la gestión económica y social del Gobierno: el 73% la considera “muy negativa” y otro 22% “negativa”, frente a solo un 3% que la valora positivamente. El 84% tampoco confía en que las recientes medidas económicas oficiales puedan mejorar la situación del país.
Al cerrar el encuentro, Payá vinculó la gravedad de esos indicadores con la necesidad de prepararse para un eventual proceso de transformación. “No basta con imaginar una Cuba libre”, señaló, y llamó a proteger a la población durante ese camino y a asumir conjuntamente la responsabilidad de reconstruir el país. Asimismo, enfatizó que «la única salida para que se acabe la catástrofe humanitaria en Cuba es el fin de la dictadura».
