MIAMI, Estados Unidos ― El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 344 acciones represivas en Cuba durante septiembre de 2026. Entre ellas figuran 151 casos de personas cercadas o vigiladas en sus viviendas, según el balance que la organización publicó este martes, 6 de octubre.
El registro incluye 17 detenciones arbitrarias y 327 acciones clasificadas como otros abusos. La organización denunció restricciones para asistir a actividades religiosas y encuentros de la sociedad civil, agresiones bajo custodia y procesos penales contra periodistas y creadores independientes.
“Ha sido un mes nefasto para la libertad de expresión y el periodismo independiente”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH. El funcionario advirtió que la situación podría empeorar y sostuvo que la negativa del régimen a discutir asuntos políticos internos en negociaciones implica mantener las leyes y prácticas que permiten la represión.
Uno de los operativos señalados ocurrió el 18 de septiembre. Periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil denunciaron cercos policiales, prohibiciones de salir de sus casas y amenazas de detención para impedirles asistir a “Noches americanas”, un encuentro organizado por la Embajada de EE.UU. en La Habana. Entre los afectados estuvieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta y Óscar Elías Biscet.
Las Damas de Blanco denunciaron vigilancia reiterada durante los cuatro domingos del mes para impedirles acudir a misa. El observatorio también registró restricciones durante las celebraciones de la Virgen de Regla, la Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de las Mercedes.
Las detenciones ocurrieron principalmente en La Habana, con casos adicionales en Holguín, Camagüey y Matanzas. Entre los arrestados figuran el periodista Henry Constantín y la profesora Alina Bárbara López Hernández, quien fue detenida cuando salió a manifestarse pacíficamente y pedir la libertad de los presos políticos.
Constantín, director de La Hora de Cuba, fue detenido el 16 de septiembre y posteriormente quedó en prisión provisional. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió su liberación el 25 de septiembre y reclamó el fin del hostigamiento contra la prensa independiente.
El balance recoge también la denuncia de Roberto Ponce Valdespino, quien habría sido golpeado durante su arresto tras participar en una protesta por los apagones y la falta de agua. Mario Víctor Liquí Rodríguez y Margarita Barceló Prohías denunciaron que fueron desnudados, fotografiados y amenazados bajo custodia.
En las cárceles, el OCDH documentó al menos 46 casos de abusos contra presos políticos. Las denuncias incluyen falta de atención médica, alimentación insuficiente o en mal estado, aislamiento, incomunicación, agresiones y restricciones de derechos penitenciarios. La madre de Yoan Arévalo denunció que su hijo vomitaba y defecaba sangre sin recibir atención médica adecuada. Jorge Bello Domínguez llevaba más de un año esperando una cirugía, según el comunicado.
La organización informó además de ocho condenas por “propaganda contra el orden constitucional” en Las Tunas. Según su descripción de la sentencia dictada el primero de septiembre por el Tribunal Provincial Popular, Guillermo Carralero López recibió ocho años de prisión y otros siete acusados fueron condenados a siete años cada uno.
El informe señala que Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, responsable del canal satírico Despingovery Channel, permanece en prisión provisional en el Combinado del Este, acusado de presunto espionaje. Fue detenido el primero de junio. Según el OCDH, el Tribunal Militar rechazó las solicitudes de la defensa para revisar judicialmente su detención y modificar la medida que lo mantiene encarcelado antes del juicio.
En Holguín, la Fiscalía solicita 10 años de prisión para Kamil Zayas Pérez y ocho para Ernesto Ricardo Medina, integrantes de El4tico, detenidos el seis de febrero. El observatorio indicó que se les imputan delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y de héroes y mártires, e instigación a delinquir. El Tribunal Provincial dispuso la apertura del juicio oral mediante una resolución fechada el 28 de septiembre.
El balance anterior, publicado el nueve de septiembre, recogía al menos 304 acciones represivas durante agosto. El OCDH advirtió entonces que esos datos eran provisionales y que la crisis energética dificultaba documentar y transmitir la información, con al menos una treintena de casos todavía en verificación.
