MIAMI.—«Cuba is next» —Cuba es la próxima—. La frase que Donald Trump pronunció el 27 de marzo durante el foro de inversiones FII Priority, en Miami Beach, alentó las expectativas de sectores del exilio que esperan una acción de Washington contra el régimen cubano. Ocho meses después, la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso introduce un nuevo interrogante sobre el rumbo de esa política.
Cuando los nuevos legisladores asuman sus cargos en enero de 2027, la Administración republicana encontrará mayor resistencia para aprobar sus iniciativas y estará sometida a una fiscalización más intensa. Sin embargo, los analistas consultados por CubaNet advierten que ese cambio de mayorías no conduce necesariamente a una distensión con La Habana.
El Congreso podrá abrir investigaciones, convocar audiencias y debatir modificaciones a la política hacia Cuba, pero Trump conservará amplias atribuciones en asuntos internacionales. Según los entrevistados, esa combinación podría favorecer tanto iniciativas de acercamiento como una respuesta más dura del presidente.
Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, considera que el revés electoral podría incentivar a Trump a intensificar su actividad exterior. A su juicio, el mandatario buscará resultados internacionales que le permitan construir un legado y contrarrestar el desgaste provocado por las dificultades económicas internas, particularmente el costo de la vida.
Blanco identifica «tres escenarios centrales en esa estrategia: Irán, Cuba y Ucrania».
«La derrota electoral lejos de apaciguarlo puede incentivar un activismo mayor en esos asuntos», sostiene el analista, quien recuerda que Trump dispone de los dos años restantes de su mandato para intentar alcanzar esos objetivos.
En la definición de esa política ocupa un lugar importante el secretario de Estado, Marco Rubio. Este jueves, un reporte de The Independent, basado en fuentes anónimas, planteó una posible salida del funcionario de la Administración para preparar una candidatura presidencial en 2028. La Casa Blanca y el Departamento de Estado rechazaron esa versión. Por ahora, no hay una decisión confirmada de Rubio de abandonar el cargo.
El cambio de mayorías sí ampliará las posibilidades de supervisión legislativa, aunque los demócratas no podrán imponer por sí solos una nueva política hacia La Habana.
El analista Joel Brito considera que los legisladores podrían «convocar audiencias sobre las consecuencias humanitarias de las sanciones, investigar las actuaciones del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro y examinar el impacto de las restricciones financieras sobre las familias cubanas».
Esas discusiones también podrían reabrir el debate sobre la eficacia de las medidas de presión económica. Brito advierte, sin embargo, que «dentro del Partido Demócrata no existe una posición única sobre Cuba. Mientras un sector defiende mantener la presión sobre el régimen por razones relacionadas con los derechos humanos y las libertades públicas, otro considera que el embargo no ha conseguido sus objetivos y apuesta por ampliar los contactos con la sociedad cubana».
Las diferencias podrían traducirse en iniciativas para modificar aspectos concretos de la relación bilateral. Entre las posibilidades que contempla Brito están un alivio selectivo de las restricciones a las remesas, los viajes y los contactos comerciales, así como mayores facilidades para la ayuda humanitaria y los intercambios culturales.
Una eventual flexibilización, advierte, «no tendría necesariamente el alcance de un cambio integral». A su juicio, esas medidas podrían proporcionar recursos a la economía cubana y, al mismo tiempo, dar un respiro al régimen.
Brito tampoco descarta acuerdos puntuales sobre inmigración, seguridad fronteriza o narcotráfico. «Un eventual proceso de negociación podría incluir presiones estadounidenses para conseguir la liberación de presos políticos, sin que ello implique necesariamente una modificación general de la política de Washington hacia el Gobierno cubano».
Más allá de las decisiones que se adopten en Estados Unidos, el analista considera que la continuidad del sistema cubano dependerá de su capacidad para administrar una crisis interna cada vez más profunda. Entre los factores decisivos menciona la gestión de la economía, la cohesión institucional, el control del descontento y la prestación de servicios básicos como la electricidad y el agua.
La escasez de combustible y el deterioro del sistema eléctrico constituyen, en su análisis, dos de las principales vulnerabilidades del país. La incapacidad del Gobierno para responder a esas necesidades podría agravar el malestar social y dificultar sus mecanismos de control.
Desde otra perspectiva, Santiago Alpízar, presidente de Cuba Demanda Inc., sostiene que una salida democrática para la Isla no debe quedar supeditada a las elecciones estadounidenses.
Aunque considera que «una victoria demócrata podría favorecer un acercamiento a La Habana y proporcionar oxígeno político y económico al régimen», recuerda que la Ley Helms-Burton establece condiciones para la suspensión o terminación del embargo. Esas disposiciones limitan el alcance de un eventual acercamiento, aunque existen márgenes para adoptar medidas diplomáticas y regulatorias.
«La supervivencia de la dictadura depende fundamentalmente de su crisis interna», sostiene Alpízar, quien considera que los cubanos han perdido oportunidades históricas por no articular un proyecto de transformación institucional.
El abogado promueve desde Cuba Demanda Inc. una Denuncia y Demanda Constitucional que, según su interpretación, permite reclamar cambios democráticos invocando derechos reconocidos en la legislación cubana. Su propuesta se apoya en los artículos 3 y 56 de la Constitución, relativos a la soberanía popular y a los derechos de reunión, manifestación y asociación.
Esa interpretación se enfrenta a las restricciones del propio ordenamiento. El artículo 56 condiciona el ejercicio de esos derechos al respeto del orden público y de la ley, mientras que el artículo 4 declara irrevocable el sistema socialista.
«La solución de Cuba debe surgir del ejercicio soberano de su pueblo, no de los resultados electorales de Washington», afirma Alpízar. También considera que la Administración Trump necesita una estrategia hacia la Isla con objetivos jurídicos y políticos definidos, orientados a una transición democrática y que trasciendan las sanciones y las declaraciones públicas.
Los cubanos en Estados Unidos
El nuevo equilibrio político estadounidense podría repercutir, además, en asuntos que afectan directamente a la comunidad cubana en ese país, como las políticas migratorias, la reunificación familiar y el costo de la vida. Entre las medidas que han generado preocupación figuran las deportaciones a terceros países, incluidos casos de cubanos enviados a África.
En Florida, los republicanos conservaron puestos importantes, aunque algunas contiendas resultaron especialmente ajustadas. Ashley Moody ganó la elección al Senado federal, mientras que la disputa por el distrito 27 de la Cámara de Representantes, entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez, se encaminaba a un recuento. Según informó Axios el 5 de noviembre, la diferencia era de 0,46 puntos porcentuales, dentro del umbral del 0,5 % previsto para un recuento automático por máquina.
Brito contempla que las preocupaciones de las familias cubanas también encuentren espacio en las discusiones legislativas, especialmente si los demócratas impulsan investigaciones sobre las consecuencias de las restricciones económicas, financieras y de viaje.
Alpízar, por su parte, sitúa la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano entre las prioridades de la comunidad. A su juicio, «las prácticas administrativas no deberían obstaculizar la aplicación de una legislación que continúa vigente». La norma, aprobada en 1966 y modificada posteriormente, permite solicitar la residencia permanente a quienes cumplen sus requisitos de elegibilidad.
El abogado sostiene que la defensa de los derechos migratorios y la solidaridad con los familiares en la Isla deben mantenerse sin facilitar, en su opinión, mecanismos de sostenimiento del Gobierno cubano. Dentro de su propuesta de presión, considera que una suspensión absoluta de los viajes, el comercio y las remesas podría resultar eficaz, aunque estima improbable que se adopte.
Las posiciones de los entrevistados muestran que el resultado electoral abre posibilidades distintas, e incluso contrapuestas. A partir de enero, un Congreso de mayoría demócrata podrá examinar y cuestionar las decisiones de Trump, mientras el presidente conservará herramientas para mantener o intensificar su presión sobre La Habana. Dentro de Cuba, la crisis económica, la respuesta ciudadana y la capacidad del régimen para conservar el control seguirán condicionando el alcance de cualquier cambio que llegue desde Washington.
