MIAMI, Estados Unidos — La plataforma opositora Pasos de Cambio anunció para el próximo 2 de septiembre, en Florida International University (FIU), una presentación del IX Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que sitúa al 94% de la población en pobreza extrema y en un 95% la desaprobación de la gestión económica y social del Gobierno.
El encuentro, titulado “Colapso social en Cuba”, tendrá lugar a las 6:00 de la tarde en el salón 102 del edificio SIPA II, en el campus Modesto A. Maidique de FIU, ubicado en 11200 SW 8th Street, Miami.
La activista Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora de Pasos de Cambio, presentará el acto, mientras Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, expondrá los resultados del estudio. La convocatoria anuncia además un panel dedicado a formular “propuestas para responder a la emergencia humanitaria en transición”.
Como panelistas aparecen Teo Babun, presidente y director ejecutivo de Outreach Aid to the Americas; Andres Asion, integrante de la junta asesora de Global Empowerment Mission; y el sacerdote José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional Ermita de la Caridad. Además, participarán como moderadores a Armando Ibarra, asesor principal de la Fundación para la Democracia Panamericana, y al abogado y profesor Mijail Bonito.
El informe que se debatirá en FIU fue divulgado el 13 de agosto en Buenos Aires, Argentina. El OCDH asegura que realizó 1.318 entrevistas personales en 79 municipios de todas las provincias cubanas, incluida la Isla de la Juventud, entre el 27 de junio y el 29 de julio de 2026. La investigación declara un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
La organización empleó entrevistas asistidas mediante teléfonos móviles y tabletas, con un muestreo que describe como aleatorio y estratificado por lugar de residencia, sexo, edad y grupo racial. Para procesar y analizar los datos utilizó la plataforma Open Data Kit y el programa estadístico SPSS.
El estudio tomó como referencia ingresos inferiores a 1,90 dólares diarios por persona y utilizó una mediana de 510 pesos cubanos por dólar, calculada con datos del mercado no estatal entre octubre de 2025 y junio de 2026. Según ese procedimiento, un hogar de tres integrantes necesitaría ingresar el equivalente a 171 dólares, o 87.210 pesos cubanos mensuales, para superar el umbral empleado por la organización.
Dentro de la muestra, el 68% declaró ingresos familiares inferiores a 20.001 pesos mensuales. El 63% dijo tener dificultades incluso para adquirir los artículos esenciales y otro 30% afirmó que sus recursos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. En total, ocho de cada 10 entrevistados señalaron que habían omitido al menos una comida diaria durante los seis meses anteriores por falta de dinero, alimentos o ambas causas.
La encuesta también describe un fuerte deterioro habitacional. El 47% afirmó que su vivienda necesitaba reparaciones, el 25% requería una intervención urgente y el 7% vivía en inmuebles en peligro de derrumbe. Solo el 18% consideró que su casa se encontraba en buen estado, mientras un 21% residía en condiciones que el OCDH clasifica como inseguridad habitacional, incluidas viviendas ocupadas sin título o permiso, albergues, campamentos y personas sin techo.
La infraestructura eléctrica recibió la peor evaluación: el 95% la calificó de mala. Le siguieron la recogida de basura y la gestión de vertederos, con un 87% de valoraciones negativas; los servicios de internet y telefonía, con 86%; los acueductos y alcantarillados, con 84%; los hospitales y centros de salud, con 82%; y las carreteras, con 80%. Al evaluar de conjunto las infraestructuras y servicios, el 95% los consideró regulares o malos y solo el 2% los describió como buenos.
Los apagones fueron identificados por el 70% como el principal problema que debería atenderse durante los próximos seis meses. La crisis alimentaria fue mencionada por el 52%; el costo de la vida y la inflación, por el 45%; la sanidad y la falta de medicamentos, por el 34%; los salarios, por el 27%; y la inseguridad y la violencia, por el 24%. La pregunta permitía escoger hasta tres respuestas.
La gestión económica y social del Gobierno recibió una valoración negativa del 95% de los entrevistados, mientras solo el 3% evaluó positivamente el desempeño de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz. Además, el 84% dijo desconfiar de las últimas medidas económicas anunciadas por La Habana y considerar que no mejorarán la situación; apenas el 6% esperaba un efecto favorable.
“Estos resultados evidencian el agotamiento político y económico del régimen cubano. Su gestión es ampliamente rechazada por los ciudadanos y sus medidas no generan confianza”, afirmó Cires al divulgar el estudio. “El Gobierno no puede seguir atribuyendo a factores externos las consecuencias de sus propias decisiones. El modelo improductivo y dependiente de otros países está en la base del problema, también sus prioridades”, agregó.
Pese al panorama descrito, el 50% de los encuestados manifestó que durante los siguientes seis meses podría producirse un cambio importante y favorable para la población, frente al 33% que no lo esperaba. El 76% dijo desear transformaciones simultáneamente políticas y económicas; el 9% prefirió cambios únicamente económicos y el 4%, solo políticos. La eliminación del embargo de Estados Unidos fue señalada por el 7% como el cambio deseado.
En materia de salud y educación, el 66% se inclinó por la coexistencia de servicios públicos y privados, el 21% defendió un modelo exclusivamente público y el 6% prefirió uno únicamente privado. Esos resultados y las posibles respuestas al deterioro de los servicios básicos formarán parte del debate anunciado en FIU por Pasos de Cambio, plataforma integrada por organizaciones cubanas de la Isla y el exilio que promueve una transición pacífica hacia la democracia.
