MIAMI, Estados Unidos ― El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció que parte del dinero que el país recibe por sus misiones médicas se ha empleado en respaldar “la leche de los niños” y en comprar combustible. Lo dijo en abril de 2025 ante Miguel Díaz-Canel, que se lo había preguntado expresamente, en el episodio 27 del videopódcast Desde La Presidencia.
Portal Miranda sostuvo que esos ingresos se destinan fundamentalmente al sector de la salud y que a veces, en momentos de apremio, se ha recurrido a ellos para esos dos fines. Díaz-Canel amplió entonces la lista. Según el gobernante, la situación del país ha obligado a usar parte de ese dinero en la compra de alimentos para la población, en la compra de medicamentos, en “apoyar la canasta básica” e incluso en “apoyo al sector energético”.
Cuatro días después, el propio sitio de la Presidencia dio una fórmula más amplia. Al reseñar una sesión del Consejo Nacional de Innovación encabezada por Díaz-Canel, publicó el 21 de abril de 2025 que los ingresos en divisas del sistema de salud se destinaban, “en primer lugar, a financiar las demandas en esas monedas para la atención médica y el incremento de la calidad de vida de toda la población cubana”.
En esa reunión, la presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, Yamila de Armas Águila, fijó como objetivo del proyecto alcanzar niveles superiores de ingresos en divisas.
Ninguno de esos destinos figura en el documento en el cual el Gobierno fijó por escrito qué hace con ese dinero. En una nota publicada en el diario oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Granma, el 2 de febrero de 2017, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) describió tres modalidades de colaboración —una en la que Cuba asume los gastos, otra compartida y una tercera en la que el país receptor abona el servicio— y enumeró en qué se emplea lo que se cobra por la tercera.
La nota dice que constituye “un aporte económico que contribuye a la sostenibilidad y desarrollo del sistema nacional de salud”, que “los ingresos por este concepto permiten sufragar la ayuda a naciones con extremas limitaciones socioeconómicas”, que financian la formación de profesionales en la Escuela Latinoamericana de Medicina y que sustentan las misiones del contingente Henry Reeve. No menciona alimentos, combustible ni electricidad.
La versión que dan los funcionarios que dirigen el programa tampoco es idéntica. En mayo de 2024, el entonces director de la Unidad Central de Colaboración Médica, Michael Cabrera, lo circunscribió al sector sanitario en una entrevista que publicó Granma: “Lo que se genera en cada una de esas misiones se utiliza en Cuba para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud Pública. Los cooperantes lo saben, y sus aportes mejoran las condiciones de trabajo de las instituciones, los hospitales, los policlínicos y consultorios”.
La empresa que vende el servicio lo dice de otro modo. La Comercializadora se describe en su sitio oficial como la encargada de comercializar servicios médicos y académicos dentro y fuera del país para contribuir a la sostenibilidad del sistema nacional de salud, “público y gratuito para todos sus ciudadanos”, sin aludir a ningún otro destino.
El 30 de septiembre, en el Parlamento Europeo, Aleida Guevara March añadió la suya. La vocera del Gobierno cubano explicó que lo que se cobra por unas misiones paga las que se prestan gratis, y lo ilustró con dos países: “Haití no puede pagar una brigada médica cubana. No tiene con qué. Nosotros tenemos que mantener esos médicos ahí”, dijo. “Bueno, por ejemplo, Qatar paga bien el servicio. ¿Qué hacemos? Parte del dinero que se recupera de Qatar se emplea para que los médicos cubanos puedan trabajar en Haití. Eso es así de simple”.
En el mismo acto, la hija de Ernesto Che Guevara afirmó que parte de esos ingresos compra guantes y catéteres para los médicos que trabajan dentro de la Isla.
Lo que sí se mantiene estable en todas las versiones es el peso económico del negocio. En marzo de 2014, al presentar ante el Consejo de Ministros un aumento salarial para más de 440.000 trabajadores de la salud, el entonces vicepresidente Marino Murillo Jorge informó que el plan de ingresos por exportación de servicios de salud para ese año superaba los 8.200 millones de CUC, el 64% del total de ventas de servicios, según publicó Granma. Murillo no atribuyó a ese dinero el aumento de sueldos. Dijo que lo había hecho posible el recorte de 109.000 trabajadores del sector y de unos 2.000 millones de pesos de gasto presupuestario entre 2010 y 2013.
Siete años después, la proporción había crecido. Al cumplir la Comercializadora su primera década, De Armas declaró que en 2020 las exportaciones de servicios de salud fueron el 50% de las exportaciones de servicios del país, y estas a su vez el 80% de las exportaciones totales, según recogió Cubadebate con información del MINSAP. La empresa se creó en 2011.
Sobre lo que reciben los profesionales, la versión oficial no ha variado desde 2017. A los que están en el exterior “se les garantiza un estipendio, atención a su salud, alimentación, alojamiento y transportación aérea y terrestre”, mientras en Cuba “conservan la plaza laboral y reciben el salario íntegro”, además de la seguridad social.
Ninguno de los documentos oficiales consultados indica qué proporción del importe pactado con cada país llega al colaborador.
En el videopódcast de abril de 2025, Portal Miranda afirmó que el Estado invierte más del 26% de los gastos del presupuesto estatal en la salud y que los ingresos de la colaboración no cubren todas las necesidades en divisas del sistema. Díaz-Canel sostuvo allí que las cifras sobre esos ingresos que circulan en redes sociales no tienen nada que ver con la realidad, pero no ofreció ningún dato.
Uno de los países que pagan por esos servicios acaba de cambiar a quién le entrega el dinero. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró en una entrevista que publicó El Observador el 6 de octubre que el Banco de Previsión Social (BPS) pagará el estipendio directamente a los 20 médicos cubanos del Hospital de Ojos “José Martí”. “El cambio sustancial ahora es que en vez de pagar a este país, lo que hacemos es: protección social y pago del estipendio al profesional”, dijo.
Hasta ahora, según el canciller, el BPS “daba una partida directamente a las autoridades”. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, había descrito en septiembre esos 250 000 dólares anuales de otra manera: “Lo que reintegra Uruguay, se le llama estipendio, es un reintegro de gastos”, explicó el 15 de septiembre en el programa 8AM.
El pago directo no garantiza que el dinero se quede con los médicos, y el propio canciller lo había admitido. El 24 de septiembre, Lubetkin le dijo al periodista Gabriel Pereyra que Uruguay “no puede interferir en otros posibles movimientos que haya”. El canciller se refería, de acuerdo con el periodista, a que una vez cobrado el sueldo “los médicos cubanos se vean obligados a trasladar ese dinero al Gobierno de Cuba”.
Ese mecanismo ya funciona en otros países. En Jamaica, el hospital paga directamente a los trabajadores sanitarios cubanos sus horas extra, pero ellos deben devolver la mitad a una cuenta a nombre de la misión médica en el National Commercial Bank. Luego tienen que probarlo ante la jefa de brigada con su recibo de sueldo y los comprobantes de depósito, documentó CubaNet en abril de 2025 a partir de testimonios y documentos de la misión. Las autoridades cubanas llaman “remesa” a ese reembolso obligatorio.
En Dominica, una colaboradora fue llevada ante una comisión disciplinaria porque se negó “a aportar su remesa”, según un documento de la brigada que cita como incumplida “la obligación de remesar” fijada en el contrato de trabajo.
El país que Aleida Guevara puso de ejemplo en Bruselas porque “paga bien” es uno de los que ya pagan directo. En Arabia Saudita y Qatar, donde no se permite la intermediación, el salario se deposita al trabajador cubano, pero la jefatura de la misión le exige cada mes transferir el 80% en el primer caso y el 90% en el segundo a una cuenta del Gobierno cubano, según el mismo reportaje.
Washington, buscando cortar las fuentes de suministro del régimen, ha puesto mayor presión a las brigadas médicas del régimen. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó el 25 de septiembre que las brigadas “coaccionan y maltratan a los trabajadores cubanos para obtener ingresos con los que financiar la represión estatal” e instó a los gobiernos que las contratan a “poner fin a estos acuerdos explotadores”.
Según los datos que Portal Miranda dio en el pódcast, más de 605.000 trabajadores de la salud cubanos han cooperado en 165 países, y en ese momento había más de 24.000 colaboradores en 56 naciones.
