MIAMI, Estados Unidos ― Prisoners Defenders y Consorcio Justicia lanzaron este miércoles Cuban Medical Brigades, una plataforma que organiza por países más de seis décadas de información sobre las misiones médicas cubanas y documenta denuncias de coacción, confiscación salarial, vigilancia, restricciones de movimiento y represalias contra quienes abandonan esos programas.
Las organizaciones sostienen que los patrones jurídicos, económicos y disciplinarios identificados configuran un sistema de trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud.
La base ofrece 209 informes correspondientes a países y territorios, con datos sobre el número de participantes, fechas y especialidades, convenios bilaterales, contratos, entidades intermediarias, pagos efectuados por los receptores, remuneración entregada a los profesionales, normativa aplicable y posibles violaciones de derechos humanos. También conserva las discrepancias entre fuentes, en lugar de escoger una cifra cuando existen versiones contradictorias.
Con datos actualizados hasta junio de 2026, el sistema clasifica 53 misiones como activas, 149 como inactivas, seis como canceladas y una como piloto. Calcula que 25.724 profesionales cubanos permanecen desplegados en el exterior, aunque advierte que la cifra resulta de sumar estimaciones nacionales y no constituye un censo oficial único.
La base testimonial está formada por 1.402 declaraciones recopiladas y sistematizadas desde 2018: 1.185 testimonios protegidos y 217 públicos, correspondientes a experiencias en 60 países.
El 89,79% de esos 1.185 declarantes afirmó que fue obligado a participar o que aceptó debido a circunstancias coercitivas. Ante una pregunta específica sobre voluntariedad, el 77,72% respondió que su incorporación no fue voluntaria. El 32,41% aseguró que nunca recibió un contrato; otro 36,20% dijo haberlo firmado sin obtener copia, y el 69,62% declaró que desconocía el destino definitivo o que este fue cambiado después de su llegada.
Las denuncias describen además un sistema de control sobre la vida laboral y privada. El 77,64% reportó vigilancia de funcionarios cubanos o sus colaboradores; el 81,18%, restricciones de movimiento dentro del país receptor; el 40%, la retirada o retención del pasaporte; y el 78,82%, la obligación de informar o pedir aprobación para establecer relaciones de amistad o sentimentales con nacionales del país de destino. El 85,32% debía asistir a reuniones políticas y el 64,64% afirmó que tuvo que participar en actos de repudio contra quienes abandonaban la misión.
Algunas de esas restricciones aparecen expresamente en la Resolución 368 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. El artículo 3 obliga a los cooperantes a “informar al jefe inmediato superior de sus relaciones de pareja con nacionales o extranjeros, residentes o no en el país donde presta cooperación y, en su caso, su intención de contraer matrimonio en el país donde presta servicios”. La norma también considera una infracción “sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas que asuman posiciones hostiles o contrarias a los principios y valores de la sociedad y la revolución cubana”.
Los testimonios reflejan una media de 5,75 días de trabajo por semana y 9,91 horas por jornada. Al sumar guardias y servicios extraordinarios, Prisoners Defenders calculó una carga promedio de 71,89 horas semanales. El 60,84% afirmó que fue obligado a incrementar falsamente las estadísticas de atención o actividad, una práctica reportada en 42 de los 60 países representados, mientras el 65,32% declaró que debía realizar labores de carácter político entre la población receptora.
El ingreso líquido medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales. A partir de las remuneraciones reportadas por los 1.185 participantes, la organización estimó que los profesionales recibían, como promedio, alrededor del 15% de la cantidad comprometida por el país o entidad contratante, mientras el Estado cubano y sus intermediarios retenían o exigían devolver el 85% restante. Prisoners Defenders reconoce que la proporción varía según el país, el año, el acuerdo y la modalidad de pago.
Las preguntas sobre abusos incluyeron tanto hechos sufridos por cada declarante como situaciones presenciadas en sus compañeros. Bajo ese criterio, el 75,78% dijo haber sufrido o presenciado amenazas; el 21,86%, violencia física atribuida a funcionarios o cometida con su aquiescencia; y el 43,12%, acoso sexual en esas circunstancias.
El 91,14% afirmó que fue advertido de que no podría regresar a Cuba durante ocho años si abandonaba la misión. El 40,51% aseguró que había estado o continuaba separado forzosamente de hijos menores, y 53 profesionales declararon que las autoridades les impidieron entrar al país para verlos. Las organizaciones precisan que la denominada “ley de los ocho años” no es una norma única, sino el resultado de disposiciones penales y migratorias y de su aplicación administrativa.
El artículo 176 del Código Penal cubano establece que el funcionario público que abandone una misión en otro país o se niegue a regresar puede recibir entre tres y ocho años de prisión. Si el hecho es cometido por un empleado público, la sanción prevista es de dos a cinco años. La disposición también castiga al funcionario que, durante la misión y “contra la orden expresa del Gobierno”, se traslade a otro país.
Las denuncias coinciden parcialmente con las conclusiones del informe temático publicado el 7 de abril de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La CIDH identificó patrones de vulneración de derechos laborales y sindicales e indicios de que algunas misiones reunían los dos elementos del trabajo forzoso: falta de voluntariedad y trabajo bajo amenaza de una pena. El organismo aclaró que esa calificación requiere examinar individualmente cada caso y reconoció la contribución de las brigadas a poblaciones con acceso limitado o insuficiente a la atención sanitaria.
El estudio de la CIDH se basó en 71 testimonios, de los cuales 61 correspondían a profesionales con experiencias en 10 países de América y el Caribe. Las comisionadas Roberta Clarke y Andrea Pochak emitieron votos parcialmente disidentes: consideraron valiosos los hallazgos sobre las normas y prácticas cubanas, pero cuestionaron que la evidencia disponible permitiera generalizar responsabilidades o patrones de violaciones a todos los Estados receptores.
Las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre esclavitud contemporánea y trata de personas ya habían advertido en una comunicación enviada al Gobierno cubano el 6 de noviembre de 2019 que las denuncias sobre retención salarial, jornadas excesivas, vigilancia, limitaciones de movimiento y castigos por abandonar las misiones podían alcanzar el umbral de trabajo forzoso establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, reconocieron que las brigadas habían proporcionado tratamiento a personas que de otra manera no habrían accedido a servicios médicos.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia reclamaron la eliminación de las sanciones penales, migratorias, laborales y familiares asociadas al abandono de una misión; la publicación completa de convenios, contratos y anexos económicos; el pago directo e íntegro de la remuneración; la devolución de los pasaportes; mecanismos independientes de denuncia e inspección, y auditorías en los países receptores sobre el destino de los fondos.
El Gobierno cubano niega que las misiones constituyan trabajo forzoso o trata de personas. Miguel Díaz-Canel afirmó en abril de 2025: “Van de manera voluntaria, van por convicción, no van obligados”. El gobernante sostuvo que los profesionales conservan su salario en Cuba, reciben otra remuneración en el país receptor y que una parte de lo pagado mediante los acuerdos ingresa al Estado. El pasado 11 de agosto, Díaz-Canel cifró en más de 600.000 los profesionales de la salud enviados por Cuba a 165 países desde el inicio del programa.
