MIAMI, Estados Unidos. – El Centro de Información Legal Cubalex denunció este fin de semana que el exprisionero político Michael Hernández Molina fue citado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Pinar del Río y, una vez en la unidad, trasladado sin informar a su familia al Centro de Instrucción Penal de los Delitos contra la Seguridad del Estado —conocido como “El Técnico”—, donde fue sometido a bajas temperaturas y amenazado por sus publicaciones en redes sociales.
Según la denuncia de Cubalex, la liberación ocurrió bajo advertencias de vigilancia y con la amenaza de abrir un expediente en su contra por “contrarrevolucionario”.
De acuerdo con la denuncia, Hernández Molina, que reside en el poblado de Briones Montoto, fue llamado a comparecer en una unidad de la PNR en la capital provincial, lo que implicó “un gasto innecesario en medio de la crisis del transporte”. Al llegar, fue recibido por un oficial identificado como “capitán Dariel”, quien lo mantuvo esperando hasta la llegada del “mayor Otoniel”.
Luego, los agentes lo condujeron hasta un vehículo y lo trasladaron a “El Técnico”, en el kilómetro 4½ de la carretera a San Juan y Martínez, sin avisarle a su madre, que lo había acompañado. La mujer permaneció alrededor de cuatro horas en la unidad sin saber el paradero de su hijo.
Cubalex asegura que, en el centro de instrucción, el “mayor Otoniel” dejó a Hernández Molina en un cuarto de interrogatorio “con dos aires acondicionados encendidos”, exponiéndolo a bajas temperaturas durante un largo periodo. Para la organización, “este tipo de trato constituye una forma de tortura física y psicológica, empleada de manera sistemática por las autoridades cubanas”.
Tras el interrogatorio, Hernández Molina fue liberado bajo amenazas de vigilancia y con la orden de no publicar en redes sociales. El exprisionero tuvo que regresar caminando hasta la ciudad de Pinar del Río, donde su madre aún lo esperaba sin información, según el reporte.
El interrogatorio se centró en una publicación en redes sociales y, según Cubalex, incluyó provocaciones humillantes y amenazas: le advirtieron que podría ir a prisión por 20 años si permanecía en Cuba y que, si lo veían filmando o tomando fotos, le destruirían el teléfono.
En su análisis jurídico, Cubalex sostiene que las amenazas por publicaciones vulneran la libertad de expresión protegida por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Añade que el trato recibido encaja en la prohibición de la tortura, tipificada en el artículo 368 del Código Penal cubano, y que la negativa a informar a la madre sobre el traslado “constituye una forma de desaparición forzada de corta duración”, práctica prohibida por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La organización recuerda además que el artículo 326 de la Ley del Proceso Penal permite las grabaciones de audio o video realizadas por particulares siempre que no medie engaño, coacción o violencia y subraya: “Ningún funcionario público puede impedir que la ciudadanía documente actuaciones estatales”, asegura Cubalex.
La ONG concluye que “el caso de Michael Hernández Molina evidencia cómo el Estado cubano continúa utilizando la represión, la intimidación y la tortura psicológica contra personas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y han sido previamente encarceladas por motivos políticos”.
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