MADRID, España.- Al menos un centenar de personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas en Venezuela durante las últimas horas, según la verificación realizada por la organización no gubernamental Foro Penal, que da seguimiento sistemático a este tipo de casos en el país. La ONG informó que hasta la noche del domingo había podido confirmar 104 liberaciones, aunque no descarta que el número continúe en aumento conforme se reciban datos desde distintas regiones.
El proceso se enmarca en una serie de liberaciones iniciadas a comienzos de enero, tras los recientes cambios en la cúpula del poder político. No obstante, la ausencia de una lista oficial pública por parte del Estado genera discrepancias entre las cifras gubernamentales y las documentadas por organizaciones independientes. Mientras las autoridades hablan de varios centenares de excarcelados, los registros verificados por la sociedad civil son sensiblemente menores.
Entre los liberados figura el abogado y activista de derechos humanos Kennedy Tejeda, detenido desde agosto de 2024. Su excarcelación fue confirmada por Foro Penal, que durante meses había denunciado su arresto como parte de un patrón de criminalización del ejercicio profesional y la defensa legal de presos políticos.
Las organizaciones advierten que, en la mayoría de los casos, no se trata de libertades plenas, sino de medidas cautelares que incluyen prohibiciones de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y limitaciones para declarar públicamente. Estas condiciones mantienen a los excarcelados bajo control judicial y sin garantías de cierre definitivo de sus procesos.
Foro Penal sostiene que, pese a estas liberaciones, en Venezuela continúan encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Familiares y activistas han retomado concentraciones y acciones de presión para exigir la excarcelación de todos los detenidos y la publicación de información transparente sobre quiénes han sido liberados, bajo qué condiciones y con qué respaldo legal.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que cualquier avance real debe incluir no solo excarcelaciones verificables, sino también el cese de las detenciones arbitrarias y garantías de debido proceso.
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