LA HABANA, Cuba. – Se fue 2025 y con él no se fueron los problemas. Porque no basta con darle otra vuelta al Sol y quemar unos cuantos muñecos de paja para que el país se “resetee”, aun cuando, en su triunfalismo de manual del PCC, Miguel Díaz-Canel prometa lo eternamente prometido. Dice que esta vez sí, que ya pasó lo peor, aun habiendo tenido que esperar hasta los últimos días de diciembre —cuando los medios de prensa están menos activos— para “darle la vuelta” al fracaso y hacer una movida desesperada, casi suicida: otorgarle a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. permisos para ofrecer servicios financieros que ni siquiera FINCIMEX, filial de GAESA, tuvo en su momento (al menos públicamente).
El Banco Central de Cuba (BCC), lo que no hizo antes con FINCIMEX, ahora lo hizo con Cubamax: la utorizó a “entregar efectivo en moneda nacional o en divisas” a los receptores de remesas en el país, según la Resolución 135/2025 publicada en la Gaceta Oficial (edición ordinaria No. 100).
Por lo visto, se trata de un acto desesperado que deja expuesto el nivel de asfixia, de acorralamiento que agobia al régimen comunista. Han colocado a la agencia de envíos y viajes a la Isla, que desde 2001 tiene su sede principal en Hialeah, bajo un posible escrutinio del Departamento de Estado por sus presuntos vínculos con el régimen. En efecto, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, el cubanoamericano Dariel Fernández, pidió a las autoridades federales revisen “de manera exhaustiva” los reportes sobre Cubamax.
No es la primera vez que esta empresa estadounidense está en el centro de la polémica. En 2022, fue uno de los patrocinadores de aquel engaño de “evento cultural” concebido por Lis Cuesta Peraza, que fue el “San Remo Music Awards Cuba”. Un año después, Giraldo Acosta, uno de sus directivos, viajó a La Habana junto a otros emigrados, para reunirse con el dictador Miguel Díaz-Canel en el Palacio de Convenciones.
De hecho, no resulta extraño que hoy le concedan el privilegio de canalizar las remesas del exilio. Durante la pandemia de COVID-19 que provocó el cierre de los aeropuertos, el Gobierno cubano le concedió a Cubamax un permiso para realizar vuelos chárter entre Miami y La Habana. La compañía montó un negociazo de película: cobraba 20 dólares por cada libra de equipaje enviada a Cuba.
En definitiva, si una empresa de Miami parece haberse ganado la confianza de los comunistas cubanos, sin duda es esta misma que ahora le hará “la pala” al régimen para captar divisas, una tarea controlada por los militares de GAESA, tan celosos con los asuntos donde median los dólares frescos “made in USA”.
Cubamax, al gestionar las remesas, ingresaría a un esquema estrictamente cerrado donde no hay entrada ni a las “casualidades” ni a los “ajenos”, y donde solo participan, de principio a fin de los procesos, elementos propios, endémicos de esa misma estructura (así es como opera a lo interno el pulpo empresarial de los Castro).
El permiso oficial concedido concedido a Cubamax no debe leerse como una decisión cualquiera del Banco Central de Cuba; se trata de una maniobra con al menos dos interpretaciones para este periodista: la primera es que realmente la dictadura está asfixiada como nunca. Tanto así que las autoridades no han dudado en acrecentar las sospechas y acusaciones que apuntan a la supuesta cercanía de Cubamax al régimen de La Habana y, por ende, a GAESA.
La segunda es que han elegido a la empresa justo en medio de un proceso de fiscalización de operaciones a empresas asentadas en Miami-Dade por sus presuntos vínculos con el régimen, lo que puede interpretarse como una muestra de que La Habana está muy consciente de que el negocio no tendrá futuro alguno y, por eso, estaría buscando ganar un nuevo pretexto para culpar al “bloqueo” de los fracasos que ya se esperan en materia de finanzas para 2026, una vez que la guerra contra el mercado informal de divisas devuelva a la Isla al mismo punto en que todo comenzó: la devaluación estrepitosa del peso cubano, con el dólar llegando a los 500 por 1 y amenazando con no parar hasta 1.000.
En ambas interpretaciones es la misma medida de desesperación, pero la segunda, aunque no descartable del todo, es la menos probable (y, sí, claro, alimentaría la narrativa “antibloqueo” que tanto gusta al régimen).
Entonces se impone analizar la medida desde el ángulo que considero más probable: este es un movimiento ejecutado por el BCC, pero ordenado y orquestado por GAESA, como sucede con todo cuanto se relaciona con asuntos de reservas de divisas.
Teniendo en cuenta todas las relaciones de la empresa con el régimen cubano y la matriz de opinión que existe sobre Cubamax, su licencia, a mi entender, no significa una “flexibilización”, sino el último recurso de GAESA.
En momentos de tan severa crisis podría ser que el castrismo comience a quemar todas las naves que fue colando silenciosamente en “territorio enemigo” o creando vínculos con ellas, bajo el pretexto de “burlar el bloqueo” y bajo la forma de un complejo entramado de empresas.
La licencia del BCC no es una prueba de complicidad en sí misma, eso es cierto, pero su excepcionalidad, así como las circunstancias en las que fue otorgada —en medio de una guerra contra remesadores y “financistas” que operaban sin intervención de las instituciones de la dictadura— dejan clara la sospechosa confianza del régimen en un ente financiero externo que, de ser escrutado en profundidad, como demanda el gigantesco cúmulo de sospechas y denuncias realizadas durante años, quizá pudiera dar al traste con un esquema meticulosamente armado por los militares desde la mismísima creación de GAESA.
El régimen y Cubamax están jugando con fuego, y se pueden quemar como muñecos de paja.








