MIAMI, Estados Unidos ― La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusó este jueves a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspirar para cometer tortura contra opositores, militares y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Con la misma acusación, Flores pasa a responder también por narcoterrorismo, un cargo que hasta ahora pesaba solo sobre Maduro.
La Fiscalía lo anunció en un comunicado conjunto con el fiscal general, Todd Blanche, el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Según el texto, Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, enfrentan ahora cinco cargos. El de narcoterrorismo conlleva una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. El de conspiración para torturar, una máxima de 20 años. Los otros tres, por importación de cocaína y por armas, ya figuraban en la acusación de enero.
“Durante más de dos décadas, Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro participaron en una conspiración para cometer tortura, incluida la tortura de ciudadanos estadounidenses”, declaró el fiscal federal del Distrito Sur, Jamie McDonald. Blanche afirmó que los nuevos cargos reflejan el empeño del Gobierno de Donald Trump en hacer justicia a “las víctimas de la tortura, el narcoterrorismo y el crimen organizado”.
Flores, acusada de ordenar torturas
La acusación sustitutiva, de 30 páginas, sitúa a la pareja en la cima de un sistema de represión que, desde al menos 1999, usó al Ejército, a la contrainteligencia militar y a grupos armados afines al chavismo para detener y torturar a quienes consideraba enemigos. Entre los métodos enumera las descargas eléctricas, la asfixia, la violación, el aislamiento prolongado, el hambre y las amenazas de muerte contra familiares de los presos.
El documento atribuye a Flores un papel directo. Según la acusación, la ex primera dama “ayudó a desarrollar este sistema de represión y ordenó que se torturara a personas para proteger las actividades ilegales de sus familiares”.
Uno de los episodios que la vincula ocurrió a comienzos de 2014, en plena ola de protestas contra el Gobierno. Maduro, Flores y un alto oficial identificado como CC-2 se reunieron para analizar un informe de inteligencia sobre descontento en las Fuerzas Armadas. Maduro propuso secuestrar entre cinco y siete militares y “sacarles toda la información” mediante tortura. Flores estuvo de acuerdo, según la Fiscalía, y descartó la alternativa de infiltrarlos en secreto. Poco después, CC-2 comenzó los secuestros.
“Apriétenlos más fuerte”
La acusación describe a un Maduro que seguía de cerca los interrogatorios. Según los fiscales, preguntaba qué se podía hacer “para que hablen”, sugería técnicas como “no los dejen dormir” o “échenles agua” y a veces se reía al escuchar los detalles. En una de esas reuniones, al saber que un detenido seguía sin quebrarse, hizo un gesto de enroscar una mano sobre la otra y ordenó: “Apriétenlos más fuerte”.
El caso más antiguo que detalla el expediente es el de un militar venezolano detenido en noviembre de 2013 por orden de Maduro, que sospechaba que conspiraba contra él. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le aplicaron unas 20 descargas con un cable eléctrico y lo trasladaron a un campamento de las FARC en Colombia, donde fue amenazado con el secuestro y la violación de su hija. Maduro, según la Fiscalía, pidió ver el video de la confesión forzada que le arrancaron.
El documento no identifica por su nombre a las víctimas ni a los tres altos funcionarios, señalados como CC-1, CC-2 y CC-3, a los que atribuye la ejecución del sistema. Del primero dice que ordenó asesinatos de opositores y amenazó con matar al hijo pequeño de un preso. Del segundo, que diseñó métodos de tortura y se los presentó a Maduro para su aprobación.
Tres estadounidenses entre las víctimas
Entre los casos descritos figuran los de tres ciudadanos estadounidenses. El primero fue detenido en enero de 2022 al entrar en Venezuela y acusado de participar en un complot para asesinar a Maduro. Según la acusación, recibió descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales, y le inyectaron una sustancia que le provocaba convulsiones. Pasó unos ocho meses y medio preso en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas, hasta su liberación en octubre de 2022.
El segundo llegó a Venezuela en agosto de 2023 para visitar a su familia. Los agentes de la DGCIM lo golpearon con tanta violencia que necesitó una larga hospitalización, y más tarde lo torturaron con electricidad. Uno de sus captores le dijo, según los fiscales, que seguía vivo solo porque, al ser estadounidense, podía servir en un canje de presos.
El tercero fue arrestado el 29 de enero de 2025. Durante dos días, agentes de la DGCIM lo golpearon con los puños aproximadamente cada media hora, con las manos esposadas y la cabeza encapuchada. Las palizas le dejaron una lesión permanente en un ojo. Fue liberado alrededor del 15 de enero de 2026, casi un año después.
El director del FBI, Kash Patel, elevó la cifra. El régimen de Maduro “sometió a tortura a más de una docena de ciudadanos estadounidenses mientras estaban bajo custodia del Gobierno venezolano”, escribió en X.
Sin fianza para Flores
Los nuevos cargos se conocieron el mismo día en que el juez Alvin Hellerstein examinaba la petición de libertad bajo fianza de Cilia Flores. Su defensa alegó problemas cardíacos y pidió que esperara el juicio en una residencia del área de Nueva York. El juez la rechazó, informó CBS News, al considerar que tiene acceso a “fondos considerables” y que las acusaciones son “graves”. También aplazó la lectura formal del nuevo cargo, porque los abogados habían recibido el documento esa misma mañana.
Maduro y Flores están presos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en Caracas el 3 de enero. Se declararon no culpables de los cargos anteriores. El tribunal fijó para el 17 de noviembre la audiencia en la que la defensa argumentará que ambos gozan de inmunidad como jefe de Estado y primera dama, y el juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.
