MIAMI, Estados Unidos — El Departamento del Tesoro ordenó a los bancos estadounidenses cerrar y bloquear desde el miércoles 30 de septiembre las cuentas que habían abierto a emprendedores privados cubanos, cuyos titulares necesitarán una licencia específica para recuperar su dinero.
El mismo paquete de medidas elimina también los viajes educativos grupales a la Isla y prohíben las operaciones financieras indirectas con las entidades de la Cuba Restricted List.
La orden consta en una enmienda a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, publicó este martes 29 de septiembre junto con una alerta de cumplimiento. El mismo paquete suprime la autorización general de los viajes educativos grupales —los llamados people-to-people— y la de asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la Isla.
La enmienda deja abiertas dos ventanas. Los viajes educativos grupales siguen autorizados si al menos una transacción relacionada con el viaje se completó antes del 30 de septiembre, y quien ya se encuentre en Cuba por una reunión profesional dispone de 30 días, hasta el 30 de octubre, para cerrar esas operaciones.
Para el sector no estatal, el cambio revierte una apertura reciente. En mayo de 2024, el Gobierno de Estados Unidos amplió las autorizaciones para los llamados “empresarios independientes del sector privado” cubano. Desde entonces, los bancos sujetos a jurisdicción estadounidense podían abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de estos emprendedores para realizar transacciones autorizadas o exentas de las regulaciones sobre Cuba.
Esa autorización desapareció. La enmienda suprime el apartado que permitía esas cuentas y la alerta de cumplimiento ordena a los bancos bloquear los fondos y reportarlos a la OFAC. A partir de ahora, cada emprendedor necesitará una licencia específica de la agencia para acceder a su propio dinero.
La definición de la OFAC abarca a propietarios o empleados de pequeñas empresas privadas, cooperativas privadas y trabajadores por cuenta propia, además de contratistas independientes, consultores y algunos agricultores, entre otros actores. La propia agencia incluye entre las actividades potencialmente comprendidas negocios de alimentos, logística, restaurantes, transporte, servicios médicos, construcción, reparación, tecnología y otros servicios.
El cierre de esas cuentas es lo que más preocupa a los representantes del sector privado cubano. Oniel Díaz Castellanos, un defensor de las mipymes y de la actividad económica no estatal, crítico de las nuevas medidas, sostuvo en Facebook que la modificación suponía el cierre de una vía bancaria que, aunque tuvo una utilización limitada, podía facilitar la relación de emprendedores cubanos con proveedores y operaciones en Estados Unidos.
El cambio financiero: de las operaciones directas a las indirectas
Uno de los aspectos de mayor alcance de la enmienda es la ampliación de la prohibición financiera.
Las regulaciones ya restringían las transacciones financieras directas con entidades y subentidades incluidas en la Cuba Restricted List. Desde este 30 de septiembre, la prohibición también alcanza a quien participe en transferencias de fondos en las que el originador o el beneficiario sea una entidad de la lista, salvo que esté autorizado por la OFAC o se encuentre dentro de una excepción.
La OFAC establece además que, una vez que una entidad es incorporada a la lista, las nuevas operaciones financieras directas o indirectas con ella quedan prohibidas, sujetas a las excepciones y autorizaciones previstas en la normativa.
La enmienda elimina además la autorización de las operaciones llamadas “U-turn”: las transferencias en dólares que pasaban por bancos estadounidenses sin que el remitente ni el destinatario estuvieran en Estados Unidos. Y la alerta advierte a las instituciones financieras extranjeras de que pueden ser sancionadas si tramitan operaciones significativas en favor de personas o entidades bloqueadas.
La medida no implica, sin embargo, una prohibición general de las transacciones relacionadas con Cuba.
La normativa estadounidense continúa contemplando 12 categorías de actividades para las cuales pueden existir autorizaciones de viaje, entre ellas visitas familiares, actividad periodística, investigaciones profesionales, actividades religiosas, proyectos humanitarios y actividades educativas.
Tampoco se eliminan las autorizaciones para las remesas familiares. La OFAC mantiene categorías de remesas autorizadas, aunque estas también están sujetas a restricciones cuando involucran entidades incluidas en la Cuba Restricted List.
El turismo con fines recreativos, por su parte, continúa sin estar autorizado bajo las regulaciones estadounidenses.
¿Qué buscan cerrar las nuevas medidas?
Para el economista Emilio Morales, director de Cuba Siglo 21, las modificaciones apuntan a reducir los flujos financieros que, según su interpretación, todavía pueden beneficiar al Gobierno cubano y a limitar algunas de las vías de entrada de estadounidenses a la Isla.
Morales considera especialmente relevante la eliminación de la categoría people-to-people y las nuevas restricciones sobre actividades académicas. A su juicio, esas modalidades habían permitido viajes de organizaciones estadounidenses que terminaban generando ingresos para el aparato oficial cubano.
El economista también interpreta la ampliación de las restricciones financieras como un intento de impedir que GAESA utilice empresas que aparecen formalmente como privadas para realizar operaciones financieras que terminen beneficiando al conglomerado empresarial militar.
Shiling: cerrar las fisuras de las sanciones
Para el analista Julio Shiling, las medidas persiguen dos objetivos. El primero es cerrar “agujeros que se están presentando por la transición dictatorial del castrocomunismo”: a su juicio, GAESA “se va desarticulando en otras empresas para esquivar las sanciones” y de ahí “surgen actores comerciales privados entre comillas que están totalmente ligados al socialismo dictatorial”.
El segundo tiene que ver con los intercambios académicos. Shiling sostiene que el Gobierno cubano los usaba para “operaciones de espionaje (…) por medio del entorno académico” y llega a decir que “el programa people-to-people se debía llamar espía a espía”. Según él, “todos estos encuentros académicos en Cuba cuentan con cortesanos dentro y fuera de la isla y ningún crítico puede participar”.
Además, Shiling sostiene que algunas empresas que aparecen como privadas en Cuba estarían vinculadas al aparato oficialista y que esa estructura habría permitido desarrollar operaciones destinadas a esquivar restricciones. En investigaciones previas de CubaNet, empresas como Agroindustrial Media Luna, Servivip, Cubapack Internacional y Cambute S.R.L. son negocios que el régimen cubano presenta como privados y que en realidad maneja desde la cúpula o a través de testaferros, para sortear el embargo.
En interpretación de Shiling, la inclusión de las transacciones indirectas constituye precisamente un mecanismo para cerrar esas vías. También considera que los cambios en los viajes académicos responden a lo que él describe como un uso de actividades de intercambio para favorecer los intereses y la imagen internacional del Gobierno cubano.
Blanco: el ciudadano que envía dinero a su familia no es el objetivo
El analista Juan Antonio Blanco, que dirige Cuba Siglo 21 junto a Morales, coincide en interpretar las medidas como una continuación del cerco sobre operaciones financieras y de influencia vinculadas al Gobierno cubano.
Blanco sostiene que algunas empresas que se presentan como privadas mantienen conexiones con las autoridades cubanas y que esas relaciones les habrían permitido acceder a operaciones financieras en el exterior.
En ese contexto, considera significativa la prohibición de las operaciones indirectas con entidades incluidas en la Cuba Restricted List.
Pero Blanco destaca otro elemento: a su juicio, las nuevas restricciones no afectan al cubano común que envía dinero, alimentos o medicamentos a sus familiares en la Isla, porque las remesas familiares y las operaciones humanitarias continúan autorizadas bajo la normativa estadounidense.
Esa lectura coincide con el alcance general de las preguntas frecuentes de la OFAC, que mantienen autorizaciones para las remesas y las actividades humanitarias.
Alpízar pide ir más allá
El abogado Santiago Alpízar considera insuficiente la política de sanciones progresivas.
A su juicio, mientras se mantengan áreas de comercio y relaciones con Cuba, el Partido Comunista encontrará nuevas vías para obtener financiamiento.
Alpízar plantea un aislamiento mucho más amplio, que incluya cero viajes, cero dólares y cero comercio: “El PCC encontrará siempre mutaciones comerciales, financiación ilegítima y solidaridad humanista. Con el PCC es cero a todo como corresponde tratar al enemigo, unido al reclamo soberano hecho ya desde el día 11 de julio 2021 de no más comunismo. El PCC tiene un apartheid político, social y económico y así hay que darle el tratamiento que se dio a la Sudáfrica. No más relaciones y punto”.
Su valoración se extiende además a acciones legales impulsadas por Cuba Demanda Inc., organización de la que forma parte, y a su llamado a los cubanos dentro y fuera de la Isla a respaldar esas iniciativas.
Una política que estrecha, pero no cierra todas las vías
Las modificaciones que entraron en vigor este 30 de septiembre no constituyen un cierre total de los viajes o las transacciones entre Estados Unidos y Cuba.
El cambio consiste en reducir algunas de las autorizaciones existentes, especialmente en materia de viajes educativos grupales, reuniones profesionales y operaciones financieras con entidades restringidas, al tiempo que permanecen abiertas otras categorías contempladas en las regulaciones.
La diferencia será particularmente relevante para organizaciones, universidades, investigadores y viajeros que hasta ahora utilizaban las categorías eliminadas o modificadas, así como para quienes realizan operaciones financieras que puedan involucrar directa o indirectamente a entidades de la Cuba Restricted List.
Para los cubanos residentes en Estados Unidos, las nuevas reglas no eliminan las remesas familiares autorizadas ni convierten en ilegal el envío de alimentos o medicamentos bajo las categorías permitidas. Sí mantienen las restricciones cuando esas operaciones involucran entidades incluidas en las listas estadounidenses.
El efecto inmediato de las nuevas medidas se concentra en qué actividades pueden realizar los estadounidenses en Cuba y con qué entidades pueden mantener operaciones financieras, mientras Washington amplía los mecanismos para impedir que las entidades incluidas en su lista restringida sean utilizadas como parte de operaciones financieras indirectas.
El Gobierno cubano respondió el mismo 30 de septiembre. Miguel Díaz-Canel escribió en X que “esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo”.
El economista Elías Amor dijo a CubaNet que “cabría interpretar que esta nueva secuencia de sanciones supone una reorientación estratégica de la política de sanciones de Washington hacia La Habana, que identifica a los emprendedores privados de la Isla como uno de los referentes, prohibiendo sus cuentas en bancos”.
La OFAC, dijo Amor, ha advertido que aumentan los riesgos de sanciones más allá de las personas y entidades estadounidenses. Las sanciones sobre las “U-turn” cierran un espacio para la realización de transacciones que deberá tener en cuenta la excepcionalidad que suponen las remesas.
“Por otra parte, no deja de ser motivo de interés que, justo en el momento en que las estadísticas de comercio exterior de Cuba con Estados Unidos venían experimentando un auge, estas nuevas sanciones de la OFAC vienen a afectar de forma drástica no solo al consorcio de poder económico militar y de la Seguridad del Estado, sino que incorporan de forma expresa al sector privado cubano, lo cual puede volver a reducir el comercio entre los dos países a mínimos”, concluyó.
Las cifras respaldan esa observación. Las exportaciones estadounidenses a Cuba alcanzaron en julio un récord mensual de 148,9 millones de dólares, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, y entre enero y julio crecieron un 61,8% respecto al mismo periodo de 2025.
