Congresistas cubanoamericanos piden mantener «en pleno vigor» el Título III de la Ley Helms-Burton

MIAMI, Estados Unidos. – El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (republicano por Florida) encabezó la presentación de un escrito amicus curiae bipartidista ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., et al., con el objetivo de proteger los derechos de propiedad en territorio estadounidense y mantener “en pleno vigor” el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Helms-Burton, según informó su oficina en un comunicado de prensa fechado este martes.

El amicus curiae fue suscrito, además, por los legisladores cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez (ambos republicanos por Florida). También lo suscribieron Debbie Wasserman Schultz (demócrata por Florida), Frankel (demócrata por Florida) y Nicole Malliotakis (republicana por Nueva York). Todos se alinean en pedir a la Corte Suprema que garantice que las víctimas de las confiscaciones de propiedades en Cuba puedan ejercer “plenamente” la acción judicial que les reconoce el Título III contra las empresas que “deliberadamente traficaron con esos bienes robados”, tal como dispuso el Congreso cuando aprobó la ley en 1996.

Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que define los fondos para la política exterior de Estados Unidos y una de las voces más influyentes en la línea dura hacia La Habana, enmarcó la iniciativa como un intento de reforzar tanto el estado de derecho como la política de presión sobre el régimen cubano. 

“Durante más de 60 años, el régimen en Cuba ha robado propiedades, se ha enriquecido mientras empresas inescrupulosas se benefician de la confiscación de esos bienes, y ha negado justicia a sus víctimas, todo ello mientras reprime brutalmente a su pueblo y se opone a los intereses de Estados Unidos en cada oportunidad”, dijo el legislador.

“El Congreso de EE.UU. promulgó la Ley LIBERTAD para responsabilizar al régimen cubano antiestadounidense por sus crímenes y asegurar que quienes fueron despojados de sus propiedades por el régimen de Castro cuenten con una vía legal para obtener justicia. Asimismo, pone sobre aviso a las empresas extranjeras de que serán responsabilizadas por lucrarse de bienes robados mientras financian al régimen castrista”, aseguró Díaz-Balart.

Según el comunicado, el amicus destaca “las importantes implicaciones de política exterior derivadas del Título III” de la Ley Helms-Burton, el cual permite que personas cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen de Fidel Castro demanden en tribunales estadounidenses a empresas que se hayan beneficiado de esos activos, al “traficar” con bienes decomisados sin compensación a sus dueños legítimos. 

La acción judicial, concebida como herramienta central de la política de Washington hacia La Habana, busca desincentivar nuevas inversiones extranjeras sobre propiedades confiscadas y cerrar fuentes de financiamiento al régimen cubano.

El caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., et al. se ha convertido en uno de los litigios emblemáticos bajo el Título III de la Helms-Burton. Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense cuya concesión portuaria en La Habana fue confiscada por el régimen cubano después de 1959, sostiene que varias líneas de cruceros “traficaron” con esa propiedad al utilizar los terrenos expropiados para sus operaciones turísticas.

De acuerdo con el propio comunicado de Díaz-Balart, entre diciembre de 2015 y junio de 2019 cuatro líneas de cruceros obtuvieron ganancias mediante el uso de la propiedad confiscada, al transportar a casi un millón de turistas a los terrenos de Havana Docks, donde atracaban sus barcos y desembarcaban los pasajeros. En conjunto, esas compañías habrían recibido más de 1.000 millones de dólares por los viajes a Cuba durante ese periodo, según datos presentados ante los tribunales inferiores. 

Paralelamente, el régimen cubano también obtuvo beneficios significativos: las líneas de cruceros declararon en documentos judiciales que pagaron al Gobierno de la Isla más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos vinculados a esas operaciones.

El amicus curiae impulsado por Díaz-Balart y el resto de los legisladores argumenta que una interpretación restrictiva del Título III, como la que han asumido algunos tribunales, “socavaría” la política exterior de EE.UU. hacia Cuba al dejar prácticamente sin efecto la vía judicial para las víctimas de confiscaciones. La preocupación de los firmantes se dirige, en particular, al precedente del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en el propio caso Havana Docks, que limitó el alcance de las reclamaciones al considerar extinguida la concesión original de la empresa, lo que redujo significativamente sus posibilidades de reclamar daños a las corporaciones turísticas.

En su escrito, los congresistas insisten en que el Título III es un pilar de la política de Estados Unidos hacia Cuba, al combinar la protección de los derechos de propiedad de nacionales estadounidenses con el intento de presionar económicamente a la cúpula gobernante en La Habana. Recuerdan que la Ley Helms-Burton fue concebida para “proteger a los nacionales estadounidenses contra tomas confiscatorias y el tráfico ilícito de bienes confiscados por el régimen de Castro”, así como para impedir que la explotación de esos activos proporcione al Gobierno cubano moneda fuerte, inversiones y otros recursos que prolonguen su permanencia en el poder.

El pronunciamiento del máximo tribunal sobre Havana Docks no solo definirá el futuro de esa reclamación específica, sino que podría fijar el alcance real del Título III y, con él, de la estrategia de EE.UU. para penalizar a quienes invierten o hacen negocios sobre bienes confiscados a ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos.