LA HABANA, Cuba. – Además de las declaraciones realizadas el 7 de febrero por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, no ha habido hasta el momento un anuncio oficial sobre el levantamiento de la prohibición a la importación de combustibles por parte de las mipymes y cooperativas. No obstante, ya algunas pequeñas empresas están importando hidrocarburos a Cuba, después de haber sido aprobadas por el régimen cubano.
Hasta el lunes 16 de febrero, el número de empresas que había presentado formalmente la solicitud para hacerlo —convocadas en su mayoría por los gobiernos locales, por indicaciones del Consejo de Estado— ascendía a unas 150 en todo el país, de acuerdo con fuentes de los ministerios de Economía y Planificación (MEP) y de Finanzas y Precios (MFP) consultadas por CubaNet.
Igualmente, según confirman las mismas fuentes, el proceso de evaluación de requisitos y de las solicitudes comenzó a inicios de enero de este año —mucho antes del anuncio del viceprimer ministro— cuando, por acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno evaluó las posibilidades de que las mipymes estatales, en especial las vinculadas a la transportación de pasajeros, la logística, la fabricación de materiales para la construcción y la producción agropecuaria, pudieran adquirir carburantes en el exterior a través de las importadoras estatales y en coordinación con Cuba Petróleos (CUPET).
De esa primera propuesta, fueron evaluadas antes del 7 de febrero unas 40 empresas para finalmente certificar 25, a las que se sumarían posteriormente otras 11 mipymes estatales y “privadas”, relacionadas con el sector de la informática y las comunicaciones y los ministerios de Educación y Educación Superior, más una empresa perteneciente a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, nombrada Servitec Mariel, que es propiedad de GAESA, el conglomerado del ejército cubano.
Después del 7 de febrero fue que comenzó oficialmente el proceso de convocatoria y evaluación —por parte de los gobiernos locales, en coordinación con el MEP— de 390 mipymes privadas, de las cuales solo 113 habían presentado la documentación completa para ser revisada, evaluada y aprobada (o no) para la firma de contratos con las intermediarias estatales. De estas, han sido autorizadas hasta el momento 42, la mayoría vinculadas a la transportación de pasajeros, logística y producción agrícola; aunque existen varias excepciones, sobre todo entre las estatales.
Hasta el momento, el Estado cubano tenía el absoluto control de la importación de petróleo y combustibles y de la venta de estos. Sin embargo, parece que en la práctica poco cambiará al incorporar a “privados”. Tras revisar el listado de las seleccionadas, CubaNet constató que resaltan empresas pertenecientes a GAESA o a ministerios y hasta otras manejadas por testaferros, incluidos miembros de la familia Castro.
En otras palabras, GAESA no ha renunciado a su monopolio. Lejos de retirarse, el conglomerado simplemente se adapta a los nuevos tiempos, reorganiza su control y en algunos casos prepara empresas satélite que ha intentado presentar como privadas, pero que en realidad no son ajenas a las FAR o las estructuras castristas. Mientras, en otros casos, ha permitido que importen empresas que son oficialmente del Estado.
Por ejemplo, entre las que ya cuentan con la aprobación del MEP y del MFP, así como con contratos firmados con alguna intermediaria estatal, están Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital. Ambas son parte de Cinesoft, que es la empresa de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Educación de Cuba.
También con un estrecho vínculo estatal, aunque los presenten como “privados”, obtuvieron sus permisos dos negocios previamente investigados por CubaNet: la empresa Agroindustrial Media Luna, de Ciego de Ávila —a pesar de continuar vinculada al proceso de destitución y condena del ex viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández—, y Cambute S.R.L, asentada en La Habana. Esta última es una empresa que gestiona ventas en línea y entrega de mercancías a domicilio, y está enlazada abiertamente con la Asociación de Combatientes de la Revolución, en última instancia con las Fuerzas Armadas y el MININT. Hace poco menos de un año, Pedro Creach, su fundador, anunció la desactivación de la empresa por cuestiones de logística; aun así, ahora aparece como aprobada.
Sin embargo, ninguna de las empresas antes mencionadas es tan cercana al castrismo como el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, cuya dueña es Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y Paolo Titolo. Este negocio aparece con al menos dos contratos ya firmados para la importación de combustibles, uno con la Agencia Importadora Caribe y otro con CUPET, según confirmó este medio a través de fuentes vinculadas a la familia.
Precisamente una investigación publicada por CubaNet en 2025 expuso cómo la nieta de Raúl Castro está vinculada con un entramado de negocios que se benefician de privilegios estatales y fondos internacionales. Además de Gaia, Lisa administra dos fincas de producción agrícola, una empresa procesadora de cárnicos y dos microempresas de materiales de construcción. Con la reciente licencia otorgada para importar combustible la descendiente del dictador cubano se asegura de mantener sus negocios en marcha.
Entre otras mipymes estatales que cuentan ya con aprobación para la importación de combustibles destacan la Empresa de Servicios para el Saneamiento y la Rehabilitación Integral (Servivip) ―encargada del mantenimiento y limpieza en barrios y viviendas vinculados a la cúpula dirigente o a personal diplomático―, y El remolque, MECA-V y DI-AUTO (mantenimiento y reparación de vehículos), todas del Ministerio del Transporte.
En este grupo, fue aprobada también la licencia de Cubapack Internacional, perteneciente a GAESA y que posee una oficina en Miami para vender y enviar mercancías a Cuba como reveló CubaNet en 2024.
Otros casos interesantes son los de Comelec Soluciones Integrales, empresa constructora administrada por la Oficina del Historiador de La Habana, a su vez perteneciente a GAESA, y ATEC Electrónica, dirigida a la producción y ensamblaje de dispositivos electrónicos de emisión y recepción, así como electrodomésticos cuyas piezas son proveídas totalmente por China.
¿Quiénes esperan la autorización?
En el listado de mipymes en proceso de evaluación, por estar a la espera de las certificaciones de seguridad o los contratos con CUPET para el almacenamiento de los combustibles, igual sobresalen varias empresas privadas, presuntamente relacionadas con el régimen cubano. Entre ellas, está Provatgom (elaboración de productos de caucho), una empresa que se desprende de la estatal Poligom y cuyo fundador, Nelson Acosta, también viene de la empresa del régimen.
Vinculada a Alcona S.A. y dirigida por familiares del comandante Guillermo García Frías, solicitó importar hidrocarburos la empresa Mecánica Las Guásimas (fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal), mientras que Dofleini Exportador, mipyme vitrina de programación informática, dirigida por un miembro del Parlamento, también espera la licencia.
Tampoco ayuda a desmentir la hipótesis de que la mayoría de las mipymes privilegiadas están conectadas con el régimen o sus testaferros que la empresa DGDC sea una de las que próximamente pueda importar combustible. Esta mipyme dedicada a la clasificación, distribución, transportación y entrega de mercancías provenientes del exterior tiene como director fundador a Carlos Díaz, quien anteriormente fue director de Encomil (Empresa Comercializadora de la Industria Ligera).
DGDC mantiene alianzas con la Agencia Italiana de Cooperación y utiliza la infraestructura logística de Palco, incluidos sus almacenes, para ofrecer servicios a las mipymes. Carlos Díaz trabajó en Palco entre 2010 y 2016.
Por otra parte, resaltan la Finca y Agroindustrial La Ceiba, ambas dedicadas a la producción de alimentos, conservación de frutas, legumbres y hortalizas, y con tierras en usufructo pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Recientemente, la montaña de requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en importar combustible fue divulgada por la mipyme Sonicarpa SRL. A través de una publicación en la red social Facebook, y reproducida por varios medios de prensa independientes, la empresa privada con sede en Centro Habana, dedicada a la organización de eventos, dio a conocer cuáles son las condiciones impuestas, evidenciando la obligatoria dependencia de estas importaciones con las intermediarias estatales, así como la necesaria tenencia de divisas, depositadas previamente en los bancos cubanos.
Tal como se explica en la publicación y confirman varias fuentes del MEP y MFP, los solicitantes necesitarán las aprobaciones del Instituto de Planificación Física y el Cuerpo de Bomberos de Cuba (es decir, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior) si los compradores —que no pueden destinar el combustible a la venta a terceros ni usarlo en actividades no autorizadas como mipymes— contaran con algún tipo de depósito y se pretende prescindir de los servicios de CUPET. Además, las mipymes deberán obtener de la Oficina Nacional de Administración Tributaria el certificado de “No adeudo fiscal”, y asegurar tanques y lugares de almacenamiento, aun cuando alquilen esos servicios a otra empresa, adquiriendo previamente una póliza con la estatal ESICUBA.
De acuerdo con una nota de EFE, varios asistentes a reuniones sostenidas con funcionarios del Gobierno cubano señalaron que la importación por “privados” de depósitos de combustible a bordo de buques mercantes seguiría con la adición de un protocolo de seguridad, un procedimiento similar al de cualquier otro producto adquirido en el exterior, gestionado a través de una empresa importadora estatal, un mecanismo conocido por su lentitud.
Este cúmulo de requisitos y obligaciones probablemente también encarezca de manera excesiva los combustibles adquiridos y propicie el aumento de los precios de estos en la calle, así como el surgimiento de nuevos espacios y nuevas formas de corrupción en el entramado burocrático del régimen, que se ha reinventado para seguir controlando la importación de combustible.
NOTA: Cubanet contactó a las mipymes mencionadas a través de los canales de comunicación que estas mantienen públicos, así como a sus representantes, con el objetivo de solicitar comentarios y aclaraciones sobre los hechos descritos. Hasta el momento de la publicación, ninguna de las partes contactadas había respondido o accedido a responder a nuestras preguntas.
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