SANTIAGO DE CUBA.- “Espero que eso sea para tu consumo”. Esa fue la advertencia, con un marcado tono intimidatorio, que me hizo un funcionario de tránsito, uniformado y sin identificarse, mientras yo grababa a decenas de personas trepando a un camión de carga sin techo en la mañana de este martes, en La Maya.
Inmediatamente le respondí: “El teléfono es mío y tengo todo el derecho de grabar en la vía pública”.
Su siguiente argumento me dejó pensativa y profundamente triste. “Espero que pongas comentarios positivos, porque la solución es positiva”.
Volví a mirar aquel camión. Ya estaba repleto, pero aun así seguían subiendo pasajeros, empujándose, colgándose de las barandas. Entonces le pregunté: “¿Dónde está lo positivo en viajar apilados como vacas? Ustedes han querido normalizar que los cubanos seamos tratados como animales, pero no lo somos”.
La escena no fue aislada ni una contingencia puntual. Este es el panorama habitual en el municipio desde que la falta de combustible paralizó casi por completo el transporte, principalmente el estatal. Sin embargo, ante la evidencia en video, el funcionario insistía en la “positividad” de una medida local que consiste en detener cualquier transporte de carga, aunque no esté acondicionado para pasajeros, y obligarlo a trasladar personas a un precio menor que el del transporte privado. La alternativa, simplemente, sería quedarse a pie.
El funcionario vendía aquello como un logro, mientras en el camión los cuerpos iban apretados, las manos aferradas a las barandas, los pies casi sin apoyo y las miradas reflejaban hastío. Nadie parecía estar celebrando nada.
Pero esta ha sido siempre la estrategia del poder: intentar tapar el sol con un dedo, romantizar el desastre, vender como victoria lo que apenas es supervivencia. Sin embargo, en medio de la crisis actual, el esfuerzo por sostener ese relato triunfalista resulta cada vez más vergonzoso. Considerar un logro que la población sea trasladada como ganado revela algo más que mala gestión: evidencia un desprecio estructural hacia quienes dependen del sistema. Se nos trata como ciudadanos de segunda, que deberían agradecer cualquier alternativa, por indigna que sea.
Entre la multitud todavía hay quien se conforma, aunque conformarse no significa aceptar ni aplaudir. “Yo lo veo bien. Por lo menos son 50 pesos”, dijo un joven que también esperaba subir al camión, aunque finalmente no pudo. No escuché entusiasmo en su voz, sino resignación. Para muchos, pagar 50 pesos en un transporte estatal, frente a los 300 o 500 que puede costar uno privado, es un alivio relativo. Pero que algo sea más barato no significa que sea humano, digno o seguro.
Los que no pueden quedarse
Hoy pocas personas lograron llegar a su destino. Mi padre, el doctor Roberto Serrano Delis, llevaba desde las seis de la mañana intentando trasladarse a Songo, a apenas seis kilómetros de La Maya, para cumplir con su consulta. Estaba a punto de desistir cuando alguien lo reconoció y decidió llevarlo en su motor.
“Yo tengo pacientes esperando. Es mi primer día después de vacaciones. La consulta debe estar llena, porque quien está enfermo siempre busca la manera de llegar al médico”, me dijo.
La paradoja es brutal: el enfermo hace lo imposible por asistir, y el médico hace lo imposible por llegar.
No era el único profesional atrapado en la espera. En medio del tumulto destacaban otras batas y uniformes blancos, símbolos de uno de los sectores que más sufre la falta de movilidad. Entre ellos, una enfermera que logró treparse y colarse en un pequeño espacio del camión, aferrada a las barandas y empujada por detrás por un hombre.
Quienes lograron subir no solo llegaron tarde a su centro de trabajo, sino también sudados, desaliñados y exhaustos; como si la jornada laboral hubiera comenzado mucho antes.
Mientras esto ocurre en Santiago de Cuba, en La Habana fue creada la empresa estatal TRANSMED, destinada a garantizar la movilidad del personal sanitario, por ahora solo en la capital. El anuncio lo realizó el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a través de Facebook.
La iniciativa, coordinada entre los ministerios de Salud Pública y Transporte junto con autoridades provinciales, contará inicialmente con 25 ómnibus de combustión para 28 pasajeros y nueve microbuses eléctricos con capacidad para 13 personas cada uno, además de la promesa de entregar 15 microbuses y 34 furgones eléctricos a otras provincias.
En teoría, se trata de un alivio ante la crisis de combustible. En la práctica, su alcance resulta limitado y profundamente desigual. Mientras en la capital se organizan rutas para conectar centros médicos, en zonas rurales el personal sanitario continúa disputándose un espacio en camiones de carga.
Incluso si parte de esos vehículos prometidos llegara a otras provincias, la cantidad sería ínfima frente a la magnitud del problema. No se puede mitigar una crisis estructural con paliativos simbólicos.
El combustible que lo incendia todo
Mientras los agentes de tránsito detenían camiones en la carretera central, otro tumulto se abalanzaba sobre un camión privado en una calle trasera cercana a la terminal de La Maya. Era el segundo vehículo que cargaba esa mañana.
“No caben más”, gritaba el machacante, pero las personas seguían subiendo, conscientes de que viajarían prácticamente en un solo pie. Quedarse no era opción.
El precio tampoco disuadía. Los 500 pesos por pasajero pasaban a segundo plano cuando la urgencia era llegar.
En el municipio, un litro de gasolina regular puede alcanzar los 3.000 pesos en el mercado informal. En el Servicentro de Cuba Petróleo (Cupet) solo se comercializa gasolina B94 en dólares, mediante tickets, y este domingo apenas 67 de los 493 clientes registrados habían podido comprar.
El diésel, según ofertas en redes sociales, ronda entre 1.500 y 2.000 pesos por litro. En este contexto inflacionario, el efecto dominó es inevitable: si el combustible se dispara, el transporte también.
Aunque los inspectores de tránsito intentan topar precios e imponer multas, la especulación no se detiene porque nace de una contradicción mayor: el propio Estado raciona y vende productos y servicios en divisas, mientras el salario medio apenas supera los 6.000 pesos, alrededor de 12 dólares al cambio informal.
“Yo no quisiera cobrar tan caro”, me dijo hace poco un motorista que no se identificó por temor a represalias. “Primero porque soy humano y segundo porque me perjudica; la gente prefiere caminar antes que pagar. Pero si compro la gasolina a 3.000 pesos, ¿cómo recupero mi dinero?”
De nuevo, la ecuación es simple y devastadora. Cada eslabón traslada el costo al siguiente, y al final siempre recae sobre el mismo: el ciudadano de a pie. Ese que decide entre caminar kilómetros bajo el sol, pelear por un espacio en un camión atestado o pagar lo que no tiene; ese que, aunque no logre ninguna de esas opciones, debe aceptar con gratitud forzada lo que un funcionario público calificó como una “solución positiva”.
Aquí lo verdaderamente alarmante no es solo la precariedad del transporte, sino la narrativa que pretende dignificarla. Porque cuando viajar como ganado se presenta como un avance, el problema ya no es solo la falta de combustible: es la normalización del deterioro.
Contra eso, todavía queda la palabra… y una cámara que no baja la mirada.









