SANTIAGO DE CUBA.-El 14 de febrero, Yaritza, de 35 años, chocó de frente con los nuevos precios del aceite mientras hacía las compras en el mercado informal de Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Lo primero que notó fue la ausencia del producto en los mostradores. El aceite no se veía. Se vendía en voz baja. “Tengo aceite de 900 ml a 2000 pesos, mulata”, le susurraron.
“Me quise morir”, cuenta. Había salido con la idea de comprar un paquete de pollo y un litro de aceite. Al final, solo pudo pagar el aceite —2000 pesos— y cinco libras de pollo por 2500. El paquete completo, de 11 libras, costaba 5500. Demasiado para su bolsillo.
La escena se repite en distintos puntos del país. En las últimas dos semanas, el aceite pasó a convertirse en uno de los indicadores más visibles de un colapso anunciado. En el mercado mayorista, el pomo de 900 ml o un litro ya supera los 1200 pesos cubanos, y ese aumento se traslada casi de inmediato al mercado informal, donde el precio se mueve entre 2000 y hasta 2500 pesos, según la zona. Dicho encarecimiento también se extiende a otros alimentos esenciales, como el arroz, que ya supera los 300 pesos, o el pollo, que poco a poco ha dejado de ser una compra regular para muchas familias.
Escasez, dólar y salarios que no alcanzan
El alza no responde a una sola causa. A la crisis estructural se suman factores recientes que han tensionado aún más el mercado: recortes en múltiples sectores, colapso energético y una crisis de combustible que encarece la transportación y limita el movimiento de mercancías.
Al mismo tiempo, el desabastecimiento en las pocas tiendas que venden en moneda nacional y la práctica ausencia de productos en la red de bodegas han empujado a la población a depender casi por completo del mercado privado.
Este problema se vuelve más nítido al cruzar precios con ingresos. Según cifras de la ONEI divulgadas en 2025, el salario medio estatal en Cuba ronda los 6.000 pesos mensuales en el sector presupuestado, pagados íntegramente en moneda nacional. En paralelo, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado informal alrededor de los 500 pesos por unidad, lo que reduce ese salario a poco más de 12 dólares mensuales en términos reales.
En ese contexto, un solo pomo de aceite puede absorber hasta un tercio del ingreso mensual de una familia asalariada, sin contar arroz, proteínas, electricidad, transporte o medicamentos. En tal sentido, la inflación deja de ser un fenómeno macroeconómico y se convierte en una secuencia de renuncias diarias.
Topes oficiales y un mercado que no obedece
Mientras tanto, el Estado mantiene la venta estable de productos esenciales como el aceite y el arroz casi exclusivamente en tiendas que operan en MLC o dólares. Este esquema ha alimentado un circuito conocido: quienes tienen acceso a divisas compran por volumen —para acaparar o revender— y quienes no las tienen dependen de intermediarios y sobreprecios.
Desde el propio mercado mayorista, la explicación es directa.
“Antes, con 600 000 pesos sacábamos un camión de arroz del puerto. Ahora tuvimos que ir con un millón y medio”, relata un trabajador privado en La Maya. “Para traer frijoles ahora piden dos millones. Después la gente pregunta por qué suben los precios. Mi pregunta es: ¿podemos vender barato?”.
En medio de este escenario, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) recordó que sigue vigente la Resolución 225/2025, que fija precios máximos para productos de alta demanda. Según la norma, la libra de pollo no debería superar los 312.80 pesos y el litro de aceite tendría un tope de 990 pesos. En la práctica, esos precios están completamente desconectados del mercado real: los paquetes de pollo de 10 libras superan los 5.000 pesos, alrededor del 83 % de lo que cubre un salario medio mensual, mientras que el aceite duplica o triplica el precio regulado.
Como era de esperarse, la publicación de la ONAT generó miles de reacciones y decenas de comentarios. Más allá de cuestionar la ineficacia de la resolución, muchos usuarios denunciaron el doble rasero del Estado, que impone topes al sector privado mientras incumple sus propias normas.
¿Los precios topados aplican solo a los trabajadores por cuenta propia? ¿El Estado no entra en esos límites?”, cuestionó la mipyme Chocolates Cienfuegos.
En la misma línea, Melvys García Cruz se preguntó: “Si en el mercado estatal me venden un pomo de aceite a 2.53 USD, ¿no se estaría violando el precio topado?”.
La contradicción es evidente. Aunque el tipo de cambio oficial es ligeramente inferior al informal —458 pesos por dólar, según el Banco Central de Cuba (BCC)—, en las tiendas en divisas el aceite alcanza hasta 2.70 USD, lo que equivale a 1.236 pesos al cambio oficial. Aun así, el precio supera el tope establecido, confirmando que el principal infractor de la regulación es el propio Estado.
Una economía que huye hacia las divisas
Ese incumplimiento no es un detalle menor, sino la prueba de que las reglas oficiales no ordenan la economía real. Cuando el Estado fija precios que no puede —o no quiere— respetar, el peso cubano deja de funcionar como referencia real de valor. En ese escenario, la economía se reorganiza por fuera de las normas formales, tal y como ocurre hoy.
Así, la recesión prolongada, combinada con una inflación persistente y devaluaciones continuas, ha creado un entorno donde todos los actores económicos —mipymes, importadores informales, comerciantes y consumidores— buscan refugio en monedas fuertes para proteger su poder adquisitivo o simplemente poder operar.
Esa huida hacia el dólar y otras divisas alimenta una demanda creciente, tanto por razones prácticas como especulativas, cerrando un círculo que empuja los precios cada vez más arriba y deja a familias como la de Yaritza calculando, una y otra vez, qué pueden permitirse y qué deben dejar de comprar.
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