SANTIAGO DE CUBA.-Desde que el Gobierno cubano anunció medidas de austeridad ante la agudización de la crisis de combustible, los gobiernos provinciales comenzaron a reorganizar servicios y actividades con el objetivo de reducir al mínimo la transportación estatal. En el sector educacional se reajustaron horarios y dinámicas docentes para ofrecer mayor flexibilidad, especialmente a los estudiantes que dependen del transporte público o intermunicipal.
La Educación Superior no quedó al margen. En varios territorios se evaluó el retorno de alumnos internos a sus municipios de residencia, donde podrían incorporarse a instituciones locales según las características de cada carrera. Las clases no fueron suspendidas, pero el proceso docente-educativo se reorganizó.
En la Facultad de Ciencias Médicas No. 2, en Santiago de Cuba, el inicio del segundo semestre para los años terminales se retrasó bajo el argumento de reorganizar la docencia. Parte del estudiantado fue reubicado en municipios. Sin embargo, según testimonios coincidentes de internos de sexto año, con ellos el tratamiento ha sido distinto.
“Lo único que hicieron fue agruparnos en el Hospital Clínico Quirúrgico y extender las guardias de cada siete a cada diez días, por 24 horas”, explicó una estudiante residente en La Maya, que pidió anonimato por temor a represalias académicas. La cercanía del hospital con la facultad fue uno de los argumentos logísticos esgrimidos, pero —según relatan— no resolvió el problema de fondo.
Algunos internos no cuentan con beca y deben viajar diariamente desde zonas como El Caney o Versalles. Otros, procedentes de municipios como Palma Soriano, Contramaestre o La Maya, enfrentan una disyuntiva más compleja: permanecer en la beca, con una alimentación que califican de insuficiente, o asumir costos de transporte que se han disparado en medio de la escasez de combustible.
“Estamos en una encrucijada: o nos quedamos pasando hambre o gastamos lo que no tenemos viajando”, resume otra alumna. La preocupación es compartida por varias compañeras de año.
Una de ellas relata que en un solo día gastó 1000 pesos: 500 en un camión desde su municipio hasta la ciudad y el resto en alimentos. “Mis padres me dieron 2000 pesos para toda la semana. El lunes ya había gastado la mitad”, cuenta. Está valorando solicitar una licencia académica, aun cuando eso implicaría postergar una graduación prevista para agosto próximo.
Transporte y precios: la cuenta que no da
Con el transporte estatal prácticamente paralizado, los estudiantes dependen de vehículos privados que, ante la compra de combustible en divisas o en el mercado informal, han triplicado las tarifas. Dentro de la ciudad, trayectos que antes costaban 50 pesos hoy alcanzan los 150. Desde municipios más alejados, un viaje puede rondar los 1500 pesos.
La alternativa aparentemente más económica es permanecer en la beca. Sin embargo, quedarse tampoco garantiza estabilidad. Aunque recientemente se autorizó cocinar en las estancias —algo antes prohibido—, los alimentos deben adquirirse por cuenta propia. “Cuando un pomo de aceite cuesta 2.000 pesos, no tiene sentido ahorrar en pasaje para gastarlo todo en comida”, comenta una interna.
Describen desayunos limitados a pan y té, almuerzos y cenas sin proteína, y la necesidad de completar la dieta en quioscos privados cercanos: un bocadito de jamón por 120 pesos, una pizza por 150, un refresco por 20. Sumadas a lo largo de la semana, las meriendas pueden superar los 1000 o 1500 pesos. En cualquier caso, aseguran, la economía familiar que sostiene sus estudios se resiente cada vez más.

Guardias, exigencias y precedentes
Los testimonios también apuntan a la carga asistencial. Afirman que realizan guardias de 24 horas sin remuneración y asumen responsabilidades que consideran superiores a su condición de estudiantes. “Los especialistas descansan y nos dicen que los llamemos solo ante una urgencia. Somos nosotros quienes enfrentamos el cuerpo de guardia”, relata una entrevistada.
Mientras a médicos graduados se les han aplicado esquemas de alternancia laboral —24 o 48 horas de trabajo por 72 de descanso—, a los internos de sexto año se les exige presencia en sala desde las 8:00 a.m. y asistencia incluso los sábados.
La inconformidad no es nueva. En noviembre de 2025, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa en la región oriental, estudiantes del mismo año denunciaron condiciones materiales precarias en la beca —incluida la falta de agua potable y la acumulación de desechos—, así como un trato particularmente estricto hacia ellos. Entonces señalaron que, además de cumplir guardias prolongadas, se les asignaban tareas administrativas o logísticas ajenas a su formación y que el estipendio mensual de 852 pesos, de por sí insuficiente, había sufrido retrasos.
Aquella denuncia dejó al descubierto una percepción que hoy vuelve a repetirse: que el sexto año funciona, en la práctica, como un sostén imprescindible de los servicios hospitalarios sin que existan condiciones acordes.
Los estudiantes no solicitan la suspensión del curso, pero sí medidas concretas y urgentes por parte del rectorado:
- Valorar su reubicación en áreas de salud de sus municipios para continuar la formación sin asumir costos desproporcionados de transporte.
- Flexibilizar horarios y exigencias de asistencia mientras persista la crisis.
- Reforzar la alimentación en el comedor para quienes deban permanecer en la beca.
- Revisar las cargas de trabajo y las funciones asignadas a los internos.
De no producirse cambios, varias de las entrevistadas admiten que solicitar una licencia académica es una opción real. No por falta de vocación —insisten—, sino por agotamiento físico y económico.









