Rosa María Payá cuestiona al alto comisionado de la ONU por su reunión con el canciller del régimen cubano

MIAMI, Estados Unidos ― Rosa María Payá cuestionó este lunes al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por reunirse con el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. La opositora dirigió su mensaje a Türk después de que una publicación del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) mostrara una fotografía de ambos funcionarios y anunciara el encuentro en el contexto del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

“Estimado Volker Türk, lávese las manos, porque las de Bruno Rodríguez Parrilla están manchadas con los crímenes de lesa humanidad de sus jefes”, escribió Payá en X. En el mismo mensaje llamó al MININT la “oficina de los torturadores” y lo acusó de torturar a presos políticos, perseguir a quienes disienten, encarcelar a menores por reclamar libertad y participar en la muerte de opositores. Puso como ejemplo a su padre, Oswaldo Payá, fallecido en 2012.

La publicación del MININT que aparece en la imagen compartida por Payá dice que Rodríguez se reunió con Türk. No expone lo tratado, no recoge declaraciones del alto comisionado y tampoco precisa el día en que se celebró la reunión.

Payá integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero de 2026 y es relatora sobre los Derechos de la Niñez. También es fundadora de la iniciativa Cuba Decide. Su publicación fue hecha desde su cuenta personal; no se presentó como un pronunciamiento de la CIDH. La referencia a su padre remite a una investigación que la propia comisión había concluido antes de que ella se incorporara al organismo.

Oswaldo Payá fundó en 1988 el Movimiento Cristiano de Liberación, promotor del Proyecto Varela, una iniciativa para abrir espacios a la participación política y ampliar las libertades en Cuba. Harold Cepero participó también en ese movimiento. Ambos murieron el 22 de julio de 2012 tras un choque del automóvil en el que viajaban hacia Bayamo junto con Ángel Carromero, quien conducía, y Jens Aron Modig, que también sobrevivió.

Las circunstancias de aquella muerte fueron objeto de versiones contrapuestas. Las autoridades cubanas responsabilizaron del siniestro a Carromero, mientras él sostuvo que el vehículo fue seguido y embestido por un automóvil oficial. La CIDH examinó ambas versiones en el Informe de Admisibilidad y Fondo 83/23. También consideró la información sobre un testigo que señaló la presencia de otro automóvil y las deficiencias de la investigación realizada en Cuba.

La comisión concluyó que existían indicios serios y suficientes para determinar que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En consecuencia, atribuyó al Estado cubano responsabilidad por la violación de su derecho a la vida. El informe cuestionó que las autoridades sostuvieran desde el inicio que se había tratado de un accidente sin agotar las diligencias ni examinar las declaraciones de los sobrevivientes y la posible intervención de funcionarios públicos.

Los familiares de los dos opositores tampoco tuvieron acceso a información esencial del caso, de acuerdo con el análisis de la CIDH. La familia de Payá no pudo consultar los informes de autopsia ni el contenido de las actuaciones, y se le impidió participar en el proceso contra Carromero, solicitar pruebas o recurrir la sentencia. Para la comisión, la investigación incumplió las exigencias de debida diligencia, acceso a la justicia y publicidad del procedimiento.

En relación con Carromero, la CIDH determinó además que su detención fue ilegal y arbitraria, y que el Estado vulneró sus garantías judiciales y su integridad personal. El organismo examinó alegaciones sobre golpes, condiciones inadecuadas de reclusión y falta de atención médica que Cuba no refutó ante la comisión. También observó que el conductor permaneció tres meses detenido antes de comparecer ante un juez.

El informe pidió al Estado cubano una investigación penal diligente que establezca lo ocurrido, identifique todas las posibles responsabilidades e imponga las sanciones correspondientes. Recomendó reparaciones para las víctimas y sus familiares, medidas contra los funcionarios que hubieran contribuido a la denegación de justicia y garantías para evitar hechos similares. El documento dejó constancia de que el Gobierno cubano no había respondido a las recomendaciones durante la tramitación del caso.

Por otro lado, la CIDH volvió a pronunciarse en junio de 2026 sobre los presos políticos en la Isla. El organismo advirtió entonces sobre torturas y otros malos tratos contra personas detenidas arbitrariamente por razones políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para el caso cubano, citó denuncias documentadas por Prisoners Defenders sobre agresiones físicas, violencia sexual, aislamiento, amenazas y tortura psicológica, en un contexto de falta de investigaciones independientes.

La comisión señaló asimismo que el derecho penal se utiliza para privar de libertad a personas que discrepan de los gobiernos o ejercen la libertad de expresión, reunión y asociación. Según su comunicado, la ausencia de datos oficiales sobre las personas encarceladas, las restricciones a las visitas y la falta de acceso suficiente a alimentos, agua potable y atención médica agravan la situación. La CIDH pidió a los tres Estados que pusieran fin a la tortura y liberaran a quienes permanecen detenidos por motivos políticos.

La CIDH otorgó en abril medidas cautelares al adolescente de 16 años Jonathan David Muir Burgos detenido después de protestas en Morón, Ciego de Ávila. Consideró que sus derechos a la vida, la integridad y la salud corrían riesgo, y pidió al Estado información sobre las condiciones de reclusión, la atención médica y la posibilidad de que el joven ejerciera su libertad de expresión sin intimidación. Muir Burgos fue excarcelado el 24 de junio.