septiembre 29, 2026

Oposición sudafricana cuestiona contratos con La Habana, calculados en unos 87 millones de dólares

La Alianza Democrática (DA) de Sudáfrica también cuestionó los presuntos beneficios de la cooperación con la Isla.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, en 2025
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, en 2025 (Foto: Prensa Latina)

MIAMI, Estados Unidos ― La Alianza Democrática (DA) de Sudáfrica volvió a cuestionar el 27 de septiembre los acuerdos estatales con Cuba. Su portavoz de asuntos internacionales, Ryan Smith, afirmó que el país había destinado una suma equivalente a unos 85 millones de dólares estadounidenses —1.400 millones de rands— a ayuda y convenios con la Isla. 

Smith también sostuvo que esos recursos podían haberse empleado en el mantenimiento de sedes diplomáticas. La cifra que citó procede de un cálculo del propio partido publicado cinco años antes sobre contratos de varios ministerios para emplear personal cubano o recibir sus servicios.

El portavoz presentó esos pagos como una muestra de las prioridades del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) en política exterior. Dijo que el dinero podía haberse utilizado para construir y mantener infraestructura diplomática y pidió reasignar recursos al servicio exterior. 

La DA forma parte del Gobierno de Unidad Nacional sudafricano, aunque mantiene diferencias con el ANC sobre la relación con La Habana. El detonante de su declaración fue una respuesta del ministro de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, sobre el costo de renovar inmuebles en el extranjero.

El cálculo más preciso del partido equivale hoy a unos 86,9 millones de dólares: 1.425.322.510 rands. Apareció en un comunicado fechado el 9 de julio de 2021, después de que la DA solicitara respuestas parlamentarias sobre acuerdos de empleo y prestación de servicios con el Gobierno de Cuba. El importe reunía partidas de cinco departamentos —Defensa, Obras Públicas, Salud, Educación Básica y Asentamientos Humanos, Agua y Saneamiento—. No procedía de una cuenta única de ayuda al Gobierno cubano.

Defensa representaba la mayor parte de la suma: unos 65,7 millones de dólares para el periodo 2014-2021, según el desglose de la DA. El partido atribuyó a Obras Públicas unos 8,4 millones de dólares; a Salud, 5,1 millones; a Agua y Saneamiento, 3,9 millones; y a Educación Básica, 3,8 millones. 

Esas cantidades reproducen el cálculo partidista de 2021: por sí solas no establecen cuánto recibió el Gobierno cubano ni cuánto se había desembolsado efectivamente en cada programa. La precisión importa porque Smith afirmó ahora que los aproximadamente 85 millones de dólares —1.400 millones de rands— se gastaron “entre 2012 y 2022”. Su propia fuente de 2021 no se ajusta a ese intervalo: sitúa parte de los acuerdos de Obras Públicas desde 2010 y extiende el periodo atribuido a Agua y Saneamiento hasta 2024.

La respuesta original sobre Agua y Saneamiento muestra que al menos una partida era una previsión. El Ministerio describió los aproximadamente 3,9 millones de dólares —64.623.000 rands— como un presupuesto estimado para remuneraciones y gastos operativos, y advirtió que esperaba un costo real considerablemente menor debido a la pandemia. Informó que tenía desplegados a 25 especialistas cubanos para evaluar, entre otras tareas, el funcionamiento y mantenimiento de infraestructura hidráulica, presas, canales de riego y sistemas de tratamiento de aguas. El documento no acredita que se gastara íntegramente la cantidad presupuestada.

Obras Públicas explicó en otra respuesta parlamentaria que sus asesores cubanos realizaban trabajos de ingeniería, evaluaciones del estado de instalaciones y gestión de proyectos de construcción. El programa había empleado a 33 especialistas en 2010-2011 y a 31 contratados en noviembre de 2016. En julio de 2021 permanecían 24, según el Ministerio, que entonces no preveía nuevas incorporaciones para el siguiente marco presupuestario e indicó que los contratos vigentes terminarían en noviembre de aquel año.

Sudáfrica también ha mantenido mecanismos de asistencia económica a Cuba, pero deben distinguirse de los contratos laborales reunidos por la DA. El Ministerio de Relaciones Internacionales detalló en 2022 un paquete firmado en 2012 por una suma equivalente hoy a unos 21,3 millones de dólares. Incluía una subvención de 2,4 millones de dólares para comprar semillas y otra de 6,1 millones destinada a adquirir bienes en el mercado sudafricano. El resto era una línea de crédito de 12,8 millones de dólares para comprar productos de ese país, que debía devolverse con intereses.

La información oficial más reciente localizada sobre ese préstamo fue comunicada por el Parlamento el 12 de agosto de 2026. Según lo expuesto ante una comisión por el Fondo Africano del Renacimiento, La Habana había efectuado los pagos en los plazos acordados y le quedaban aproximadamente 793.000 dólares por devolver. La comisión mencionó por separado una propuesta de ayuda humanitaria por unos tres millones de dólares —50 millones de rands— que había sido objeto de un proceso judicial. 

Ni el crédito reembolsable ni esa propuesta forman parte de los cinco rubros con los que la DA construyó su cifra de 2021.

La DA cuestiona también los beneficios de la cooperación. En su declaración de septiembre, Smith sostuvo que la relación con Cuba apenas había servido para asegurar parte del suministro sudafricano de tabaco. El Parlamento describió en agosto una agenda bilateral más amplia, que comprende salud, formación médica, biotecnología, comercio e infraestructura. Durante esa reunión, el embajador cubano afirmó que su país había formado a 3.243 sudafricanos como médicos; la cifra corresponde a su declaración y no a una comprobación independiente de resultados del programa.

El debate sobre la ayuda a la Isla continúa dentro de las instituciones sudafricanas. Un informe de la comisión parlamentaria de Relaciones Internacionales, elaborado en mayo de 2026, recomendó considerar un aumento de la asistencia humanitaria a Cuba.

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