LIMA, Perú — Cuba volvió a figurar entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo, al ubicarse en el puesto 160 de 180 naciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que denunció un recrudecimiento del hostigamiento contra periodistas independientes en la isla.
La organización señaló que el país continúa siendo “el peor de América Latina en cuanto a libertad de prensa” y subrayó que el modelo constitucional cubano, que establece la propiedad estatal de los medios, convierte el periodismo fuera de la prensa oficial en una actividad “prácticamente clandestina”.
En la clasificación global de este año, Cuba obtuvo 29,22 puntos sobre 100, lo que la mantiene entre los peores resultados del continente y del mundo. RSF advirtió que la situación de la prensa en la isla sigue marcada por la vigilancia, las restricciones arbitrarias y la censura preventiva.
El informe documenta varios incidentes ocurridos en marzo, cuando al menos tres periodistas independientes denunciaron haber sido sometidas a vigilancia policial o a arrestos domiciliarios de facto tras intentar cubrir protestas vinculadas al agravamiento de la crisis energética.
Entre ellas figura Camila Acosta, periodista de Cubanet, quien reportó el 9 de marzo la presencia de agentes de la Seguridad del Estado en los alrededores de la Universidad de La Habana, lo que le impidió cubrir una sentada estudiantil en demanda de la reanudación de las clases presenciales.
Según la denuncia, los agentes volvieron a apostarse frente a su vivienda los días 10 y 15 de marzo, manteniendo vigilancia sobre su residencia en La Habana.
Ese mismo 15 de marzo, la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, informó que un agente vestido de civil le impidió salir de su edificio sin mostrar identificación ni orden judicial. El acto represivo quedó registrado en video y se viralizó dentro y fuera de la Isla en redes sociales.
También en esa fecha, la periodista Mabel Páez, directora del medio local El Majadero de Artemisa, fue advertida por autoridades locales de que no podía abandonar su vivienda “hasta nuevo aviso”, bajo amenaza de sanciones.
“El uso de la vigilancia policial y de restricciones arbitrarias a la libertad de movimiento para impedir que periodistas salgan de sus casas constituye una forma de censura previa destinada a evitar la cobertura de hechos de interés público”, afirmó Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
La organización recordó que estas prácticas se han vuelto sistemáticas desde la represión posterior a las protestas del 11 de julio de 2021, con detenciones breves, vigilancia permanente y limitaciones de movimiento para impedir la cobertura de manifestaciones y apagones prolongados.
RSF también aludió al endurecimiento del entorno legal y político para la prensa independiente, citando el exilio forzado del periodista José Luis Tan Estrada a finales de 2024 y la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social, que reforzó el control estatal sobre los medios y la expresión en internet.
