LIMA, Perú — Cubanos que ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One comenzaron a recibir en los últimos días nuevas comunicaciones oficiales que dejan sin efecto el parole humanitario otorgado a su llegada, en una nueva fase de cancelaciones impulsada por Washington.
Las notificaciones, enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), forman parte de una tercera ronda de revocaciones y se apoyan en un memorando firmado el 21 de abril por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott.
En el documento, las autoridades sostienen que la finalidad bajo la cual se concedió el beneficio migratorio “ya se ha cumplido” y que actualmente no concurren “razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo” que justifiquen su mantenimiento.
La decisión implica además la anulación automática de los permisos de trabajo vinculados al parole, lo que incrementa la incertidumbre entre miles de migrantes cubanos que esperaban regularizar su situación en suelo estadounidense.
Expertos han asegurado que el alcance de las comunicaciones ha sido amplio y han reportado incluso errores en el proceso de notificación.
Pese al nuevo escenario, juristas han insistió en que los cubanos que entraron legalmente al país conservan una vía para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La nueva ofensiva administrativa se produce mientras continúa una batalla en los tribunales. A finales de marzo, la jueza federal Allison Burroughs ordenó restablecer temporalmente el estatus migratorio de los beneficiarios al considerar improcedentes las cancelaciones masivas sin evaluación caso por caso.
Sin embargo, el Departamento de Justicia notificó posteriormente a la corte de Boston que procedería a emitir nuevas revocaciones basadas en el memorando de CBP, lo que ha mantenido la incertidumbre legal sobre el futuro inmediato de los afectados.
Allen advirtió que existe preocupación por eventuales arrestos migratorios, sobre todo en estados como Florida, donde la cooperación entre autoridades locales y agencias federales suele ser más estrecha.
Una audiencia prevista para el 6 de mayo ante la jueza Burroughs podría resultar decisiva para determinar si esta nueva ronda de cancelaciones continúa en vigor o vuelve a quedar suspendida por orden judicial.
