LIMA, Perú — El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, defendió este martes las nacionalizaciones de propiedades de ciudadanos estadounidenses ejecutadas por el régimen castrista en la década de 1960 y responsabilizó a Washington de que sus antiguos dueños no recibieran compensación.
En una serie de publicaciones en Facebook y X, el funcionario sostuvo que aquellas medidas fueron “absolutamente legítimas” y se ajustaron “a la Constitución cubana de 1940, las leyes nacionales y la práctica del Derecho Internacional”.
Fernández de Cossío afirmó además que el Gobierno cubano alcanzó acuerdos indemnizatorios con países como Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza, mientras que Estados Unidos, dijo, “rechazó la propuesta de compensación e incluso se negó a sentarse a tratar de buscar una fórmula mutuamente aceptable por vía de la negociación”.
Según el diplomático, la negativa estadounidense obedeció a que Washington “ya en esa época planificaba en secreto el derrocamiento por la fuerza del Gobierno revolucionario”, en referencia a los preparativos que desembocaron en la invasión de Bahía de Cochinos, ejecutada por la Brigada 2506 en 1961.
Las declaraciones fueron refutadas por el economista Elías Amor, quien cuestionó tanto la legalidad de las expropiaciones como la narrativa oficial sobre las negociaciones fallidas con Washington.
“Las confiscaciones del capital privado extranjero no fueron legítimas”, escribió Amor en su blog Cubaeconomía, donde argumentó que las medidas “violaron lo dispuesto en la Constitución cubana de 1940 y la práctica del derecho internacional que regía en aquellos años”.
El economista criticó además el mecanismo de compensación diseñado por La Habana, al calificarlo como “una burla repugnante hacia los expropiados”, debido a que se basó en acuerdos parciales entre gobiernos y no contempló una solución específica para las reclamaciones estadounidenses, que concentraban la mayor parte del valor confiscado.
“La concentración del valor expropiado en los ciudadanos de Estados Unidos hacía inviable este tipo de negociación, exigiendo un tratamiento singular que nunca llegó”, señaló.
Fernández de Cossío reiteró también la postura histórica del régimen cubano respecto a los daños causados por la política estadounidense hacia la Isla. Según el funcionario, Washington ha provocado a Cuba “un inmenso daño humano y material por vía de la agresión militar, el terrorismo, el sabotaje económico, la guerra biológica y el brutal bloqueo económico”.
“Con apego al derecho, la ética y el sentido común, el pueblo cubano merece compensación por un daño tan despiadado y prolongado”, añadió.
Amor rechazó igualmente esa tesis y acusó al viceministro cubano de “volver a mentir de forma descarada” al referirse al supuesto “inmenso daño” ocasionado por Estados Unidos. Según Amor, “nadie en La Habana hizo referencia a este cúmulo de afectaciones durante el largo período de dependencia soviética entre 1959 y 1991”, y sostuvo que la narrativa en torno al embargo cobró fuerza solo tras el colapso del bloque socialista.
A su juicio, el tema “surgió como ave fénix de sus cenizas tras el hundimiento del socialismo real en Europa del Este y la pérdida del apoyo económico y político de la URSS y sus satélites del Pacto de Varsovia”.
El economista consideró, no obstante, que sería positivo que las actuales conversaciones entre Washington y La Habana incluyeran el asunto de las compensaciones por las propiedades confiscadas, un tema que permanece sin resolver desde hace más de seis décadas.
Según cifras del Gobierno estadounidense, más de 5.900 personas y empresas tienen reclamaciones certificadas contra el Estado cubano por un valor superior a 1.900 millones de dólares, sin contar intereses.
