MIAMI, Estados Unidos ― El fondo de inversión CRF I Limited propuso a Miguel Díaz-Canel negociar una reestructuración de la deuda comercial cubana mediante fórmulas que no obligaran a La Habana a realizar pagos inmediatos en efectivo, pero ni el Gobierno ni el Banco Nacional de Cuba (BNC) respondieron, afirmó el presidente de la entidad, David Charters.
La misiva, fechada el 22 de junio de este año y titulada “Propuesta de diálogo sobre la reestructuración de la deuda soberana cubana”, fue enviada por correo certificado a la Embajada de Cuba en Reino Unido, con Díaz-Canel como destinatario y copias para la Presidencia de la República y el BNC, según una copia obtenida por Diario de Cuba. CRF no adjuntó el documento completo a su comunicado del 31 de julio, aunque confirmó la fecha, el destinatario y las principales fórmulas ofrecidas.
La carta llegó cuatro días después de que la Asamblea Nacional respaldara las 176 medidas económicas y sociales impulsadas por el régimen. En su preámbulo, CRF sostuvo que ese paquete “representa una oportunidad potencialmente histórica” y destacó las medidas relacionadas con la empresa privada, la inversión extranjera, el capital privado, la reforma bancaria y la comercialización de activos estatales.
Si esas medidas fueran ejecutadas adecuadamente, argumentó el fondo, Cuba “podría demostrar que está adoptando un modelo de apertura económica pragmática, liderada soberanamente, similar al que ha tenido éxito en China y Vietnam”. CRF presentó esa fórmula como una vía para mantener la soberanía y la independencia política mientras se utilizan los mercados, el capital privado y la inversión internacional para generar crecimiento, empleo y confianza exterior.
La propuesta advirtió, sin embargo, que la apertura anunciada perdería credibilidad si La Habana no atiende también la deuda soberana heredada, las reclamaciones pendientes de acreedores comerciales y los reclamos de propiedad relacionados con Estados Unidos. “Ningún programa serio de reformas puede alcanzar todo su potencial mientras sigan pendientes [esos asuntos]”, señala la carta.
CRF aseguró que “no busca la confrontación por sí misma” y presentó como objetivo un arreglo jurídicamente sólido, viable para la economía cubana e integrable en una solución más amplia que permita al país regresar a los mercados financieros. El fondo se considera uno de los principales tenedores de deuda del llamado Club de Londres y afirma haber dedicado años al estudio de las obligaciones cubanas y de posibles mecanismos de reestructuración.
La oferta incluía una reestructuración ordenada de la deuda comercial del Club de Londres; una solución negociada a las reclamaciones de CRF contra el BNC; instrumentos que vincularan la recuperación de los acreedores al crecimiento de la economía cubana; mecanismos para atraer inversión extranjera directa, y conversiones de deuda en capital. También planteaba abordar las reclamaciones vinculadas a Estados Unidos para facilitar una futura normalización de las relaciones y enviar una señal de confianza a acreedores e inversores.
El esquema “no exigiría que Cuba pagara inmediatamente en efectivo a los acreedores de deudas heredadas, ni en condiciones poco realistas”, aseguró CRF. En cambio, podría preservar la liquidez a corto plazo mediante instrumentos vinculados al crecimiento futuro, la inversión, la monetización de activos y la recuperación del acceso a los mercados, con el propósito declarado de convertir la deuda acumulada en una plataforma para las reformas y la captación de capital.
El planteamiento coincidía parcialmente con las transformaciones anunciadas por Díaz-Canel, quien había defendido públicamente un proceso de canje de deuda por activos nacionales, sin transferir de manera perpetua la propiedad, además de una mayor apertura al capital privado y la inversión extranjera. La carta de CRF ampliaba esa fórmula al conjunto de los acreedores comerciales y a las reclamaciones vinculadas con Estados Unidos.
Charters ofreció celebrar una reunión con los representantes que designara La Habana en un lugar neutral aceptado por ambas partes y firmar los acuerdos de confidencialidad necesarios. La misiva dejó constancia de la disposición de CRF a mantener un diálogo con la República de Cuba y el BNC, pero aclaró que la iniciativa no constituía una renuncia ni una limitación de los derechos reclamados ante los tribunales.
En su comunicado del 31 de julio, Charters confirmó que “Cuba y el BNC no respondieron” y sostuvo que el fondo quedó sin “otra alternativa realista” que continuar defendiendo sus derechos en los tribunales británicos. Aun así, CRF aseguró que una salida negociada continúa siendo posible y que está dispuesto a reunirse con representantes cubanos con poca antelación, aunque mantendrá sus acciones legales mientras no exista un acuerdo creíble.
La carta precedió a una nueva derrota judicial del BNC. El juez Andrew Baker dictó el 10 de julio una sentencia en rebeldía y autorizó la evaluación de los daños y costes. En la fase posterior, el banco cubano no presentó alegaciones y el tribunal fijó en poco más de 18,1 millones de libras esterlinas la suma total que debía pagar a CRF, dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la orden. Orden del Tribunal Mercantil de Londres
El pleito tiene su origen en dos acuerdos de deuda suscritos en enero de 1984 por el BNC con Crédit Lyonnais e Istituto Banco Italiano. CRF, una sociedad constituida en 2009 para invertir en deuda cubana impagada, adquirió posteriormente los derechos sobre esas obligaciones y presentó la demanda en Londres en 2020. El BNC ejerció funciones de banco central hasta 1997, cuando fue creado el actual Banco Central de Cuba.
En abril de 2023, el Tribunal Superior británico determinó que las deudas habían sido válidamente cedidas a CRF y permitió que la demanda continuara contra el BNC, aunque dejó fuera a la República de Cuba porque la garantía soberana no había sido transferida de forma válida. El Tribunal de Apelación confirmó posteriormente esa decisión y el Tribunal Supremo británico rechazó en marzo de 2025 autorizar un nuevo recurso del banco cubano.
Las autoridades cubanas han calificado reiteradamente a CRF de “fondo buitre” y aseguraron en 2023 que nunca había sido acreedor del BNC ni del Estado, aunque afirmaron estar dispuestas a negociar con acreedores que consideraran legítimos. Los tribunales británicos rechazaron esa tesis respecto de las obligaciones del BNC, pero mantuvieron a la República de Cuba fuera del litigio.
La gestión de junio tampoco fue el primer intento de arreglo. CRF afirma que busca negociar con La Habana desde 2013, y el expediente judicial recoge una carta enviada ese año a Raúl Castro en la que ofrecía encabezar una reestructuración con otros acreedores. En 2018, un comité de tenedores presentó otra propuesta con un alivio “muy significativo”, pero la retiró ante la falta de respuesta cubana. La nueva oferta continúa formalmente abierta, aunque CRF advirtió que seguirá procurando sentencias y protegiendo judicialmente sus reclamaciones mientras La Habana no acepte una negociación.
