MIAMI, Estados Unidos ― El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba durante julio, la cifra mensual más alta de su registro. La ONG atribuyó el aumento a la combinación de tres colapsos del sistema eléctrico, apagones prolongados, escasez de agua y efectivo, inseguridad alimentaria y una respuesta represiva frente al creciente descontento.
La cifra general no equivale a 1.415 manifestaciones callejeras: el registro incluye también denuncias en medios independientes, videos, transmisiones en directo y comentarios críticos publicados con nombres y apellidos en redes sociales. El OCC clasificó 520 de las entradas como “desafíos al Estado policial”, una categoría que engloba acciones que, según la organización, pueden provocar represalias (72 de ellas fueron protestas presenciales).
Las movilizaciones en las calles constituyeron el segundo mayor registro mensual del OCC, después de las 107 contabilizadas en junio. La Habana concentró 64, mientras las otras ocho ocurrieron en Santiago de Cuba, Artemisa, Guantánamo y Cienfuegos. El Observatorio recogió alguna forma de protesta, denuncia o expresión crítica en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las protestas incluyeron cacerolazos, bloqueos de vías, quema de basura, interpretaciones del Himno Nacional y consignas como “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!”.
El principal detonante fue la crisis eléctrica. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) sufrió desconexiones totales los días 6, 10 y 14 de julio, mientras algunos barrios soportaron cortes de hasta 80 horas. La Unión Eléctrica confirmó los colapsos, ocurridos en medio de una disponibilidad de generación insuficiente, numerosas unidades termoeléctricas averiadas y más de un centenar de centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.
Las deficiencias de los servicios públicos generaron 320 entradas, otro máximo mensual dentro del “conflictómetro”. Después de la electricidad, las mayores quejas se concentraron en el abasto de agua y los servicios bancarios. En Colón, Matanzas, residentes denunciaron que algunas zonas acumulaban tres meses sin agua; en Luyanó, los cortes eléctricos impedían bombearla y los vecinos mantuvieron bloqueada una calle hasta que llegara un camión cisterna.
La falta de efectivo obligó a jubilados a llegar de madrugada o dormir sobre cartones frente a sucursales bancarias para intentar cobrar sus pensiones. Un reportaje de CubaNet documentó en Holguín a ancianos expuestos durante la noche a apagones, lluvias y robos, sin certeza de que al día siguiente hubiera electricidad, conexión o dinero disponible.
Las denuncias de actos represivos pasaron de 135 en junio a 219 en julio. El OCC registró detenciones de manifestantes, despliegues de policías y tropas especiales, golpizas y vigilancia sobre opositores, activistas y periodistas independientes, particularmente alrededor del aniversario de las protestas del 11J y de las actividades por el 4 de julio.
Solo después de una protesta en Luyanó fueron detenidos al menos 24 manifestantes, de acuerdo con una fuente de la Policía Nacional Revolucionaria citada por Diario de Cuba. El funcionario aseguró que la estación de Aguilera estaba sobrepasada y que varios arrestados serían trasladados a la prisión de Valle Grande. Al cierre de junio, Prisoners Defenders había documentado 1.306 presos políticos en Cuba, entre ellos 40 personas detenidas cuando eran menores de edad.
La alimentación, la inflación y la agricultura motivaron otras 130 entradas.
La inseguridad ciudadana acumuló 121 denuncias. El OCC atribuyó a la violencia social, criminal, de género e intrafamiliar al menos 40 muertes durante el mes; diez de las víctimas fueron mujeres y en 11 casos el informe identificó el lucro como móvil. También registró robos y asaltos contra viviendas, negocios, vehículos y fincas, además del tercer atraco en dos meses contra un banco o depósito de dinero.
El trabajo infantil y el aumento del consumo de drogas sobresalieron entre las denuncias agrupadas como “otros problemas sociales”. CubaNet documentó el caso de Vanessa García, una niña de 11 años que limpia viviendas para ayudar a su madre a comprar comida. Por su parte, Associated Press constató la expansión entre los jóvenes de “el químico”, una mezcla barata de cannabinoides sintéticos, y señaló que las atenciones de urgencia relacionadas con drogas casi se duplicaron en La Habana entre 2024 y 2025.
El OCC asentó 44 denuncias relacionadas con la salud pública, centradas en el deterioro hospitalario, la escasez de medicamentos, las demoras quirúrgicas y las peticiones ciudadanas de ayuda para conseguir tratamientos. El propio viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz reconoció en la televisión estatal que los indicadores sociales en la Isla “se han estado deteriorando” y admitió que más de 100.000 personas aguardaban una intervención quirúrgica.
En materia de vivienda, el informe contabilizó nueve protestas y denuncias por derrumbes, deterioro estructural, desalojos y falta de alternativas. Una docena de residentes de un edificio de Campanario y Neptuno, en Centro Habana, permaneció más de dos semanas durmiendo en la calle con sus muebles después de que las autoridades los desalojaran por riesgo de derrumbe sin ofrecerles otra vivienda.
El sacerdote Alberto Reyes Pías resumió el trasfondo político de las movilizaciones al advertir que los reclamos no se limitan a las carencias materiales. “Que quede muy claro, nuestro grito no es asistencial, es de cambio radical, es de fin de las cadenas, es de vida en libertad”.
