MIAMI, Estados Unidos – Miguel Díaz-Canel reconoció que parte de los obstáculos que frenan la producción y la economía cubana no proceden de Estados Unidos ni del embargo, sino de la burocracia, la lentitud institucional y decisiones aplazadas por el propio régimen, durante la clausura de un Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que aprobó un nuevo paquete de transformaciones económicas y sociales.
“Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora”, dijo el gobernante cubano.
La admisión, inusual por el peso que el discurso oficial suele colocar sobre el embargo estadounidense como explicación principal de la crisis, llegó después de una extensa intervención en la que Díaz-Canel volvió a responsabilizar a Washington por el deterioro económico del país, pero también defendió la necesidad de una agenda de emergencia para destrabar la producción, atraer inversión, modificar regulaciones y corregir políticas internas que no han dado resultados.
“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”, afirmó.
El Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC aprobó, según Granma, un conjunto de transformaciones para la vida económica y social del país compuesto por 23 ejes fundamentales y 176 propuestas. Las medidas fueron presentadas como una respuesta a la crisis económica, productiva, energética y social que atraviesa la Isla, aunque el discurso mantuvo intacto el marco político del sistema de partido único y la subordinación de las reformas a la continuidad del socialismo.
Díaz-Canel sostuvo que el Gobierno necesita poner en marcha “una agenda económica y social de emergencia” y advirtió que algunas medidas “no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables”. También prometió que cada decisión tendrá “un responsable con nombre y apellidos, un plazo definido, un indicador para medir su cumplimiento y una rendición de cuentas pública ante el país”.
Entre los puntos mencionados por el gobernante figuran la estabilización macroeconómica, la recuperación de ingresos externos, la transformación del modelo económico y social, el estímulo a la producción agrícola, el fortalecimiento de la contabilidad y la gestión de costos, y la mitigación de los impactos sociales de las reformas.
El paquete incluye cambios en la relación del Estado con las empresas, la inversión extranjera y el sector privado. Díaz-Canel dijo que la planificación central “no tendría la función de administrar la economía”, sino la de crear un entorno institucional y normativo que estimule a empresas y trabajadores a producir bienes y prestar servicios con eficiencia.
No obstante, el gobernante dejó claro que la empresa estatal socialista continuará siendo el eje del modelo. “Ningún cambio económico será suficiente si la Empresa Estatal Socialista, que seguirá siendo el pilar fundamental de la economía, no cuenta con verdadera capacidad para gestionar, innovar y responder por sus resultados”, señaló.
En comercio exterior, Díaz-Canel planteó autorizar la importación y exportación directa para empresas estatales y no estatales productivas, exportadoras o sustitutas de importaciones, “manteniendo requisitos técnicos y fiscales pero eliminando intermediación obligatoria”. También habló de conducir un proceso de canje de deuda por activos, “sin enajenar en perpetuidad la propiedad de los mismos”.
Para el sector privado, anunció la revisión de la lista de actividades prohibidas. “Vamos a revisar integralmente la lista de actividades prohibidas al sector privado, con un principio claro: sustituir, siempre que sea posible, la prohibición por una regulación responsable”, dijo.
En el área agrícola, el gobernante prometió ampliar la entrega de tierras en usufructo a productores, cooperativas, mipymes y formas asociativas. También afirmó que “se tendrán que acabar las tierras ociosas en Cuba” y que quien no produzca deberá entregar la tierra a quien sí esté dispuesto a hacerlo. Sin embargo, insistió en que la tierra seguirá siendo propiedad estatal.
Díaz-Canel también reconoció el fracaso de los topes de precios como herramienta general para contener la inflación. Según dijo, esa política provocó en la práctica desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menor recaudación fiscal y una distancia creciente entre los precios reales y las decisiones administrativas. “Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general”, afirmó.
El discurso incluyó además referencias a la reducción de pasos burocráticos, la revisión de funciones duplicadas, la autonomía municipal, la transformación digital, el turismo, los negocios inmobiliarios, la importación de combustibles, la importación de vehículos eléctricos y el impulso a la inversión extranjera directa.
La gravedad del escenario económico cubano ha sido reflejada también por organismos internacionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó para Cuba una caída del PIB real de 3,8% en 2025 y de 6,5% en 2026.
El paquete de propuestas llegará a la Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria convocada para este 18 de junio a las 2:00 p.m.
Aunque el régimen presenta las medidas como un giro urgente para superar la crisis, el propio discurso de Díaz-Canel revela el límite político de las reformas: cambiar procedimientos, regulaciones y mecanismos económicos sin abrir el sistema político ni renunciar al control estatal sobre los sectores estratégicos. “No vamos a negar los problemas. No vamos a defender la burocracia. No vamos a cerrarle la puerta al talento”, dijo el gobernante, antes de insistir en que el sufrimiento del pueblo cubano no será usado “contra la soberanía de la Patria”.
