LIMA, Perú — El gobernante Miguel Díaz-Canel utilizó este domingo el acto oficial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes para arremeter contra Estados Unidos y responder al informe del Departamento de Estado que señala al régimen cubano como un centro de promoción del radicalismo de izquierda.
Durante el discurso pronunciado en Pinar del Río, Díaz-Canel afirmó que en EE.UU. «está prohibido protestar contra las políticas del Estado que empobrecen a las mayorías mientras las élites de poder se enriquecen obscenamente», en una referencia directa a las acusaciones formuladas por Washington contra el castrismo.
El dictador cubano reaccionó al documento titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», presentado el pasado 20 de julio por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que acusa a La Habana de haber impulsado durante décadas redes de apoyo al izquierdismo radical dentro de EE.UU.
«Han declarado una guerra mundial contra las izquierdas y a Cuba como capital del comunismo en el siglo XXI», afirmó Díaz-Canel, citando el título del informe estadounidense.
El gobernante sostuvo que las acusaciones de Washington buscan desviar la atención de los problemas internos de EE.UU. y presentar a la Isla como responsable de conflictos sociales ajenos.
«Al acusar a Cuba no solo buscan un chivo expiatorio, un agente externo; buscan a quien culpar de la protesta de los sectores más golpeados por una economía que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres hasta límites insostenibles», declaró.
Díaz-Canel también acusó a la administración estadounidense de «criminalizar la protesta sin analizar sus causas» y afirmó que el objetivo sería encontrar «de forma oportunista una nueva excusa para sostener su genocida política contra Cuba que el mundo condena».
Las declaraciones del gobernante castrista se produjeron en medio de una escalada de medidas de Washington contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno de La Habana. Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo autorizó sanciones contra personas y organizaciones que apoyen materialmente al Estado cubano, participen en sectores estratégicos de la economía o sean responsables de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Bajo esa normativa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó en junio al mismo Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, Alejandro Castro Espín y otras personas, además de instituciones como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
Asimismo, el discurso del mandatario sobre la represión de protestas en Estados Unidos coincide paradójicamente con la realidad del pueblo cubano y la habitual respuesta de la dictadura castrista ante las manifestaciones en la Isla.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex registró durante junio de 2026 un total de 253 protestas y 319 eventos represivos en Cuba, la cifra mensual más alta desde que inició su monitoreo en 2022. Según la organización, las manifestaciones estuvieron relacionadas principalmente con los apagones prolongados, la falta de agua, el deterioro de los servicios públicos y la crisis económica.
Cubalex reportó que el 19 de junio se produjeron 31 protestas públicas en una sola jornada, también un récord dentro de su registro. En respuesta a estas movilizaciones, la organización documentó 608 incidentes de hostigamiento, incluidos 52 detenciones arbitrarias, 59 operativos policiales, 45 episodios de violencia o acoso y 41 amenazas o actos de coacción.
Al menos 254 personas resultaron afectadas por esas acciones, según el informe. La organización destacó que cerca de la mitad de los casos correspondió a ciudadanos sin vínculos conocidos con grupos opositores o activistas políticos, sino a personas que salieron a reclamar soluciones ante la crisis energética y económica.
El reporte también contabilizó al menos 95 víctimas de detenciones arbitrarias, entre ellas personas arrestadas tras protestas registradas en Santiago de Cuba, Santa Clara, Regla y el municipio habanero de Playa, donde una manifestación en el reparto Barbosa fue reprimida por fuerzas antimotines.
