MIAMI, Estados Unidos — El Tribunal Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordenó al Banco Nacional de Cuba (BNC) pagar 18 millones 123.883,28 libras esterlinas —unos 24,4 millones de dólares— a la firma de inversión CRF I Limited, al cuantificar los daños y las costas derivados de una reclamación por deuda cubana impagada.
La resolución fue dictada en Londres por el juez Andrew Baker el pasado 20 de julio y divulgada por CRF el pasado viernes.
“El demandado deberá pagar al demandante la suma total de 18.123.883,28 libras esterlinas (…) dentro de los 14 días siguientes a la notificación de esta orden”, estableció el tribunal.
La condena se produjo después de que Baker dictara el 10 de julio una sentencia en rebeldía contra el BNC, a partir de una solicitud presentada por CRF el 4 de junio. Los abogados del fondo pidieron posteriormente que los daños y las costas fueran calculados mediante un procedimiento escrito. El proyecto de esa solicitud fue entregado al banco cubano el 15 de julio, pero la institución no presentó alegaciones, según consta en la resolución.
La misma orden permitió al BNC solicitar, dentro de los siete días siguientes a su fecha, que la decisión fuera anulada, modificada o dejada sin efecto. El documento no indica si la entidad cubana ejerció esa facultad y establece que el plazo de 14 días para pagar comienza con la notificación formal de la resolución.
CRF destacó que, a diferencia de los pronunciamientos anteriores sobre su legitimidad como acreedor y la jurisdicción británica, el nuevo fallo fija por primera vez una cantidad concreta que el BNC debe pagar. “La sentencia más reciente representa un avance significativo. El Tribunal Mercantil inglés ha dictado sentencia contra el BNC y ha evaluado daños y costas por un total de 18.123.883,28 libras esterlinas”, afirmó David Charters, presidente de CRF.
La decisión no condena a la República de Cuba ni al Banco Central de Cuba. El único demandado que figura en la orden de 2026 es el BNC, institución que dejó de ejercer como banco central cuando en 1997 se creó el Banco Central de Cuba, que asumió parte de sus funciones.
El litigio tiene su origen en dos acuerdos financieros suscritos por el BNC en 1984, cuando todavía funcionaba como banco central: uno con Credit Lyonnais y otro con Istituto Bancario Italiano. Los documentos examinados por la justicia británica identificaron posiciones por 22,5 millones y 5,75 millones de marcos alemanes, respectivamente. La República de Cuba había garantizado el segundo acuerdo.
Los contratos, regidos por la legislación inglesa, permitían ceder los derechos de cobro con el consentimiento previo del BNC, que no podía negarse de manera injustificada. CRF, creada en 2009 para invertir en deuda cubana impagada, recibió en 2019 la cesión de las dos posiciones que estaban en manos de ICBC Standard Bank.
La jueza Sara Cockerill determinó en abril de 2023 que el BNC había consentido válidamente la transferencia de las deudas a CRF y que el fondo podía acogerse a las cláusulas que sometían los contratos a los tribunales ingleses. También concluyó que el banco no podía invocar inmunidad soberana frente a la reclamación. Sin embargo, estableció que el BNC carecía de capacidad para autorizar, en nombre de la República de Cuba, la cesión de la garantía estatal, por lo cual La Habana quedó fuera de la demanda.
El BNC había calificado a CRF de “fondo buitre” e intentó utilizar la naturaleza de su negocio como argumento contra la cesión. Cockerill consideró que invertir en deuda deteriorada no constituía por sí solo una razón válida para negar el consentimiento y señaló que no podía rechazarse a cualquier fondo que operara con ese tipo de activos.
El Tribunal de Apelaciones desestimó en noviembre de 2024 el recurso presentado por el BNC y mantuvo la validez de las cesiones. El banco trató entonces de llevar el caso ante la Corte Suprema británica, pero esa instancia denegó el 31 de marzo de 2025 el permiso para apelar al considerar que la solicitud no planteaba ningún punto de derecho defendible.
Las actuaciones anteriores se referían a dos deudas cuyo monto acumulado superaba los 70 millones de euros, de acuerdo con el resumen de la Corte Suprema. La orden monetaria más reciente no explica cómo se relacionan los 18,03 millones de libras concedidos por daños con el total reclamado en el litigio previo. CRF adelantó que continuará con sus restantes reclamaciones y buscará nuevas sentencias si resulta necesario.
Según Charters, el fondo envió el 22 de junio una propuesta directamente a Miguel Díaz-Canel para celebrar conversaciones confidenciales sobre posibles mecanismos de reestructuración, entre ellos instrumentos vinculados al crecimiento y canjes de deuda por participaciones empresariales. El comunicado de CRF sostiene que ni el Gobierno cubano ni el BNC respondieron. “Una resolución negociada sigue siendo posible, pero ahora requiere una interlocución seria y constructiva por parte de Cuba y el BNC”, afirmó la entidad, que aseguró que mantendrá abiertos tanto el ofrecimiento de diálogo como sus procedimientos judiciales.
