MADRID, España.- Cuba cuenta desde esta semana con una nueva Ley de Aduanas que redefine el funcionamiento y las atribuciones de la autoridad aduanera en el país. La norma quedó oficializada tras la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, su Reglamento (Decreto 134) y nueve resoluciones complementarias, que conforman el nuevo marco jurídico de la Aduana General de la República (AGR), en sustitución de una legislación vigente desde hace más de 30 años.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Aduana informó que las nuevas disposiciones buscan “modernizar los procedimientos”, “armonizar procesos” y ofrecer un servicio “más ágil, transparente y profesional”, en correspondencia con estándares de la Organización Mundial de Aduanas y con la Constitución de la República. El organismo aseguró que el objetivo es “perfeccionar institucionalmente” su labor de control en frontera y facilitar las operaciones de comercio exterior y de viajeros.
Según la información oficial, el Decreto-Ley 108 deroga un amplio conjunto de normativas dispersas y establece una “ley marco” que regula de forma integral el funcionamiento de la Aduana, incluyendo la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el reconocimiento del Operador Económico Autorizado y la informatización de trámites. Las autoridades aduaneras afirmaron que la norma permitirá una actuación “más ordenada, coherente y eficiente”.
Sin embargo, el texto legal también refuerza de manera significativa las facultades de control y coerción de la institución. El propio Decreto-Ley define entre las funciones de la Aduana la de garantizar no solo la protección de las fronteras económicas, sino también la “seguridad de la sociedad socialista”, formulación que la vincula explícitamente a los objetivos políticos del Estado.
La norma otorga amplias atribuciones para la retención, ocupación y decomiso de mercancías, valores y documentos, así como para el control de personas, equipajes y medios de transporte mediante inspecciones físicas, tecnológicas y radiológicas, sistemas de vigilancia y unidades caninas. Asimismo, faculta a la autoridad aduanera a impedir el acceso a áreas estériles o el abordaje de un pasajero que se niegue a someterse a los controles establecidos.
Aunque el discurso oficial insiste en la “facilitación del comercio” y en la transparencia de los procesos, la concentración de competencias en la jefatura de la Aduana y el carácter discrecional de muchas de sus decisiones despiertan preocupación entre viajeros y cubanos en el exterior, que desde hace años denuncian decomisos arbitrarios, multas desproporcionadas y falta de garantías efectivas para reclamar.
El vicejefe primero de la AGR, William Pérez, aseguró que la nueva legislación “mantiene los beneficios vigentes para las importaciones no comerciales de alimentos, aseo, medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas”, y que entrará en vigor 90 días después de su publicación, tras un período de “preparación y divulgación”.
No obstante, para amplios sectores de la sociedad civil, la llamada “modernización” de la Aduana se traduce, en la práctica, en un fortalecimiento del aparato de control estatal sobre el flujo de bienes que sostienen a miles de familias en medio de la crisis económica, con un marco legal que prioriza la seguridad y la recaudación sobre los derechos de los ciudadanos.
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