MIAMI, Estados Unidos ― La ONG Ciudadanía y Libertad aseguró este lunes que ya está en curso una revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno cubano (ADPC) todavía no anunciada públicamente. También trascendió que el Parlamento Europeo había llevado el asunto al pleno para una “evaluación urgente de la aplicabilidad” del acuerdo.
En una publicación sobre su agenda en Bruselas, Ciudadanía y Libertad informó que las activistas Amelia Calzadilla y Carolina Barrero habían sostenido reuniones con representantes del Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus siglas en inglés), la oficina de la representante especial de derechos humanos y representaciones permanentes de Estados miembros, con el propósito de impulsar “una revisión sustantiva” de la política europea hacia Cuba.
El 6 de mayo de 2025 la Eurocámara incluyó en su agenda plenaria un debate específico sobre “una evaluación urgente de la aplicabilidad” del acuerdo con el Gobierno cubano. En esa sesión, Kallas defendió mantener el marco de diálogo, aunque reconoció sus límites. “Este acuerdo aún no ha producido el tipo de cambio que queremos”, dijo. También sostuvo: “El Acuerdo no es una forma de ignorar nuestras diferencias; es una forma de abordarlas”.
La alta representante añadió que el instrumento seguía siendo, a juicio de Bruselas, la mejor vía para promover reformas, plantear objeciones sobre derechos humanos y defender intereses europeos.
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y el Gobierno cubano fue firmado el 12 de diciembre de 2016 y comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de noviembre de 2017. El propio texto establece que el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho constituye un “elemento esencial” del pacto. Su artículo 85 prevé la adopción de “medidas apropiadas” si una de las partes considera que la otra incumple sus obligaciones, y aclara que la suspensión sería una medida de último recurso. El artículo 86, por su parte, permite la terminación del acuerdo mediante notificación escrita, con efecto seis meses después.
No obstante, la documentación más reciente de la propia UE muestra, además, una contradicción que ha alimentado las críticas. En su informe oficial sobre derechos humanos y democracia en el mundo correspondiente a 2024, el EEAS describió la situación cubana como “motivo de seria preocupación”, afirmó que el Gobierno “no ha mostrado voluntad de liberalización política” y mencionó el encarcelamiento persistente de manifestantes pacíficos y activistas prodemocráticos, así como denuncias de hostigamiento, arrestos arbitrarios y restricciones de viaje.
Aun así, en el mismo documento el bloque de los 27 sostuvo que había mantenido con La Habana un diálogo “constructivo pero crítico” bajo el paraguas del acuerdo, y reportó la firma en 2024 de un paquete de 14 millones de euros para apoyar a las mipymes y a nuevos actores económicos.
La defensa oficial del acuerdo no ha impedido que Bruselas emita reproches puntuales al régimen. El 30 de abril de 2025, tras la revocación de la libertad condicional a José Daniel Ferrer y Félix Navarro, el EEAS declaró que la UE lamentaba “la decisión de las autoridades cubanas” y pidió liberar a “todas las personas detenidas por ejercer sus derechos a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”. En ese mismo texto, la UE dijo que seguiría vigilando la situación de los derechos humanos en Cuba y que usaría “todos los mecanismos establecidos” en línea con el acuerdo bilateral.
El Parlamento Europeo, sin embargo, ha empujado una línea bastante más dura. El 29 de febrero de 2024 aprobó una resolución sobre la “situación crítica en Cuba” en la que sostuvo que el ADPC había fracasado en su objetivo central de mejorar las libertades fundamentales en la Isla. En ese texto denunció el deterioro de la situación de derechos humanos, reclamó la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, pidió sanciones bajo el régimen global europeo de derechos humanos y reiteró su llamado a activar el artículo 85 del acuerdo, con la advertencia expresa de que esas violaciones deberían conducir a su suspensión.
La misma línea se mantuvo el 19 de septiembre de 2024, cuando el Parlamento aprobó otra resolución centrada en el caso de José Daniel Ferrer. Ahí volvió a reclamar sanciones contra los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos y reiteró “la posibilidad de activar la cláusula de suspensión” del acuerdo.
Más adelante, en un informe parlamentario publicado el pasado 26 de marzo sobre la gestión presupuestaria del Servicio Europeo de Acción Exterior, la Eurocámara deploró que el EEAS no hubiera realizado revisiones adecuadas de los acuerdos de cooperación con terceros países y dijo que ese fallo era “particularmente evidente” en el caso del acuerdo con Cuba. El texto sostuvo que, 10 años después de su firma, el pacto había fallado “en todas las áreas”, desde los derechos humanos hasta la seguridad europea, y reclamó activar el artículo 86 para terminarlo, además de examinar urgentemente todo el apoyo europeo concedido a Cuba desde 2016.
