Régimen inicia excarcelaciones: hasta ahora, ninguno de los indultados es preso político

MIAMI, Estados Unidos ― El Gobierno cubano anunció este jueves que pondría en libertad a 2.010 personas sancionadas mediante un indulto aprobado por el propio Ejecutivo. Un día después, periodistas de AFP y CNN constataron la salida de “una veintena” de detenidos de la prisión de La Lima, en La Habana, lo que indica que las excarcelaciones ya comenzaron. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no habían divulgado una lista oficial de beneficiados, ni sus expedientes, ni los delitos por los que fueron condenados.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), la medida se adoptó “como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley” y “en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República”. La formulación oficial dice, además, que “se decidió poner en libertad a 2.010 sancionados, a través de un indulto aprobado por el Gobierno de Cuba”.

La versión difundida por medios oficiales sostiene que el Gobierno presentó la medida como un “gesto solidario humanitario y soberano” que “partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”.

Las autoridades también detallaron, al menos de forma general, quiénes entrarían en el grupo beneficiado. Entre los excarcelados “aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”, según el comunicado oficial.

El mismo texto oficial precisa quiénes quedan fuera del indulto. No serán beneficiadas las personas que, según la nota, cometieron delitos de “agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad”, así como “reincidentes y multirreincidentes” y algunos sancionados que ya habían recibido antes un indulto y volvieron a delinquir.

La Habana presentó esta decisión como la segunda excarcelación del año y la vinculó de nuevo con la Semana Santa. De acuerdo con el comunicado oficial, “se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”. 

El Gobierno añadió que este es “el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas”.

Pero el punto más delicado sigue siendo la opacidad. La propia información oficial no incluye nombres, causas penales ni criterio verificable alguno para auditar el proceso. Esa falta de transparencia ya había sido denunciada tras la liberación de 51 personas anunciada por el Gobierno el 12 de marzo pasado, también en vísperas de la Semana Santa y en el contexto de contactos con el Vaticano. 

El Centro de Información Legal Cubalex advirtió entonces que no se había aclarado si se trataba de presos políticos o comunes, ni bajo qué figura legal se estaban produciendo las excarcelaciones. Más adelante, la ONG verificó al menos 21 presos políticos liberados en ese proceso y sostuvo que no se trataba de libertades plenas, sino del cumplimiento del resto de la sanción “bajo condiciones específicas”.

En enero de 2026, Amnistía Internacional afirmó que el proceso de liberaciones anunciado por las autoridades cubanas en 2025 estuvo marcado por “opacidad”, “ausencia de información pública”, “falta de criterios claros” y “condiciones arbitrarias”. La organización añadió que algunas de las personas liberadas en 2025 fueron forzadas al exilio, mientras otras regresaron a prisión.

Avance de las excarcelaciones (viernes 3 de abril)

Cubalex denunció el caso del preso político Lisandro Betancourt Escalona, de 63 años, quien desde la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”, calificó de arbitrario el reciente proceso de excarcelación mediante indulto anunciado por el régimen cubano el 2 de abril. Según la organización, su testimonio pone en duda la aplicación real de los criterios oficiales divulgados por las autoridades, entre ellos la edad y el estado de salud de las personas sancionadas.

De acuerdo con Cubalex, Betancourt Escalona aseguró que el proceso es “una farsa, una mentira más”, al considerar que han quedado fuera personas con condiciones médicas graves que, en teoría, debían estar entre los posibles beneficiarios del indulto. La organización subrayó que el preso político presenta un cuadro de salud severo y que, aun así, permanece encarcelado.

Según ese testimonio, en la prisión de Las Tunas solo han sido excarcelados seis reclusos a quienes ya les correspondía la libertad condicional y que, hasta ahora, no la habían recibido. Mientras tanto, añadió Cubalex, continúan en prisión personas con enfermedades crónicas y discapacidades severas, pese a encontrarse en condiciones críticas e incompatibles con el régimen penitenciario.

La organización describió la situación de Betancourt Escalona como “crítica y de alto riesgo”. Señaló que le faltan las manos y que padece múltiples enfermedades crónicas agravadas tras más de 30 años en prisión. Además, indicó que presenta parálisis total de la pierna izquierda, pérdida de visión en un ojo y graves daños en el otro, que atribuye a una agresión policial, sin haber recibido atención médica adecuada.

Cubalex informó asimismo que, ante esa situación, Betancourt Escalona inició una huelga de hambre en protesta por lo que considera un estado de desprotección y abandono institucional. Para la organización, este caso evidencia la distancia entre el discurso oficial sobre el carácter “humanitario” del indulto y la realidad de presos políticos con padecimientos severos que siguen excluidos del proceso, incluso cuando su vida corre grave riesgo.

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Cubalex denunció este viernes la “persistente falta de transparencia” en el proceso de excarcelación anunciado por el Gobierno cubano y advirtió que, como en ocasiones anteriores, las autoridades no han publicado “un listado oficial de las personas beneficiadas” ni han aclarado si la medida incluye a personas privadas de libertad por motivos políticos. 

La organización subrayó, además, que entre los delitos excluidos figuran los “delitos contra la autoridad”, y alertó que “esta opacidad no solo impide verificar el alcance real de la medida, sino que también encubre posibles exclusiones arbitrarias y refuerza la discrecionalidad con la que se gestionan estas decisiones”.

Según la información recibida por Cubalex desde cinco prisiones durante la mañana de este viernes, los beneficiados han sido, “en su mayoría, personas condenadas por delitos comunes que ya se encontraban en término de libertad condicional”. La organización indicó que continúa “monitoreando la evolución del proceso”, en un contexto en el que el régimen asegura que el indulto se fundamenta en criterios como “la buena conducta, el cumplimiento parcial de la sanción y el estado de salud”.

Cubalex recordó también que, de acuerdo con el artículo 93 del Código Penal, el indulto “solo extingue la sanción principal y no las sanciones accesorias, salvo que se disponga expresamente”. Tampoco implica, añadió, “la cancelación de los antecedentes penales ni la responsabilidad civil, a menos que tenga carácter definitivo y se establezca de forma explícita en la disposición correspondiente”. En ese sentido, la organización sostuvo que, históricamente, el uso del indulto en Cuba ha funcionado más como “una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia”.

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La actual se trata de la segunda excarcelación en lo que va de 2026, en un contexto de crisis y creciente presión internacional. Se presenta como “un gesto humanitario”, mientras cientos de personas continúan privadas de libertad por razones políticas, tras procesos sin garantías y marcados por la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. Esta realidad confirma que la prisión política sigue siendo una práctica sistemática en Cuba.

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Sin información pública, verificable y accesible, estas medidas carecen de garantías reales y responden más a intereses estratégicos que a un compromiso genuino con los derechos humanos.

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Poco antes de las 12:00 del mediodía de este viernes, Patrick Oppmann, corresponsal de la CNN en Cuba, informó en su cuenta de X: “En estos momentos se está procediendo a la puesta en libertad de presos de la prisión de La Lima, en las afueras de La Habana, en el marco de uno de los indultos más importantes de los últimos años, anunciado ayer por el Gobierno cubano”.

El periodista también aclaró: “Los presos con los que hablé habían cometido delitos no políticos, como robo a mano armada y estafa”.