MIAMI, Estados Unidos. – Una licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público de España fija en 2.300.000 euros el valor estimado y el presupuesto base para un contrato destinado a suministrar e instalar servidores y equipos de red con el fin de fortalecer la infraestructura tecnológica de la “Plataforma de Gobierno Electrónico” encabezada por la administración pública cubana.
El expediente, tramitado por la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), sitúa el proyecto dentro de “Cuba Digital” y precisa que está “financiado por la Unión Europea”.
El anuncio oficial de licitación, fechado como publicación el 18 de diciembre pasado, describe el objeto del contrato como la “contratación mixta para el suministro, entrega e instalación de servidores y equipos de red para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Plataforma de Gobierno Electrónico liderada por la administración pública cubana”.
En el pliego técnico asociado, FIAP detalla que el contrato busca dotar la infraestructura principal de “un nuevo Centro de Datos en Cuba”, que incluiría equipamiento “hardware (servidores de procesamiento, sistemas de almacenamiento de datos, electrónica de red y cableado)”, licencias de software y servicios como instalación, soporte inicial y formación.
El documento añade que todo ello está “destinado a reforzar la plataforma de Gobierno Electrónico en Cuba en el marco del proyecto de cooperación internacional ‘Cuba Digital NDICI LA/2022/44160’, financiado por la Unión Europea”.
El pliego también enmarca la operación en la estrategia oficial del Estado cubano. En ese sentido, indica que “el Gobierno de Cuba se encuentra inmerso en un proceso de transformación digital de su administración pública”, y sostiene que el proyecto “Cuba Digital” tiene como finalidad “apoyar al Estado cubano en la creación de capacidades e infraestructuras para el gobierno digital”.
Según el propio texto, el nuevo centro de datos “albergará las aplicaciones, servicios y datos necesarios para digitalizar procedimientos gubernamentales y ofrecer servicios en línea a la ciudadanía”.
FIAP, por su parte, presenta en su web un proyecto de cooperación de la Unión Europea en Cuba orientado a la “transición digital” de la administración pública. En esa ficha, la fundación indica que “la Unión Europea busca impulsar la transición digital de la administración pública cubana” y que el proyecto persigue fortalecer herramientas digitales para mejorar servicios públicos y eficiencia administrativa, además de incluir menciones a “inclusión”, “transparencia” y “participación ciudadana”.
En Cuba, la narrativa oficial sobre el gobierno digital incluye la plataforma Cubagob, la cual, según medios oficiales cubanos, se encuentra “en fase final de organización e institucionalización”. Su fin sería facilitar “la gestión de trámites y servicios gubernamentales en línea, con el uso de pago y firma digital y la interacción gobierno–ciudadano”.
No obstante, la licitación ha estado rodeada de polémica en medios independientes y redes sociales, donde internautas cubanos han preguntado qué implica, en la práctica, reforzar la “transformación digital” de un Estado de partido único con historial documentado de restricciones severas a libertades civiles, incluyendo el ecosistema informativo y el entorno digital.
Organizaciones internacionales han descrito a Cuba como un país “no libre” en evaluaciones sobre derechos políticos y libertades civiles, y han señalado represión de la crítica pública y el disenso.
Los documentos oficiales disponibles en la plataforma pública de contratación no detallan —al menos en los extractos consultados— qué entidades cubanas operarán directamente el centro de datos ni cómo se auditarán, en términos de derechos, los usos finales de esa capacidad tecnológica. Sí dejan claro, en cambio, que el proyecto se encuadra en un programa europeo identificado como “Cuba Digital NDICI LA/2022/44160” y que la licitación la impulsa FIAP desde España.
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