MIAMI, Estados Unidos. – Un amplio grupo de organizaciones cubanas envió este jueves una carta a Marianne Van Steen, jefa de División para México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), para exigir la revisión sustantiva y sustitución del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, así como la adopción de sanciones individuales bajo la Ley Magnitsky europea. La misiva responde a una comunicación del 24 de julio dirigida a la ONG Ciudadanía y Libertad en la que se defiende el ADPC en su forma actual.
Las organizaciones sostienen que los “avances” citados por el SEAE —como el incremento de contactos de alto nivel, el desarrollo parcial del sector privado, la aceptación limitada de recomendaciones en Naciones Unidas o excarcelaciones aisladas— “no constituyen mejoras estructurales en materia de derechos humanos, democracia o Estado de derecho” y, en realidad, son “concesiones tácticas y reversibles”. Añaden que la sociedad civil independiente sigue excluida, aumentan los presos políticos y se criminalizan libertades fundamentales.
El texto advierte que mantener un marco diplomático sin exigir reformas “desconecta a la Unión Europea de los ciudadanos cubanos” y “contribuye a perpetuar la impunidad”, por lo que pide medidas de responsabilidad internacional, incluidas sanciones individuales bajo la Ley Magnitsky a responsables de violaciones de derechos humanos y a conglomerados militares-empresariales que los sostienen.
La carta también afirma que esas estructuras han sido empleadas para ayudar a Rusia a evadir sanciones en Europa mediante acciones diplomáticas y de propaganda, y que el Estado cubano respaldó la maquinaria bélica rusa facilitando el traslado de al menos 7.000 combatientes cubanos, lo que —sostiene— refuerza la urgencia de una respuesta europea proporcional y coherente.
Como ejes de una política renovada hacia Cuba, las organizaciones proponen, primero, establecer parámetros claros, verificables y vinculantes de condicionalidad democrática, empezando por la liberación incondicional de todos los presos políticos y por el reconocimiento explícito de esa condición en la comunicación oficial europea. “El uso de expresiones ambiguas como ‘detenidos’ invisibiliza la naturaleza política de su encarcelamiento y corre el riesgo de convalidar el discurso oficial del régimen”. En segundo lugar, piden situar a las víctimas en el centro con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, incluidas sanciones Magnitsky a individuos y conglomerados; tercero, institucionalizar la participación de la sociedad civil independiente en el Diálogo de Derechos Humanos y en la cooperación; y, cuarto, reforzar la transparencia y el control del uso de fondos europeos para evitar su captura por estructuras afines al poder.
Para “llevar estas peticiones más allá de las palabras”, los firmantes solicitan una reunión presencial en Bruselas antes del próximo Consejo Conjunto UE–Cuba y se declaran dispuestos a facilitar expedientes completos sobre represores.
La misiva fue suscrita por organizaciones dentro y fuera de la Isla, entre ellas las Damas de Blanco (Berta Soler y Aymara Nieto), la Asociación Sindical Independiente de Cuba (Iván Hernández Carrillo), Archivo Cuba (María Werlau), Center for a Free Cuba (John Suárez), la Asamblea de la Resistencia Cubana (Orlando Gutiérrez-Boronat), Cuba Siglo 21 (Juan Antonio Blanco), el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (Ileana Álvarez), la Red Femenina de Cuba (Elena Larrinaga) y el Instituto Patmos (Yoaxis Marcheco), además de agrupaciones europeas y de la diáspora. Los firmantes subrayan que el apoyo es “amplio y sostenido”.
En el cierre, reiteran su disposición a colaborar con el SEAE y los Estados miembros y apelan a que la Unión Europea “se sitúe inequívocamente del lado de la ciudadanía cubana que arriesga su vida en defensa de la libertad, la democracia y la justicia”.
HAZ TU DONACIÓN AQUÍ
