MIAMI, Estados Unidos ― Un análisis publicado el 3 de abril por el investigador y periodista José Manuel González Rubines en Cuba x Cuba, sustentado en la base de datos del proyecto Archivo Cuba y en otros casos verificados de forma independiente, documentó al menos 67 muertes de jóvenes cubanos asociadas al Servicio Militar Activo (SMA) entre 2018 y comienzos de abril pasado.
El recuento sitúa el suicidio como la principal causa, con 27 casos, seguido de 16 muertes por negligencias graves, 14 por accidentes, cuatro por negación de atención médica, tres por asesinato y tres por causas desconocidas.
El dato devuelve al centro del debate un sistema que el propio Estado cubano define como obligatorio para los hombres. El Decreto-Ley 224 establece que “todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino” están obligados a cumplir el Servicio Militar a partir de los 18 años. Cada mes de diciembre, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) inscribe en el SMA a los adolescentes varones que al año siguiente arriban a los 16 años.
Al carácter obligatorio del SMA se suma la ausencia de una objeción de conciencia reconocida como derecho. En 2013, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los representantes oficiales del régimen cubano afirmaron que “no existía el derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar” y sostuvo que la defensa de los Estados era una obligación de los ciudadanos, aunque admitió alternativas al Servicio Militar y la exención de portar armas por motivos religiosos.
Además, el Código Penal cubano vigente sanciona con hasta un año de privación de libertad —o multa, o ambas— a quien eluda los trámites de incorporación al SMA o de la Reserva, y hasta dos años si media engaño.
Una resolución del Ministerio de Educación Superior (MES) dispone que los varones que deben cumplir el SMA y acceden a cursos diurnos de educación superior se rigen por los procedimientos establecidos por el MINFAR para el “ingreso de forma diferida” a la universidad. En el texto de Cuba x Cuba, dos exreclutas resumieron esa experiencia como una forma de encierro; uno de ellos dijo: “Sentíamos que estábamos presos ahí”.
El recuento independiente se apoya en la base de datos de Archivo Cuba, que esa organización describe como un “trabajo en progreso” de muertes y desapariciones, y por eso el número de 67 no aparece presentado como cifra cerrada.
González Rubines subrayó que al registro de Archivo Cuba se le añadieron “otros casos verificados de forma independiente”, un matiz importante en un país donde muchas muertes solo trascienden por denuncias familiares, publicaciones en redes sociales o reportes de medios independientes.
Dos de los episodios más visibles fueron reconocidos por medios oficiales. En agosto de 2022, Granma publicó la identidad de los 14 desaparecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, entre ellos varios soldados, y elevó a 16 la cifra total de fallecidos en ese siniestro. En enero de 2025, tras las explosiones en Melones, Holguín, el MINFAR informó la desaparición de 13 militares. Días después, Granma reportó que las investigaciones oficiales concluyeron que no existía “posibilidad alguna de vida en el lugar” y que los 13 combatientes habían fallecido. El artículo de Cuba x Cuba identifica a nueve de ellos como reclutas y a cuatro como oficiales.
El patrón no se limita a esos casos masivos. El Centro de Información Legal Cubalex sostuvo en diciembre de 2025 que su subregistro había documentado al menos 19 jóvenes muertos durante ese año mientras cumplían el SMA y denunció que esas muertes se dieron “sin protocolos adecuados de prevención, supervisión ni atención médica oportuna”. La ONG también afirmó que las familias que piden explicaciones suelen enfrentar silencio, falta de transparencia e intimidación.
