MADRID, España.- El Gobierno cubano asegura haber puesto en marcha el 89 % de las 176 transformaciones económicas y sociales anunciadas en junio pasado, en momentos en que intenta presentar el nuevo entramado de normas como una respuesta a la profunda crisis que atraviesa el país.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, citado por la prensa oficialista, afirmó este fin de semana que 158 de las 176 medidas están actualmente en proceso de implementación y que para respaldarlas se han emitido 197 normas jurídicas.
El dato oficial, sin embargo, mide el avance que el régimen atribuye a la instrumentación de las medidas y no sus resultados sobre la economía. El propio Marrero reconoció, al concluir un entrenamiento para presidentes de grupos empresariales y juntas de Gobierno, que todavía falta que los efectos de las transformaciones puedan ser percibidos por la población.
Según Marrero Cruz, ya existen cambios que permitirán aumentar las capacidades productivas y la oferta y, eventualmente, contribuir a reducir los precios y contener la inflación.
Las autoridades no presentaron en el balance indicadores que permitan determinar cuánto han aumentado hasta ahora la producción, la oferta o las exportaciones como consecuencia directa de las nuevas disposiciones.
El paquete está compuesto por 176 medidas agrupadas en 23 ejes y abarca desde el funcionamiento de la empresa estatal y el sector privado hasta la inversión extranjera, el comercio exterior, la agricultura, el turismo, la banca y la descentralización de determinadas competencias hacia los municipios.
La cifra anunciada ahora supone además un rápido incremento respecto a los balances anteriores del propio Gobierno. A finales de julio, Marrero aseguró ante la Asamblea Nacional que se habían implementado 110 transformaciones. Posteriormente, el Ejecutivo elevó el número y ahora lo sitúa en 158.
Entre las modificaciones que ya cuentan con respaldo legal se encuentran nuevas posibilidades de asociación entre empresas estatales y actores privados. También se permite transformar determinadas empresas estatales en sociedades mercantiles y captar capital privado cubano o extranjero.
Marrero ha insistido en que convertir una empresa estatal en una sociedad mercantil no significa privatizarla. El diseño oficial mantiene la propiedad estatal y pretende separar determinadas funciones de propiedad y gestión, al tiempo que busca incorporar otras fuentes de financiamiento.
Pese a las flexibilizaciones, las autoridades han reiterado que la empresa estatal socialista continuará ocupando el papel principal dentro del modelo económico.
¿Qué cambian realmente las reformas?
El paquete elimina algunas de las restricciones impuestas durante años por el propio sistema. Entre los cambios figura el reconocimiento de empresas privadas con más de 100 trabajadores, la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior sean socios de negocios privados en la Isla y de que una misma persona participe en más de una empresa.
También se flexibilizó la inversión extranjera. Determinadas empresas con capital foráneo pueden contratar directamente a trabajadores cubanos, sin tener que hacerlo obligatoriamente mediante las agencias empleadoras estatales que durante décadas intermediaron esas relaciones laborales.
Las nuevas reglas permiten asimismo, bajo determinadas condiciones, abrir cuentas bancarias en el extranjero sin autorización previa del Banco Central de Cuba, amplían la participación privada en algunas actividades turísticas y modifican procedimientos relacionados con las importaciones y exportaciones.
En el sector agrícola, el Gobierno ha abierto el usufructo de tierras estatales a mipymes y determinadas formas de inversión, además de eliminar límites de extensión y duración en algunos casos. La propiedad de esas tierras, sin embargo, continúa en manos del Estado.
El alcance de la apertura sigue condicionado por la estructura política y jurídica vigente. El economista cubano Pedro Monreal advirtió en junio que las 176 medidas no establecen un reconocimiento sustantivo de la propiedad privada como derecho, sino que mantienen buena parte de la actividad privada sujeta a autorizaciones y decisiones estatales.
Monreal señaló entonces que el documento oficial tampoco incorporaba garantías que considera esenciales para una expansión estable de la inversión privada, entre ellas mecanismos claros de protección de la propiedad, solución de disputas, arbitraje comercial, reclamaciones y compensaciones.
El Estado conserva facultades para determinar actividades autorizadas, regular operaciones bancarias y comerciales y establecer las condiciones de funcionamiento de los distintos actores económicos.
La reorganización de la empresa estatal ilustra esa contradicción. El Gobierno promete otorgarle mayor autonomía, pero el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales mantiene amplias atribuciones, entre ellas intervenir en estrategias empresariales, creación de compañías, inversiones, destino de utilidades y designación de altos directivos.
Las 176 medidas fueron presentadas en junio en medio de una crisis económica prolongada y sin que el Gobierno planteara modificar los fundamentos políticos del modelo.
