MIAMI, Estados Unidos ― El economista cubano Pedro Monreal advirtió que el paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobado por el Gobierno de la Isla excluye un eje específico para afrontar la emergencia humanitaria y tampoco incorpora la estabilización macroeconómica como prioridad.
En un análisis difundido en X la noche de este martes, señaló ambas ausencias entre las principales deficiencias del programa oficial.
Monreal considera que el diseño gubernamental parte de dos premisas problemáticas: una lógica productivista basada en el principio de “oferta primero” y una postura político-ideológica que evita reconocer una crisis humanitaria generalizada para preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo. A su juicio, el paquete debería contener un eje de “Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud” y otro de “Estabilización macroeconómica”.
La primera premisa, explicó, presupone que las liberalizaciones económicas conseguirán incrementar la producción de alimentos y generar recursos para el sistema sanitario con suficiente rapidez, de modo que no sea necesario aplicar desde el comienzo un programa masivo de alivio humanitario. El economista sostiene, sin embargo, que Cuba ya enfrenta una emergencia nutricional y que la inseguridad alimentaria debe tratarse como punto de partida de las reformas, no solamente como un posible efecto de la liberalización de precios.
Las 176 medidas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio y agrupadas en 23 ejes que abarcan, entre otros asuntos, la gestión de las empresas estatales y privadas, las relaciones de propiedad, la planificación, la energía, la agricultura, el sistema bancario, los precios, la inversión extranjera y la política social. El primer ministro del régimen, Manuel Marrero Cruz, presentó las reformas como un mecanismo para reactivar la economía, admitir una mayor participación del mercado y preservar el sistema socialista.
El paquete sí contiene medidas de protección social, aunque no las articula como una respuesta humanitaria inmediata. El eje ocho contempla registrar digitalmente a las personas “vulnerables”, crear módulos básicos mensuales, respaldar comedores y centros asistenciales, habilitar puntos de distribución y establecer fondos locales de emergencia. El eje nueve dispone sustituir los subsidios a productos por subsidios dirigidos a personas y crear un Fondo de Protección Social.
La objeción de Monreal se concentra en el diseño y el financiamiento de ese fondo, correspondiente a la medida 71. El documento oficial establece que debe existir antes de aplicar las transformaciones, pero prevé nutrirlo con parte del ahorro que produzca posteriormente la eliminación de los subsidios a productos. Para el economista, esa secuencia hace difícil que el mecanismo esté operativo antes del ajuste y el programa tampoco precisa el alcance de su cobertura.
Marrero informó el 29 de julio que las autoridades habían identificado a 876.522 personas en una situación de mayor vulnerabilidad y anunció la activación del trámite digital para solicitar protección social. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puso en funcionamiento el servicio el 3 de agosto mediante la plataforma Soberanía, pero esos anuncios no incluyeron una estimación pública de la cobertura financiera del fondo.
El análisis de Monreal retoma una propuesta publicada el 17 de agosto por los economistas Julio Carranza Valdés y Luis Gutiérrez Urdaneta. Ambos plantearon que, ante un mayor deterioro social, el Gobierno debería considerar medidas temporales excepcionales para proteger a la mayoría de la población. Sus propuestas incluyen negociar compras estatales de alimentos a importadores privados; distribuirlos de manera racionada y a precios asequibles entre personas vulnerables; garantizar a las empresas el acceso inmediato a divisas; aumentar con participación privada la producción de aceite, huevos, carne y cultivos de ciclo corto; restablecer la operatividad del sistema bancario y cambiario; y buscar inversiones, créditos, tecnologías y mercados internacionales.
Los autores aclararon que no consideran inminente un estado de emergencia nacional, aunque sostuvieron que ese escenario no puede descartarse si continúan agravándose la escasez de alimentos, la crisis energética, las dificultades con el suministro de agua y la inflación. “La protección de la población es deber primerísimo de un gobierno y gobernar es prever”, señalaron.
Monreal también forma parte de Cuba Transformación, una propuesta elaborada junto con Mauricio de Miranda, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal. A diferencia del paquete gubernamental, el proyecto organiza el proceso en tres fases: estabilización y medidas de emergencia; recuperación productiva e institucional; y una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo. Sus autores han precisado que el documento no constituye una respuesta directa a las 176 medidas, sino una propuesta independiente basada en prioridades, secuencias y coherencia macroeconómica.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios describió en mayo la situación cubana como una emergencia sostenida y multifacética que debilita servicios esenciales, con especial impacto sobre el sistema sanitario. Monreal atribuyó el detonante inmediato de ese deterioro a las restricciones estadounidenses al suministro de combustible, pero sostuvo que estas actuaron sobre vulnerabilidades económicas y sociales preexistentes.
