MADRID, España.- La Fiscalía de la provincia de Las Tunas ha solicitado penas de entre seis y nueve años de prisión contra ocho ciudadanos cubanos acusados de expresar opiniones políticas en redes sociales, según denunció el Centro de Asesoría Legal Cubalex. Los procesados enfrentan el cargo de «propaganda contra el orden constitucional», una figura recogida en el artículo 124 del vigente Código Penal.
De acuerdo con la denuncia, los hechos imputados se basan en publicaciones, comentarios, transmisiones en vivo y videos difundidos en plataformas digitales, fundamentalmente Facebook. La acusación no describe actos de violencia ni llamados explícitos al uso de la fuerza, sino expresiones críticas hacia el sistema político cubano, valoradas por la Fiscalía como una amenaza al orden constitucional.
Los ocho ciudadanos permanecen en prisión provisional desde marzo y abril de 2024 en la Prisión Provincial de Las Tunas. El proceso judicial está radicado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, una instancia que concentra este tipo de causas consideradas sensibles por el régimen.
Cubalex advierte que el expediente fiscal incluye apreciaciones sobre la conducta social, el entorno personal y la posición ideológica de los acusados como elementos agravantes, lo que, a juicio de la organización, evidencia una utilización del derecho penal para sancionar ideas y no conductas delictivas concretas. También señala irregularidades procesales, entre ellas la falta de claridad en los hechos imputados, limitaciones en el acceso a las pruebas y la prolongación injustificada de la prisión preventiva.
Entre los procesados se encuentra Carlos Alberto McDonald Ennis, de 52 años, cuyo estado de salud ha generado especial preocupación. Padece varias enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y un tumor maligno, sin que haya recibido atención médica adecuada durante su reclusión.
Cubalex sostiene que estos casos se inscriben en un patrón sistemático de criminalización del disenso en Cuba, donde las autoridades recurren a tipos penales amplios y ambiguos para castigar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en el espacio digital.
La organización anunció que continuará documentando el proceso y denunciando posibles violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos.
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