LIMA, Perú – Los juicios contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, concluyeron hace días en la Isla dejando más preguntas que respuestas.
Este sábado el periodista Mario J. Pentón desde Martí Noticias ofreció nuevos detalles sobre una de las interrogantes que rondaron al proceso desde que el régimen hiciera públicas las acusaciones: el cargo de espionaje imputado a Gil Fernández.
En conversaciones con la hermana del exministro, María Victoria Gil Fernández, la cubana reveló que el régimen lo acusa de espiar para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida popularmente como CIA (por sus siglas en inglés).
Una fuente cercana al caso que María Victoria describe como “fidedigna” filtró la información que hasta ahora el castrismo había mantenido en secreto.
“Alejandro Miguel Gil Fernández niega categóricamente todos y cada uno de los hechos vinculados con el espionaje (…) Lo niega rotundamente punto por punto desde el inicio de las investigaciones”, subrayó la exconductora de televisión.
Asimismo, la cubana residente en España reconoció en la entrevista los conflictos entre Gil Fernández y el actual primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, a quién reconoció como una de las figuras principales en la caída en desgracia de su hermano.
“Marrero es la persona que ha estado delante y detrás de todo este proceso contra Alejandro Gil. De alguna manera pienso que también ha sido un ensañamiento. Los delitos económicos que se le imputan a mi hermano (…) Marrero los ha cometido cinco veces más”, destacó María Victoria.
El régimen cubano anunció en marzo de 2024 el inicio de una investigación contra el exministro de Economía por “graves errores cometidos” durante su gestión.
A finales de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó haber presentado la acción penal y el expediente del caso al Tribunal Supremo Popular (TSP). La FGR señaló entonces: “Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”, indicó la entidad.
Por su parte, el TSP aseguró que “en cumplimiento del debido proceso”, los abogados y el acusado habrían tenido “acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía”. Sin embargo, al invocar “razones de seguridad nacional”, la autoridad judicial restringió el acceso a “las partes y las personas autorizadas por el Tribunal”, lo que excluye a la ciudadanía y a la prensa salvo autorización expresa.
La posición de la familia del exministro ha sido pedir máxima transparencia. Antes que iniciaran los juicios, la hija de Alejandro Gil reclamó un proceso abierto: “Me sumo al llamado popular de que el juicio sea público, televisado, con libre acceso a la prensa internacional e independiente”. Y adelantó que su padre no se declararía culpable: “No reconocerá ‘bajo ninguna circunstancia’ ningún delito; defenderá cada una de sus actuaciones, y con pruebas”.
HAZ TU DONACIÓN AQUÍ
