MIAMI, Estados Unidos — El ex teniente coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, expiloto de la Fuerza Aérea cubana, se declaró no culpable este martes en una corte federal de Miami del cargo de conspiración para matar a nacionales estadounidenses, dentro del proceso abierto en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
Durante la audiencia, celebrada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, la Fiscalía informó que el cargo contra González-Pardo Rodríguez podría conllevar una condena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares, de acuerdo con el reporte desde la corte de Telemundo 51.
González-Pardo Rodríguez, de 65 años, compareció por primera vez en Miami en este caso después de haber sido condenado recientemente en Jacksonville por un expediente migratorio relacionado con declaraciones falsas sobre su pasado militar en Cuba. En la vista, respondió preguntas de la jueza sobre su situación económica y dijo que no trabaja desde que fue detenido hace aproximadamente nueve meses, que no tiene ingresos y que tampoco posee ahorros significativos, por lo que el tribunal determinó que calificaba para recibir representación legal financiada por el Estado.
La corte le asignó como defensor de oficio a Juan Michelin, quien no ofreció declaraciones ante las cámaras tras la audiencia, aunque indicó a Telemundo 51 que sostendría un primer encuentro con su cliente este miércoles. La Fiscalía pidió que el acusado permaneciera detenido mientras avanza el proceso, condición aceptada por la defensa. González-Pardo Rodríguez continuará bajo custodia federal.
El abogado Alfredo Izaguirre, quien no está vinculado a la defensa ni a la Fiscalía, explicó a Telemundo 51 que una declaración de no culpabilidad es habitual en esta fase inicial del proceso. “Siempre que un acusado va a la corte por primera vez, el abogado lo declara no culpable y dice que va a ir a juicio”.
La acusación divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentada el 23 de abril pasado y hecha pública el 20 de mayo. El pliego incluye a Raúl Castro Ruz, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
En el cargo 1, la acusación imputa a los seis acusados una conspiración para matar a nacionales estadounidenses fuera del territorio de Estados Unidos. El documento sostiene que el objetivo de la conspiración era derribar aeronaves de Hermanos al Rescate usando información proporcionada por espías en Miami, con el propósito de “aterrorizar, intimidar y tomar represalias contra el pueblo cubano y la comunidad del exilio cubano”.
La acusación federal no atribuye a González-Pardo Rodríguez los cargos de asesinato ni destrucción de aeronaves que aparecen en los cargos 2 al 7 del expediente. Esos cargos están formulados contra Raúl Castro Ruz y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, a quienes el Departamento de Justicia identifica como los principales responsables en la cadena de mando y en el ataque directo contra las aeronaves civiles.
Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios sobre el estrecho de Florida para buscar migrantes cubanos en peligro. La Fiscalía alega que, desde inicios de la década de 1990, agentes de inteligencia cubanos infiltraron la organización y transmitieron información sobre sus vuelos al Gobierno cubano.
El pliego judicial indica que, en enero de 1996, militares cubanos realizaron entrenamientos para localizar, seguir, perseguir e interceptar aeronaves civiles pequeñas cerca de la costa cubana. También sostiene que, el 24 de febrero de 1996, tres aeronaves civiles no armadas de Hermanos al Rescate despegaron desde el sur de Florida y volaron hacia el sur del paralelo 24.
De acuerdo con la acusación, las aeronaves con matrículas N2456S y N5485S fueron derribadas con misiles aire-aire disparados por aviones militares cubanos mientras volaban sobre aguas internacionales. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
El documento judicial sostiene que González-Pardo Rodríguez estaba en un MiG 4 listo para despegar cuando fueron derribadas las dos primeras aeronaves, escuchó por radio las solicitudes de autorización para destruir los aviones civiles y las confirmaciones de que habían sido destruidos, y luego despegó junto a otros pilotos para sumarse a la persecución de una tercera aeronave de Hermanos al Rescate, matrícula N2506, que logró escapar.
Al anunciar la acusación en mayo, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, afirmó que el paso del tiempo no debilitaba el caso. “El paso del tiempo no borra un asesinato. No disminuye el valor de estas vidas. Y no debilita nuestro compromiso con el Estado de derecho”, dijo.
González-Pardo Rodríguez ya había sido acusado en noviembre de 2025 en el Distrito Medio de Florida por fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, además de hacer declaraciones falsas a una agencia federal. En ese expediente, la Fiscalía sostuvo que el expiloto presentó o hizo presentar una solicitud migratoria I-485 con información falsa ante el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La acusación migratoria indica que González-Pardo Rodríguez omitió su membresía anterior en la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba entre 1980 y 2009. También alega que declaró falsamente no haber recibido entrenamiento militar o con armas, no haber participado en grupos que usaran o amenazaran con usar armas, y no haber servido en una unidad militar o policial.
El derribo de las avionetas fue condenado en 1996 por el Consejo de Seguridad de la ONU, que deploró el ataque de la Fuerza Aérea cubana contra dos aeronaves civiles y pidió una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En su Resolución 1067, el Consejo respaldó las conclusiones de la OACI y señaló que el derribo ilícito violó el principio de que los Estados deben abstenerse de usar armas contra aeronaves civiles en vuelo.
