La medida, añadieron esas fuentes, es resultado de un acuerdo con Podemos y de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, y “retoma el mandato” de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas. RTVE.es señaló que la toma en consideración de esa ILP fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y 33 en contra, con el rechazo de Vox).
De acuerdo con el medio español, el anuncio se produjo minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantara el acuerdo con el PSOE, con el propósito de regularizar “a en torno medio millón de personas”, que podrán beneficiarse de la medida hasta el 30 de junio. Montero precisó que “tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”. Según la información difundida, esa residencia podría acreditarse con empadronamiento u otros medios como “un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero”.
Por su parte, la agencia EFE precisó que, al presentar la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. La admisión a trámite, además, “dará una autorización de residencia provisional” que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
En la argumentación oficial, el Ministerio sostuvo que, con este real decreto, España “refuerza” una política migratoria “basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”. RTVE.es subrayó también que, al tramitarse como real decreto, el Gobierno no requiere convalidación parlamentaria —a diferencia de los reales decretos-ley—, y que esta vía busca sortear la falta de apoyos en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a medidas previas. Sumar, por su parte, valoró la iniciativa como un paso “a una sociedad más justa y democrática”.
Podemos calificó el paso como una medida “urgente y de justicia social” y sostuvo que reconoce derechos de cientos de miles de personas que “viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista”, según RTVE.es.
Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la iniciativa y afirmó en X: “Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. Vox también cargó contra la medida: “El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión”, escribió Santiago Abascal.
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