MIAMI, Estados Unidos. – Senadores del Partido Popular (PP) registraron en el Senado una batería de preguntas al Gobierno para exigir información sobre las gestiones diplomáticas dirigidas a lograr la entrega a España de Martiño Ramos Soto, el profesor condenado a 13 años y medio de prisión por abuso y violación continuada de una alumna menor de edad y detenido en La Habana.
En el documento parlamentario, los firmantes —entre ellos Rosa María Sánchez Gándara, Francisco José Fernández Pérez y María del Carmen Leyte Coello, senadores electos por Ourense— preguntan: “¿Qué gestiones diplomáticas está realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar su extradición o vuelta a España?”. También piden conocer “¿cuáles son las dificultades que prevé el Ministerio de Asuntos Exteriores pueden obstaculizar o demorar su entrega por parte de las autoridades cubanas?” y “¿qué medidas está adoptando el Ministerio de Asuntos Exteriores para asegurar la entrega a las autoridades españolas a la mayor brevedad posible para el cumplimiento íntegro de la condena impuesta?”.
Ramos Soto fue detenido en La Habana el 24 de noviembre pasado. Su caso reabrió el debate sobre la viabilidad de una extradición en ausencia de un acuerdo específico entre España y Cuba. El Gobierno español solicitó formalmente la extradición, aunque el trámite puede ser complejo porque ambos países “no cuentan con un acuerdo específico”, según un reporte de RTVE basado en notas de agencia. En la misma línea, EFE señaló que “parecía” haber “disposición por parte de los dos países por facilitar su traslado a España, aunque no hay vigente un acuerdo de extradición”.
Para el PP, en el proceso ha habido un fallo previo de control en España. En su pregunta escrita, los senadores subrayan que “la falta de medidas” para evitar la fuga de Ramos Soto de España ha generado “una gran alarma social por los hechos objeto de su condena” y sostienen que el caso “evidenció el fracaso de todos los sistemas de control ante su extrema gravedad, tanto por la concurrencia de violencia como por la minoría de edad de la víctima”.
El diario gallego La Región vinculó esta presión parlamentaria con la falta de detalles públicos sobre el proceso y reportó que Ramos Soto “continúa detenido en Cuba a la espera de que se resuelva su posible traslado a España”. Además, detalló que el prófugo “no reclamó por el momento ayuda consular” y que buscaba asistencia legal en la Isla. El medio citó al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien declaró: “Confiamos en que en los próximos días lo tengamos en España cumpliendo la pena a la que fue condenado de forma firme”.
Ramos Soto fue condenado en 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense y el Tribunal Supremo ratificó la condena en 2025, con una pena de “13 años y medio de prisión”. Tras confirmarse su sentencia, huyó “usando su propio pasaporte” en una ruta que pasó por “Portugal, Brasil y Perú” hasta llegar a Cuba.
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