MIAMI.- Ante el creciente descontento de la población y el incremento de las protestas en La Habana y otras ciudades y pueblos del país, el régimen castrocomunista continúa deteniendo y encacelando a cubanos que solo exigen libertad, corriente eléctrica y adecuadas condiciones de vida.
El presidio político no es una desviación ni un exceso ocasional del sistema cubano: es uno de sus instrumentos fundacionales y preferidos para infundir terror a la oposición y al pueblo en general. Muchos cubanos combatieron la dictadura de Fulgencio Batista con la esperanza de restablecer la Constitución de 1940, celebrar elecciones libres y recuperar los derechos fundamentales. Sin embargo, después de 1959, la promesa de una «revolución democrática y humanista» fue sustituida por tribunales sin garantías, fusilamientos, confiscaciones, partido único y largas condenas contra quienes se opusieron al rumbo comunista. Human Rights Watch recoge estimaciones de unos 2.000 ejecutados para comienzos de 1961 y recuerda que el propio Fidel Castro reconoció en 1965 la existencia de 20.000 presos políticos.
Desde entonces, el número de prisioneros ha subido y bajado según las necesidades políticas del régimen, no porque hayan desaparecido las causas de la represión. En 1978, el Gobierno admitía aproximadamente 4.500 presos políticos y anunció la liberación de 3.600 tras el llamado «diálogo» con cierta parte del exilio. En 1998, después de la visita de Juan Pablo II, excarceló a unos 300 reclusos, incluidos algunos detenidos por motivos políticos. En 2003 volvió a llenar las cárceles durante la Primavera Negra, cuando 75 opositores, periodistas y defensores de derechos humanos recibimos largas condenas; entre 2010 y 2011, los 52 integrantes del grupo que aún permaneciamos presos fuimos excarcelados tras la mediación de la Iglesia católica y del Gobierno español.
El ciclo ha continuado hasta nuestros días. En enero de 2025, nuevas excarcelaciones negociadas con el Vaticano produjeron excarcelaciones de reclusos comunes y políticos. Pero no fueron liberaciones plenas: muchos quedamos bajo medidas revocables, sometidos a vigilancia, amenazas y posibilidad de reingreso. Algunos fuimos encarcelados nuevamente. El mecanismo es conocido: el régimen libera prisioneros para obtener concesiones o disminuir la presión internacional y vuelve a llenar las cárceles cuando aumentan el descontento, las protestas y las demandas de democracia.
El 11 de julio de 2021 abrió la etapa más reciente y masiva. Miles de cubanos salimos a las calles reclamando libertad, alimentos, medicinas y el fin de la dictadura. La respuesta fue una oleada de detenciones, juicios ejemplarizantes y condenas desproporcionadas. Al cierre de junio de 2026, Prisoners Defenders documentaba 1.306 prisioneros políticos, incluidos 40 detenidos siendo menores de edad. No son números abstractos: son familias muy afectadas, niños separados de sus padres y seres humanos sometidos a un sistema penitenciario concebido para quebrar cuerpos y voluntades.
Para muchos esta ha sido la prisión más cruel. Las denuncias describen hambre extrema, desnutrición, alimentos escasos, ácidos o descompuestos, agua insegura, hacinamiento, suciedad, chinches, mosquitos, roedores, sarna, tuberculosis y otras enfermedades contagiosas.
A ello se agregan las golpizas, las torturas físicas y psicológicas, el aislamiento prolongado, las provocaciones y agresiones mediante presos comunes y la negación deliberada de asistencia médica. Un informe publicado en abril de 2026 estimó que las raciones documentadas en varias prisiones aportaban entre 250 y 353 calorías diarias e identificó a 447 prisioneros políticos con enfermedades graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión. Cubalex registró al menos 39 muertes bajo custodia estatal durante el primer semestre de 2026, cuatro de ellas de presos políticos.
Según Prisoners Defenders, seis manifestantes del 11J han muerto desde 2023 bajo custodia o en circunstancias relacionadas directamente con su encarcelamiento: Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, Luis Miguel Oña y Ernesto Brieva Sempé. Sus muertes constituyen una acusación contra un Estado que controla completamente la alimentación, la higiene y la atención médica de cada recluso, pero se niega a permitir una supervisión penitenciaria independiente.
En medio de esta tragedia, Cuba conserva ejemplos extraordinarios de dignidad. Félix Navarro, reconocido preso de conciencia y encarcelado por tercera vez por razones políticas, fue golpeado en abril de 2026 y enviado a una celda de castigo. Su hija, Saylí Navarro, también prisionera de conciencia, fue castigada por denunciar la agresión sufrida por su padre. Ambos rechazaron el destierro como precio de su libertad y continúan firmes, demostrando que la prisión puede encadenar el cuerpo, pero no necesariamente la conciencia.
Roilán Álvarez Rensoler representa otro caso de preso político en peligro extremo. Después de ser golpeado por autoridades penitenciarias por negarse a vestir el uniforme reglamentario, inició una nueva huelga de hambre y fue trasladado a una celda de castigo. Durante una huelga anterior sufrió graves complicaciones renales y un paro cardiorrespiratorio que obligó a reanimarlo. Al acercarse nuevamente a las dos semanas sin ingerir alimentos, su vida corre gravísimo riesgo.
También resisten Lisandra Góngora, madre de cinco hijos, condenada a 14 años y confinada en una celda de castigo en la prisión Los Colonos, lejos de su familia; Alexander Verdecia Rodríguez, cuatro veces prisionero político, actualmente en la prisión Kilo 8 en Camagüey, Jorge Reinier Arias García, condenado a 12 años por encabezar la protesta del 11J en Palma Soriano y golpeado durante su encarcelamiento, entre otros que resisten con un valor increíble en las peores prisiones que haya conocido el hemisferio occidental.
Ellos encarnan la moral del presidio político cubano: hombres y mujeres que, aun debilitados por el hambre, la enfermedad, el aislamiento y la tortura, se niegan a claudicar. Esa firmeza debe ser conocida, acompañada y admirada por todos los cubanos amantes de la libertad y la democracia. Apoyarlos significa denunciar cada abuso, sostener a sus familias y exigir su liberación inmediata e incondicional. Ninguna nación puede considerarse libre mientras sus mejores hijos estén encarcelados por defender la libertad y la dignidad humana.
